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Opinión

La naturalización de la subrepresentación

Por Juliana Di Tullio *

Soy diputada de la Nación gracias a la lucha de las mujeres de todos los partidos políticos que lograron la ley llamada de ¨Cupo Femenino¨. Soy diputada nacional gracias al “cupo” y lo asumo con orgullo. Todas lo somos. Porque esas leyes se parieron por la lucha del movimiento de mujeres y las mujeres de diferentes partidos políticos que encarnaron esa y muchas otras luchas.

Cómo no estar orgullosa de ser la consecuencia de las luchas colectivas y transversales en nuestro país.

La Cámara de Diputadxs contaba en 1983 con un 4,6 por ciento de mujeres. En 1991, con la “Ley de Cupo” 24.912, se inició el proceso que marcó recién a partir del ´94 una mayor presencia de mujeres en la Cámara de Diputados que fue en aumento, alcanzando en 2008 la máxima proporción: 40 por ciento.

Hoy estamos discutiendo, debatiendo, la paridad de mujeres y varones en el Poder Legislativo.

Una y Uno.

Hace ya muchos años que las llamadas leyes de discriminación positiva fueron aumentando el número de mujeres en ambas cámaras del Congreso pero convive con esa realidad otra no menor. El famoso ¨techo de cristal¨. Cuando Cristina asumió la presidencia de la Nación en el año 2007 ante la Asamblea Legislativa, dijo: “… sé que tal vez me cueste más porque soy mujer, porque siempre se puede ser obrera, se puede ser profesional o empresaria, pero siempre nos va a costar más. Estoy absolutamente convencida…”.

Somos el 51 por ciento de la población en nuestro país y para cumplir con la representación popular debemos darnos la discusión sobre la paridad en las listas.

Algunas creímos que la discusión partía desde un lugar diferente, que habíamos avanzado, que había lugares comunes que ya no tendríamos que enfrentar. La discusión, entonces, debíamos darla desde el concepto de paridad, su significado y cómo se construye una sociedad mejor.

Para mi sorpresa y la sorpresa de muchxs, la voz imperante sigue llevándonos a discusiones que creíamos terminadas o saldadas. Discusiones que ponen el eje en el mérito individual de cada mujer para ser elegida y soslayan el debate sobre las desigualdades sociales que se reproducen, por supuesto, también en el campo de los partidos políticos y los sistemas electorales.

Las mujeres no aceptamos poner en debate nuestros méritos o capacidades para hablar de paridad. Ponemos en debate la naturalización de la sub-representación.

Debería haberlo advertido cuando a lo largo de mis 11 años como diputada de la Nación fui notando como muchas compañeras diputadas, de todos los bloques, que fueron y son defensoras de los derechos de las mujeres en particular, no renovaban sus cargos electivos. La mayoría no estuvieron en las listas.

No quiero decir con esto que las mujeres que representan a sus electores tienen que tener pertenencia también al movimiento de mujeres, pero sí advertir que mejora sustancialmente el avance de los derechos en general, y de las mujeres en particular, la presencia de ellas en el Congreso y la realización de las leyes.

También decir que he visto con sorpresa cómo muchas mujeres que no tenían en cuenta la perspectiva de género, la fueron asumiendo, encarnando y actuando en consecuencia.

Avanzamos mucho en términos legislativos estos últimos años. No puedo escindirlo del hecho de haber tenido como Presidenta a una mujer. Esa realidad se hizo texto en el Congreso.

Así, junto con la mayor presencia de mujeres en ambas Cámaras coincide con muchos de los avances normativos en leyes de género y diversidad. Se pueden destacar, entre ellas:

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (2003); Parto Humanizado (2004); Aprobación del protocolo Facultativo de la CEDAW (2006); Ligadura de trompas y vasectomía (2006); Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2006); Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2009); “Matrimonio Igualitario” (2010); Derogación de la figura del “avenimiento” (2012); Incorporación del tipo penal de Femicidio al C. Penal (2012); Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (2013); Acceso a las Técnicas de Reproducción Medicamente Asistida (2013); Nuevo Código Civil y Comercial (2014).

Muchas de estas leyes se debatieron y aprobaron gracias al trabajo y al voto de legisladoras de diferentes bloques, de manera transversal y debiendo sortear la llamada “libertad de conciencia” que, todavía, rige cada vez que están en juego los derechos de las mujeres. Los derechos no debieran estar supeditados a la conciencia de lxs legisladorxs.

Veo con mucha preocupación el retroceso discursivo de algunos comunicadores; no me llama la atención que tengamos que pelear hacia adentro de nuestros partidos políticos como siempre ha sucedido, estamos hablando de Poder y cuando las mujeres peleamos Poder (de representación) sabemos a lo que nos enfrentamos.

Esta sigue siendo una lucha que lograremos sólo colectiva y transversalmente. Sabemos hacerlo y podemos lograrlo. Argentina puede volver a ser un país de vanguardia y de reconocimiento mundial como lo fue.

* Diputada nacional. Frente para la Victoria.

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Opinión

Por una democracia verdadera

Victoria Donda Pérez *

En 1991 se sancionó la ley 24.012 de cupo femenino, que establece como piso mínimo el 30 por ciento de participación de mujeres en la conformación de las listas para los cargos electivos. Piso que con el pasar de los años se convirtió en un techo para la representación de las mujeres en la política Argentina.

En nuestro país, la reforma constitucional de 1994 otorgó a los tratados internacionales de derechos humanos jerarquía y rango constitucional. Entre estos tratados se encuentra la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la cual en su art. 7 establece el deber para los estados parte de adoptar las medidas necesarias a fin de eliminar la discriminación de las mujeres en la vida política y pública del país.

Dicha reforma instaló también de manera expresa, la “igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios” y las “acciones positivas” en esta materia (artículo 37 CN), así como también la obligación del Poder Legislativo de legislar y promover acciones del mismo tipo para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato. Y por último, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Carta Magna y por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, en particular a las mujeres (artículo 75, inciso 23, CN).

No obstante todo lo detallado, es indudable que las mujeres continuamos siendo minoría en los máximos puestos de representación. El incremento en número de mujeres en el Poder Legislativo o la elaboración de normas a nivel nacional, no son suficientes para garantizar la igualdad real de oportunidades en el ámbito público entre mujeres y varones, debemos generar acciones positivas que la extiendan a todos los ámbitos de la vida del país.

En estas semanas se esta debatiendo el proyecto de ley de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Tal como preveíamos, dicho proyecto no incorpora el necesario debate para la concreción de la participación paritaria de hombres y mujeres en lugares de representación. Por este motivo, junto a referentes de distintos espacios políticos y a organizaciones de mujeres y de derechos humanos, estamos debatiendo una propuesta que garantice la incorporación de las mujeres de manera paritaria para garantizar la pluralidad de voces y el fortalecimiento de la democracia.

Entendiendo que la gobernabilidad democrática es aquella que respeta los derechos humanos, vela por la igualdad y la no discriminación, por la transparencia y la participación en la toma de decisiones, es equitativa y responde a las necesidades de la sociedad, promoviendo el Estado de Derecho, nuestras sociedades deberían colocar la igualdad entre varones y mujeres como un aspecto y un objetivo central de su proyecto político y social por una razón de justicia y equidad social, pero también por el bien de sus democracias.

La realidad nos insta a proponer modificaciones, desde una perspectiva de derechos con el fin de adaptarla a los compromisos asumidos por nuestro estado en el ámbito internacional y a lo preceptuado por nuestra Carta Magna, para que se garantice de manera cierta la paridad entre mujeres y varones.

Debemos impulsar el 50 y 50 en la representación de los cargos legislativos nacionales y provinciales. Para esto, y de manera reiterada, vengo presentando desde el principio de mi mandato un proyecto de ley que propone la participación igualitaria de varones y mujeres en los cargos electivos y ejecutivos. Las mujeres somos más del 50 por ciento de la población, debemos tener una representación que dé cuenta de ello.

* Diputada nacional. Presidenta del Bloque de Libres del Sur. Presidenta de la Comisión de DDHH.