La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento de dos jóvenes empleados judiciales por colgar una bandera en la terraza del edificio de los tribunales de Comodoro Py favorable a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner el día que la ex presidenta debió acudir a prestar declaración idnagatoria, en abril pasado. Los jueces de la sala II de la Cámara ratificaron los procesamientos sin prisión preventiva de los empleados por “desobediencia a un funcionario público” y el embargo a cada uno por 100 pesos, medidas que había dispuesto el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que “los elementos colectados en el expediente resultan suficientes para tener por probada la configuración del hecho atribuido a los imputados”. Martín Cruz Pérez Amarelo y Nicolás Esteban Lypca fueron procesados tras haber sido acusados de desobedecer las órdenes de la policía para que retiraran una bandera que habían ubicado en una terraza del octavo piso de los tribunales de Retiro el 13 de abril pasado, cuando la ex mandataria concurrió a Comodoro Py para declarar ante el juez federal Claudio Bonadio en la causa conocida como “dólar futuro”.

La bandera colocada por Amarelo y Lypca, un lienzo blanco de cuatro metros de largo, exhibía la cara de la ex presidenta junto con la de su esposo y ex mandatario Néstor Kirchner, y Enrique “Quique” De Pedro, padre del diputado Wado De Pedro, estudiante de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires, dirigente de la Juventud Universitaria Peronista y desaparecido durante la útima dictadura.

Los jóvenes judiciales estaban colgándola de la terraza de Comodoro Py cuando los vio un fiscal de menores desde su despacho y los denunció.

En el expediente figura que los jóvenes fueron advertidos tanto por efectivos de la Policía Federal cuanto por empleados judiciales, quienes les habían ordenado descolgar la bandera. Los jóvenes se negaron. Lo hicieron con amenazas y “empujones”, incluso, según Irurzun y Farah transcribieron declaraciones de los efectivos de la Comisaría 46, que intervinieron en el episodio. “Se los notaba alterados y ellos me dicen que no iban a deponer su actitud y que no tocara la bandera porque se iba a pudrir todo”, testimonió el sargento José Luis Alcántara.

Los judiciales fueron detenidos por la Policía. La causa quedó en manos de Canicoba Corral, quien los procesó por “desobediencia a un funcionario público”. La decisión fue apelada por la defensa que adujo que sus defendidos estaban “ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión”.

Los camaristas no hicieron lugar a este planteo: “Las especiales particularidades del hecho justifican el modo en que procedieron los funcionarios –policiales y judiciales– e impiden trazar el vínculo pretendido con el ejercicio razonable de un derecho”, sostuvieron. Por “especiales particularidades”, señalaron que “el episodio ocurrió en un sitio al que no tenía acceso el público, cuyo ingreso era restringido únicamente para uso del personal de limpieza e intendencia del edificio” y que debe continuarse con la instrucción del caso.