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El interventor en Fabricaciones Militares, Marcelo Bellesi, admitió que la repartición estatal es la única que “produce y comercializa” el compuesto conocido como Pólvora Monobásica a base de Nitrocelulosa, utilizado en la bomba que el último 20 de diciembre hirió en Plaza de Mayo a 23 personas que manifestaban por las víctimas del levantamiento popular que terminó con los días de Fernando de la Rúa en la Rosada.
La afirmación de Bellesi figura en la respuesta que el funcionario realizó a un oficio que le remitiera Norberto Oyarbide, juez federal a cargo de la causa. El dato fue hecho público por los representantes de las más de 40 organizaciones sociales que habían participado de aquella manifestación y que integran la Comisión Investigadora Independiente. Entidad formada para investigar y esclarecer las responsabilidades del atentado.
Además de dar precisiones sobre la producción de la pólvora, Bellesi también señaló que para comprar el producto es necesario contar con la autorización expresa del Renar. Esto es así, dijo, desde el 2001 ya que con anterioridad bastaba con la sola autorización de Fabricaciones Militares.
El hecho de que el elemento utilizado para la fabricación del explosivo fuera solamente producido y comercializado por una repartición estatal suma otro punto de conflicto entre los grupos piqueteros y el Gobierno. “Como mínimo hay un indicio de que hay falta de controles estatales”, afirmó en diálogo con este diario María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi).
Para mostrar la laxitud de las respuestas que el Renar realizó en el informe presentado por el interventor de FM a la Justicia, Verdú repara en un dato llamativo. En el listado de las firmas usuarias más importantes autorizadas a adquirir la pólvora, una de ellas que utiliza el nombre comercial de El Moncholo Solterón tiene su domicilio en Rafaela, Córdoba (sic). Para Verdú el error del Renar demuestra los pocos controles que hay alrededor de estas reparticiones estatales encargadas de monitorear la compra de materiales tan sensibles como el utilizado en el atentado en Plaza de Mayo.
Fue una pericia realizada por la Superintendencia Federal de Bomberos la que había determinado que en el hecho había sido utilizado un kilo de la pólvora monobásica. En su informe, FM explica que durante el año 2003, en todo el país se vendieron unos 723 kilos de este material.
“No se puede ignorar la campaña previa a este hecho. Clima de provocación que fue incentivado por declaraciones de sectores patronales y desde el mismo Estado”, subraya Verdú. Los miembros de las organizaciones que habían convocado a la marcha del 20 de diciembre están pidiendo, sin éxito, ser reconocidos como querellantes en el expediente judicial. Medida que hasta el momento Oyarbide no aceptó. El magistrado tampoco hizo lugar a muchas de las medidas propuestas por los organismos. Entre ellas, la de escuchar el testimonio de Carlos Kunkel, subsecretario general de la Presidencia.
“Antes de esa concentración, Página/12 alertaba sobre la posibilidad de incidentes. Si el diario estaba enterado, ¿me va a decir que el Gobierno no?”, señala Verdú. Para la abogada es importante que el juez les pregunte a los funcionarios estatales “qué hicieron para prevenir el hecho”.
Además de ser tenidos en cuenta como querellantes, los organismos también reclaman tener acceso a muchos de los informes que figuran en de la causa judicial. Entre ellos, videos filmados por “la Casa Militar”, la Policía Federal, los canales de televisión, fotos enviadas por la agencia oficial de noticias Télam y por el diario La Nación. También solicitaron ver las desgrabaciones de las modulaciones del grupo de comunicaciones de la Policía Federal, entre las 9 y las 22 horas de ese día.