La Corte Suprema de Justicia envió a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, el expediente que suspendió los aumentos de tarifas de gas. A pedido de los magistrados, la procuradora deberá emitir un dictamen antes del jueves de la semana que viene. Su evaluación estaría en línea con la postura de muchos fiscales que se han expedido hasta ahora, con el eje sobre la falta de audiencia pública y la falta de razonabilidad del aumento. Por su parte, las entidades de defensa de los consumidores desacreditaron ayer la convocatoria a la audiencia pública “ad hoc” por parte del Gobierno. El simulacro de audiencia para informar sobre el estado de situación del sector energético y así procurar desactivar las causas judiciales en contra del tarifazo no convenció a los especialistas, que advierten que difícilmente la convocatoria oficial cumpla con los requisitos legales y mucho menos con las necesidades de los usuarios.

Gils Carbó tiene en su despacho el expediente que contiene el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que anuló el incremento tarifario en el gas. Un dato relevante es que la Corte “apuró” la definición del asunto poniéndole el plazo del 18 de agosto a la procuradora.

Mientras tanto, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, busca restarle argumentos a la Justicia a través de la convocatoria a una audiencia pública “ad hoc”. La falta de llamado a ese encuentro previo a la suba tarifaria es el principal cuestionamiento judicial al tarifazo, incluso por encima de la violencia de los incrementos aplicados. Si bien no hay detalles sobre la convocatoria, las señales que da el Gobierno permiten inferir a las entidades de consumidores que difícilmente se cumplan los requisitos formales para evitar nuevas impugnaciones judiciales y mucho menos se satisfaga las necesidades de los usuarios.

“Si a través de esta audiencia sólo buscan ratificar los aumentos de marzo, para nosotros se tratará de una convocatoria totalmente inválida. Primero tienen que entregar toda la información: los costos de generación, transporte y distribución. El Gobierno no quiere informar sobre la generación y de ese modo es imposible tener una audiencia real. Pero aparte, no se trata solamente de la audiencia pública previa. La audiencia es para que las tarifas sean justas y razonables, requisito que las resoluciones del Gobierno no cumplen. De modo que si hubiera audiencia pública como la ley establece, ahí comenzaríamos a transitar la discusión sobre la razonabilidad de las tarifas”, dijo Claudio Boada.

“Creo que no va a alcanzar. Hay que ver qué es lo que compone la tarifa, la de gas y la de electricidad. Vamos a ver si esto de la informativa es para esconder información. La necesidad de hacer la audiencia es para saber cuál es el precio real de la generación en el caso de la electricidad, del gas en la boca de pozo, y todos los circuitos que van hasta el consumidor. Queremos discutir qué es lo que estamos pagando, cuál es el precio real, cómo es en cada ciudad. La audiencia tiene que tener toda la información posible y que se garantice toda la participación”, dijo Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos.

“Las compañías de servicios públicos son monopólicas, por eso lo que corresponde es que los consumidores tengan acceso a una radiografía completa de las empresas. La resolución de la audiencia pública no es vinculante, pero a través de ese procedimiento va a quedar claro si esto es lógico o si es una estafa al consumidor. Pero en lugar de hacer las cosas como corresponde, ahora el Gobierno anuncia una conferencia de prensa en donde a los usuarios nos van a retar por no querer pagar la factura. Vamos a pedir la nulidad judicial de este simulacro de audiencia”, criticó Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores.

Por su parte Héctor Polino, titular de la Asociación Consumidores Libres, manifestó que el Gobierno “sigue incumpliendo sus obligaciones. No sirve la audiencia de la que habló Aranguren. Si no se le da participación a los usuarios no estará en línea con lo que establece la Constitución”. Advirtió además que “estamos estudiando el tema del aumento del agua para presentar un amparo colectivo la semana que viene”.