Una treintena de diputados del Frente para la Victoria recibió en la Cámara baja al especialista en temas previsionales Miguel Fernández Pastor, quien logró el amparo judicial que prohíbe la liquidación de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Allí, el ex Gerente de Normatización de Prestaciones y Servicios de la Anses en la gestión de Sergio Massa y que también dirigió el Centro Internacional de Estudios de la Seguridad Social propuso una serie de medidas para evitar el desfinanciamiento del sistema jubilatorio, facilitar que los jubilados y pensionados alcanzados por la reparación económica del Gobierno accedan al beneficio sin trámites ni intermediación de abogados, y reclamó un bono de fin de año que compense los aumentos de la ley de movilidad jubilatoria que por primera vez desde su implementación en 2009 estará por debajo de la inflación.

Fernández Pastor, un ex concejal radical de Moreno y amigo personal de Raúl Alfonsín, solicitó a los diputados del FpV que busquen corregir el artículo 34 de la llamada ley de reparación histórica de los jubilados donde el macrismo eliminó la prohibición al FGS de “inversión de los fondos en el exterior”. Algo que quisieron negar los abogados de la Anses que recusaron al juez previsional que dio curso al amparo pero que no pudieron demostrar ya que el párrafo de la prohibición fue borrado de la legislación vigente. “Las inversiones en el extranjero no solo dejan de impulsar emprendimientos económicos en la Argentina sino que el Estado también deja de percibir los impuestos que producen las mismas desfinanciando el FGS”, dijo Fernández Pastor a Página/12.

También propuso un bono de fin de año que compense los 14 puntos que perderá la movilidad jubilatoria en 2016 porque los dos elementos que componen la fórmula de ajuste automáticos de las jubilaciones están a la baja: salarios por debajo de la inflación y caída de la recaudación impositiva por la recesión económica. Además, pidió que se implemente por dos años un aumento directo de 300 pesos mensuales que reemplace la devolución del IVA para jubilados, ya que el mismo es de difícil implementación y no alcanza a quienes no utilizan tarjetas de débito, y el compromiso del Tesoro Nacional de compensar los fondos ya que su disminución impacta sobre los aumentos jubilatorios.