Los juicios de lesa humanidad son “una política de Estado”. Así lo reafirmó la Comisión Interpoderes, dedicada a revisar la agilidad de esos procesos, cuyos integrantes –representantes de los tres poderes del Estado– se reunieron ayer por primera vez en el año. El encuentro fue convocado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a pedido de los organismos de derechos humanos, que querían manifestar sus “preocupaciones ante los principales problemas que afectan el avance de los juicios”. “Hablamos con libertad, fuimos escuchados y la mayoría de los integrantes de la comisión coincidió con nuestro panorama y nuestro requerimiento de acelerar los procesos”, informó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

La Comisión Interpoderes, creada por la Corte Suprema en 2008 con la función de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, se había reunido por última vez en agosto de 2015. Lorenzetti prometió el nuevo encuentro hace dos semanas, cuando recibió a referentes del movimiento de derechos humanos que fueron a plantearle sus preocupaciones. Quienes participaron ayer destacaron la invitación que recibieron para participar de la reunión casi tanto como la “asistencia perfecta” allí de los representantes del Estado, todos funcionarios de “primera línea”: Lorenzetti fue junto a uno de los nuevos ministros de la Corte, Horacio Rosatti. La participación de otro ministro en la Comisión fue una señal auspiciosa para los asistentes. Además, hubo varios jueces de la Cámara Federal de Casación, encabezados por su presidente, Alejandro Slokar (Liliana Catucci, Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Gustavo Hornos). Estuvo la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, la Defensora General, Stella Maris Martínez y los referentes de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat y Carolina Varsky. Por el Poder legislativo asistieron la diputada Victoria Donda y el senador Juan Manuel Abal Medina. Y por el Ejecutivo fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj junto a Mariano Friedman y Brian Schapira, miembros de su equipo.

El encuentro fue “muy favorable”, en palabras del abogado Pablo Llonto, que compartió con Iud la comitiva que completaron Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Carlos Pisoni, de Hijos; José Schullman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Diego Morales, del Cels, Adriana Taboada, de la Comisión de Campo de Mayo y Carlos López de Belva, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados (FACA).

“Se ha logrado después de mucho tiempo que se reúna la comisión y que reciba a los organismos, y ha habido una coincidencia general en mantener la política de juzgamiento y en la necesidad de hablar de métodos y herramientas para acelerar los juicios como una preocupación de todos”, resumió.

Slokar abrió el juego a los organismos para que manifestaran sus demandas. Ellos entregaron un petitorio, basado en un informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en el que se advierte “un colapso en el avance de los procesos en trámite, una disminución significativa de las causas que llegan a la etapa del juicio oral y una importante dilación en la confirmación de sentencias”. Propusieron algunas soluciones básicas, como agilizar el nombramiento de jueces para conformar tribunales, una tarea en la que tienen responsabilidad tanto la Corte, que debe asignar recursos; el Poder Ejecutivo, que debe enviar las ternas al Congreso y el Consejo de la Magistratura. Además, propusieron que tanto en la Corte como en la Casación se creen Secretarías dedicadas a analizar recursos relacionados con esas causas.

Almeida y Boitano hicieron un fuerte reclamo para que no se retroceda a 40 años en sus reclamos y le pidieron al presidente de la Corte que sea enfático en su mensaje acerca de que no hay marcha atrás. También solicitaron el control de las prisiones domiciliarias. Se escucharon además criticas a los jueces Hornos y Catucci por algunos de sus fallos y un respaldo a Gils Carbó.

“Lo importante fue que en el núcleo de la discusión todos estuvimos de acuerdo: hay que reforzar estos juicios, acelerarlos y cuidarlos”, concluyó Iud.