Dos ex secretarios, uno histórico de Néstor y otro de Cristina Kirchner, declararon ante la Sala II de la Cámara Federal que nunca vieron al juez Sebastián Casanello en la quinta de Olivos, a contramano de la versión de Lázaro Báez y de su hijo Leandro, quienes basaron sus intentos de recusarlo en el relato de una reunión suya con la ex presidenta en septiembre del año pasado. Los dos testigos, Daniel Alvarez y Mariano Cabral, contaron que sí vieron en la residencia presidencial al empresario de la obra pública. El tribunal no encontró absolutamente nada que acredite la supuesta cumbre con el juez: no hay videos, la Policía Federal no halló evidencias, no hay llamadas ni registros en el libro de visitas y ahora estos dos testimonios niegan la presencia de Casanello.

“A Casanello nunca lo vi personalmente, no lo conozco, nunca hablé con él y jamás arreglé una audiencia entre él y la presidenta”, dijo Cabral ante los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, y los abogados de Báez. Cabral, de 30 años, era secretario personal de CFK. Contó que al empresario sí lo vio pero no recordaba la fecha. “Tampoco es que lo recibí ni le abrí la puerta, sólo lo vi”, sostuvo en la audiencia judicial. Al comienzo Irurzun, titular de la Cámara, le explicó que lo habían citado porque Báez lo mencionó como uno de los supuestos testigos de la presencia de Casanello en Olivos en la misma época que ya lo investigaba por lavado de dinero.

Luego pasó Alvarez, quien en rigor había sido secretario de Néstor Kirchner y estaba vinculado con Báez. Según narró, lo llevó desde Belgrano hasta la residencia a reunirse con la ex presidenta. Tampoco, dijo, lo vio al juez Casanello esperando en Olivos ni reunido.

La recusación contra Casanello hizo un recorrido llamativo: el primero que la presentó fue Leandro Báez, cuando todavía no estaba imputado en la causa (ahora sí lo está por su vinculación con una cuenta en Suiza); invocaba información periodística, en especial de La Nación, según la cual Lázaro Báez les había contado a personas que lo fueron a visitar a la cárcel, que había estado en un encuentro en Olivos del cual participaron además de CFK y él, Casanello, Wado de Pedro y el ex secretario de justicia, Julián Alvarez. Con eso, Leandro Báez advirtió que Casanello no sería imparcial. El juez rechazó el planteo y además refutó todo públicamente. Cristina Kirchner, del mismo modo, aseguró que no lo conocía. Báez padre dobló la apuesta cuando relató en un manuscrito que se había cruzado con el juez en la quinta de Olivos. También pidió reunirse con los jueces de la Sala II, y lo consiguió dos veces. Le pidieron que declarara, y ahí ratificó todo. Al juzgado, la Cámara nunca le notificó ningún planteo de recusación del empresario.

En el ínterin, los camaristas también le encomendaron a la Policía Federal que buscara pruebas. El jefe de la fuerza, Néstor Roncaglia, envió un informe que decía que no había ninguna prueba que corroborara lo que los Báez contaban. Ahí fue que la Cámara decidió investigar por su cuenta y citar a los secretarios. El resultado fue igual: ni rastros de Casanello en la quinta de Olivos ni de vinculación con la ex mandataria. Ahora analizan si piden alguna medida más, o si resuelven de una vez la recusación del juez, a quien han cuestionado de manera denodada en cada resolución sobre este caso y en el último incluso, si bien confirmaban los procesamientos de Baéz y los demás imputados, le advirtieron que debía investigar a la ex presidenta. El fallo, en términos inusuales, se refería a las maniobras investigadas en términos de “la ruta del dinero K” y sostenía que el juez debe investigar a Cristina Kirchner porque –advertía– “es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez y las relaciones del nombrado con los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.

Casanello quiso elevar a juicio oral dos tramos de su investigación donde Báez, su hijo Martín, el contador Daniel Pérez Gadín, su hijo Sebastián, el abogado Jorge Chueco, Leonardo y Federico Elaskar están ya procesados por lavado de dinero. Uno es el que se derivó de la filmación dentro de la financiera SGI, donde aparecía Martín Báez contando 5,1 millones que su padre reconoció como propios; otro surgió por la determinación de un circuito de lavado en el cual Báez compró bonos de la deuda argentina en el exterior por 32 millones de dólares, venderlos y reingresarlos al país a través de la firma Helvetic Services. Sin embargo, los órganos del Gobierno nacional que son querellantes en la causa (la Unidad Financiera, la AFIP y la Oficina Anticorrupción), se oponen a elevarla a juicio oral sin investigar todos los negocios desde 2003, según dijo la Cámara, y a la ex mandataria. La dilación favorece a Báez, cuyos bienes sólo se podrían decomisar en la instancia de juicio. Todavía debe opinar sobre la elevación el fiscal Guillermo Marijuán. También falta definición sobre la situación de los hijos de Báez a raíz del hallazgo de las cuentas en Suiza. Y, sin un solo dato que vincule Casanello con CFK, queda por ver qué hace la Cámara esta vez.