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Los policías enviados por el juez Claudio Bonadio allanaron el jueves, en Santa Cruz, propiedades de la familia Kirchner, la mayoría de ellas ya allanadas antes más de una vez. La documentación que se buscó para el expediente Los Sauces, que en gran parte ya está en la causa Hotesur, pudo haberse pedido con un simple escrito. Y, lo más grave de todo, Bonadio concretó los allanamientos para producir ruido mediático porque sabe que el martes próximo la Sala I de la Cámara Federal podría apartarlo dado que Los Sauces es una causa armada. Se trata de una grotesca forma que se encontró para eludir una decisión anterior de la Cámara, que hace un año eyectó a Bonadio de Hotesur por graves irregularidades.

La maniobra no es nada más que una parte de la trama de presiones contra Cristina Fernández de Kirchner, y también contra los jueces que no se disciplinen a la ofensiva que protagoniza el macrismo judicial, incluyendo los servicios de inteligencia –siempre alineados con Washington– y el titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que no se priva de llamar a Comodoro Py para producir un hostigamiento que no tiene antecedentes en democracia.

Armado

La causa Hotesur surgió a raíz de una denuncia en la que se decía que la sociedad de la familia Kirchner, cuya titular es Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, no había presentado los papeles en la Inspección General de Justicia. Se trataba de una infracción redimible por multa. La denuncia fue hecha por Margarita Stolbizer.

Sin embargo, de la mano de Bonadio, la causa se convirtió el año pasado en una gigantesca investigación sobre gran parte de los bienes familiares de los Kirchner, en especial los dedicados a negocios inmobiliarios. Englobaba a dos sociedades, Hotesur, que alquilaba el hotel Alta Patagonia, y Los Sauces, orientada a alquilar departamentos o propiedades en Río Gallegos, Calafate, El Chaltén y Buenos Aires.

El expediente era uno solo y la instrucción de Bonadio pasaba de una irregularidad a otra. Citaba a testigos sin notificar a la defensa, no permitía que el abogado de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, viera el expediente y finalmente mandó a hacer una pericia contable a espaldas de la familia presidencial. Por esta última irregularidad, Bonadio fue apartado del expediente. Se sorteó como nuevo juez a Julián Ercolini.

La prueba más categórica de que Los Sauces era parte de Hotesur es que Ercolini mandó a hacer una pericia contable y de las 33 preguntas que le planteó a los peritos, en 14 hubo referencias a Los Sauces. Por ejemplo, si los balances figuran en las declaraciones juradas de los Kirchner, qué pagos hubo de Lázaro Báez y Cristóbal López a Los Sauces, cuántos son los empleados, los pasivos y muchos otros detalles. En su mensaje por Facebook, CFK dijo el jueves que Bonadio se llevó parte de la documentación con la que se está por hacer la pericia ordenada por Ercolini. “Soy la única ciudadana investigada por el mismo tema por dos jueces distintos de Comodoro Py”, dijo la ex presidenta.

El abogado Beraldi denunció la situación y la intromisión de Bonadio en una causa de la que fue eyectado y en la que se metió por la ventana ayudado por el fiscal Carlos Rívolo y la diputada Stolbizer. La audiencia de la Sala I se va a hacer el próximo martes y allí la lógica es que reunifiquen Hotesur y Los Sauces, una división que sólo existe por la maniobra de Bonadio. Para hacer un ruido y tratar de condicionar a la Sala I, el magistrado ordenó los allanamientos en el Sur, aún sabiendo que buena parte de los lugares ya se habían allanado antes.

Servicios

La ofensiva para que Lázaro Báez se declare arrepentido –otra jugada contra Cristina– tiene también contornos escandalosos. Hubo una enorme presión mediática para que el juez Sebastián Casanello ordenara la detención de los cuatro hijos del constructor sobre la base de un informe de inteligencia de Suiza, es decir ni siquiera en base a documentación oficial, bancaria, firmada por algún juez helvético. Además, la abogada de fugadores del HSBC María Eugenia Talerico y el técnico del FMI ahora a cargo de la Unidad de Información Financiera Mariano Federici, pidieron que sean apresados los cuatro, cuando ni siquiera habían prestado declaración indagatoria. La UIF es una dependencia del Poder Ejecutivo, es decir del gobierno de Macri. Es un secreto a voces que la ofensiva sobre Báez tiene como objetivo que el constructor diga que fue testaferro de los Kirchner, o algo por el estilo.

En escena aparecieron la doctora Claudia Balbín y su hijo Santiago Viola como abogados de los hijos de Báez. La madre es de trayectoria radical y hoy en día aparece vinculada a la Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE, a través del ex fiscal Eduardo Miragaya, quien asumió en ese organismo la Dirección de Inteligencia en materia de delincuencia financiera. O sea que un integrante del gobierno de Macri interviene directamente buscando concretar el pacto: mejorar el lugar de detención de Báez, impedir la prisión de sus hijos, preservar una parte de la fortuna, a cambio de una confesión o arrepentimiento.

Como es obvio, todo apunta a conseguir un testimonio -aunque no se pueda verificar– que sirva para detener a la ex presidenta.

Asunción

Los actuales funcionarios de Seguridad y la AFI se autocondecoran por la detención de Ibar Pérez Corradi (PC), encontrado finalmente en Foz de Iguazú. El ex prófugo es un hombre acusado de ser el ideólogo del triple homicidio de General Rodríguez, está imputado en Estados Unidos por el tráfico de 1700 pastillas de Oxicodona, en base a opio, y se lo sindica como socio también de cárteles mexicanos en el tráfico de efedrina. PC fue proveedor de Jesús Martínez Espinoza, un mexicano que armó un laboratorio de pastillas de metanfetamina en Maschwitz. Allí tenía trabajando once mexicanos, nueve de ellos traídos de León, donde funcionaba una rama clave del Cartel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán. Por supuesto que están los que dicen que detrás estaba la mano de la DEA norteamericana, mientras que el dudoso juez Faggionato Márquez le adjudicó el armado del laboratorio y la exportación de pastillas al Chapo.

El equipo que conducían Oscar Parrilli y Juan Martín Mena en la ex SIDE sostiene que todo el hilo conductor para detectar a PC fue encontrado durante el anterior gobierno: el facebook de la pareja actual del traficante ya estaba en conocimiento de la investigación, sólo que el domicilio era en Ciudad del Este, Paraguay, y PC se había mudado a Foz de Iguazú. Lo que dio la pista final fue una foto de la hija del traficante, en el facebook detectado, con un buzo de un jardín de infantes de Foz.

Lo insólito es que desde enero se viene gestando un acuerdo entre el gobierno de Macri y el prófugo, lo que incluyó una reunión con los abogados de Pérez Corradi en el Ministerio de Seguridad. En la causa de la efedrina ya están procesados por la jueza María Romilda Servini de Cubría casi diez funcionarios kirchneristas, con José Ramón Granero a la cabeza. Granero era el titular de la Sedronar, la secretaría de control de drogas, que autorizó la entrada de efedrina en grandes cantidades a la Argentina. Pero lo que se busca con el acuerdo del macrismo con PC es que el traficante prófugo pegue más arriba en el anterior gobierno. Algo curioso es que se quiere involucrar a Aníbal Fernández que era un archienemigo de Granero.

Uno de los datos asombrosos es que el triple crimen de General Rodríguez fue investigado por la justicia provincial bonaerense a través del fiscal Juan Ignacio Bidone. Hubo un juicio en Mercedes que duró dos meses, también en Mercedes fueron condenados los hermanos Lanatta y los hermanos Schillaci –supuestamente pagados por Pérez Corradi para matar– y la apelación se tramitó en La Plata. Es decir que a lo largo de siete años todo cursó en la justicia provincial. Sin embargo, en febrero de este año, tras el cambio de gobierno y de la espectacular fuga de los Lanatta y Schillaci, de la noche a la mañana el fiscal y el juez se declararon incompetentes y le pasaron la causa a la justicia federal. Era una de las condiciones que públicamente impuso Pérez Corradi para entregarse.

El acuerdo que se habría cerrado en Asunción el viernes consiste en que Pérez Corradi se avenga a la extradición desde Paraguay y declare “contra funcionarios kirchneristas que están siendo investigados en el mismo caso por el que me investigan a mi”. A cambio de ese compromiso –según revelaron en Paraguay– PC consiguió que lo alojen en alguna dependencia de la Policía Federal o la Gendarmería, no en el Servicio Penitenciario; le garantizaron acceso a Internet y fondos para mantener a su familia. Para cubrir las formalidades será incorporado al programa de protección al testigo.

Ofensiva

Maniobras con allanamientos en causas judiciales, servicios de inteligencia actuando en las defensas de los imputados y pactos con acusados de gravísimos delitos, son el menú orientado contra el gobierno anterior. Los dirigentes del kirchnerismo sostienen que son jugadas con las que se tratan de tapar los aumentos de precios, tarifazos, despidos, recesión y los problemas sociales. En cualquier caso parecen trampas que tienen poco que ver con la institucionalidad democrática que se pregonaba hace seis meses.

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