El ex comisario Miguel Etchecolatz, con seis condenas por delitos de lesa humanidad, podría lograr hoy el arresto domiciliario en su casa de Mar del Plata. Organismos de derechos humanos, sobrevivientes de centros clandestinos y familiares querellantes se movilizarán a las 9.30 hasta la Cámara Federal de La Plata, en calle 8 y 50, para reclamar que no se otorgue ese privilegio al represor de 87 años. “A casi diez años de la desaparición de Jorge Julio López durante el histórico juicio contra Etchecolatz, no podemos permitir más impunidad”, advirtieron Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Fundación Anahí y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otras.

“Nunca nos opusimos a domiciliarias ante situaciones de salud por las cuales no pueden permanecer en la cárcel. En este caso, el Cuerpo Médico Forense dictaminó que está en condiciones de seguir detenido, con lo cual no hay situaciones concretas que lo ameriten sino que se trata de aceptar la estrategia de los genocidas para que hagamos juicios con imputados en sus casas”, explicó Guadalupe Godoy, abogada de querellantes y de la Unión por los Derechos Humanos.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, con votos de los subrogantes Germán Castelli y Jorge Michelle y disidencia de Roberto Lemos Arias, se pronunció a favor de la domiciliaria en julio por la edad del represor, su hipertensión arterial y los riesgos de un ACV. El mismo tribunal deberá pronunciarse mañana en otras causas aunque hasta ayer no había certezas sobre su conformación. Castelli y Lemos Arias volverían a fallar sólo en dos causas; en la tercera Castelli se excusó por su amistad con el imputado Juan María Torino, abogado y ex secretario de Jaime Smart durante la dictadura. Descartado el camarista César Alvarez (renunció a la subrogancia con un certificado médico que indica que no puede sobrecargarse de tareas, decisión que además implica la postergación del inicio a la banda de la CNU), la alternativa sería Nelson Jarazo, hombre de especial sensibilidad a los planteos de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad.