El presidente Mauricio Macri anunciará hoy el envío al Congreso de un paquete de reforma política, que tendrá como componente central la implementación de la Boleta Unica Electrónica, el mismo método de votación que ya se utiliza en Salta y la ciudad de Buenos Aires. Las iniciativas estaban ayer siendo revisadas en los despachos de la Secretaría Legal y Técnica antes de remitirse a la Cámara de Diputados. La idea original apuntaba también a transformar la actual Dirección Nacional Electoral y a reordenar el calendario de elecciones, cuestiones que fueron descartadas por resistencias de la Justicia y algunos gobernadores. Además, fuentes de Cambiemos afirmaron que “por falta de consenso” se dio marcha atrás con la posibilidad de transformar en optativas las primarias. Se prohiben las listas colectoras y las candidaturas múltiples y se establece la obligatoriedad de los debates presidenciales.

Minutos antes de trasladarse al Sanatorio Agote para operarse de la rodilla, Macri hará el anuncio oficial de la reforma política en el Centro Cultural Kirchner. El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, encebezó la redacción de la iniciativa, que comenzó a trabajarse a principios de año y que finalmente llegará a Diputados como un paquete de tres proyectos. Desde enero mantuvo reuniones con académicos, magistrados, apoderados de partidos políticos y diputados y senadores de los distintos bloques. Producto precisamente de ese ida y vuelta, el texto que llegará finalmente al Congreso será bastante menos ambicioso.

“El proyecto que va al Congreso es un proyecto de consenso”, aseguraron en el ministerio del Interior al ser consultados por la capacidad de juntar el número de votos necesario para aprobarlo. Al tratarse de materia electoral, la Constitución establece una mayoría calificada: la mitad más uno de los miembros totales de cada Cámara. En Diputados 129 y en el Senado 37. Si bien en el debate legislativo podrán incorporarse cambios, la idea del oficialismo es tener el paquete aprobado “lo antes posible”, sobre todo por la necesidad de procesar la implementación y comenzar a diseñar campañas de información para los votantes.

El PRO ya tuvo un antecedente complicado en la ciudad de Buenos Aires cuando tuvo que suspender la aplicación de la BUE en las primarias porque no llegó con los plazos y recién las pudo implementar en las generales. Especialistas en seguridad informática advirtieron sobre posibles vulnerabilidades de este sistema, que resulta mucho menos accesible para su fiscalización por la necesidad de conocimientos técnicos. Dirigentes del FpV señalaron también que la contratación de una empresa privada (en Salta y CABA se contrató a Magic Software Argentina MSA) para confección de las máquinas de votación y el desarrollo del software implicará una “tercerización del proceso electoral”. “El nuevo sistema de emisión de sufragio implica mayor equidad y transparencia para todos los actores involucrados, a la vez que agiliza el proceso de recuento y transmisión de resultados”, sostiene en cambio el documento elaborado por el oficialismo.

Por otro lado se apuntará a “ordenar la oferta” al restringir el uso de colectoras y de listas múltiples. La modificación que sí sufrirán las PASO no tiene que ver con la obligatoriedad sino con la posibilidad de votar en frentes distintos, según la categoría. Por ejemplo, no se podría elegir entre los candidatos del FpV para la categoría Presidente y los candidatos a diputados de Cambiemos o del Frente Renovador. El elector deberá elegir un espacio político y optar por los distintos candidatos que se presentan en los distintos niveles pero siempre dentro de ese espacio.

Otra de las iniciativas del paquete es la regulación de las transiciones presidenciales, estableciéndose obligaciones de recopilar y entregar información para el gobierno saliente, en cabeza del jefe de Gabinete.

Para una segunda etapa, previa a 2019, quedará la reforma del órgano electoral. Actualmente el proceso se lleva adelante por parte de los partidos políticos, la Dirección Nacional Electoral, dependiente del ministerio de Justicia, y la Cámara Nacional Electoral y los magistrados de primera instancia con competencia electoral. El objetivo será crear un instituto nacional electoral autónomo que absorba atribuciones del Ejecutivo y la Justicia. No habrá una reforma de fondo de la ley de financiamiento de los partidos políticos, pero sí se va a fortalecer el control, elevando de 7 a 24 los auditores contables de los partidos.

El Presidente había planteado la necesidad de reducir la cantidad de veces que la ciudadanía concurre a votar en los años electorales, pero esa pretensión chocó con algunas constituciones provinciales y sobre todo, con los intereses de muchos gobernadores, quienes defienden su facultad de fijar su calendario electoral.