EL PAíS › LA CáMARA FEDERAL RATIFICó SU RECHAZO A ABRIR LA DENUNCIA DEL FISCAL NISMAN CONTRA CFK Y HéCTOR TIMERMAN

“No hay siquiera viso de ilegalidad”

Los jueces analizaron dos supuestas pruebas nuevas presentadas por la DAIA y afirmaron que no hay indicios de delito y que no había hechos nuevos. Advirtieron acerca de una “maniobra” para que la denuncia de Nisman quede en manos de Bonadio.

 Por Irina Hauser

Otra puerta se cerró ante las pretensiones de la DAIA de reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. La Sala I de la Cámara Federal sostuvo que no hay ningún dato ni prueba nueva capaz de justificar la apertura del expediente. La dirigencia judía había presentado la grabación de una conversación entre el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, y Timerman con el objetivo de acusar al ex funcionario de favorecer a Irán. Pero según el tribunal no hay “siquiera viso de ilegalidad en sus expresiones” e incluso –dice el fallo– fue sacado de contexto cuando intentaba explicar que la única forma de lograr la indagatoria de los iraníes, era a través de un convenio con su país. Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler dijeron que tampoco cambia nada que haya quedado firme la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento, que nunca entró en vigencia ni es la “canalización de un acto criminal”. El fallo es un respaldo a lo resuelto por el juez Daniel Rafecas, y advierte también que existe “una maniobra” para lograr que la denuncia de Nisman tenga otra suerte a través del juzgado de Claudio Bonadio “que no puede ser tolerada”.

La Cámara llegó a la conclusión de que los argumentos que la DAIA intentó presentar como novedosos, no lo son. Al no haber caso que abrir, rechazó también la pretensión de la entidad de convertirse en querellante. En su voto, Ballestero pide que no distraigan con “contiendas marginales” la búsqueda de verdad y de justicia para los familiares de las víctimas del atentado “que aguardan desde hace más de dos décadas”. “Veo que se asiste a un panorama de disputas satelitales, donde se cuestionan los motivos de tal o cual decisión política o judicial”, dice. En ese mismo sentido, tanto él como su colega Freiler, cuestionan el intento por duplicar esta causa que no prosperó, en un juzgado más proclive a darle aire. Se refieren a la denuncia por traición a la patria que recibió Bonadio, donde fue presentada incluso la misma grabación.

Cuando Rafecas, hace un año y medio, desestimó la denuncia de Nisman, explicó que no había ningún delito. El Memorándum nunca se implementó, porque Irán tampoco lo convalidó en su parlamento, ni existió la Comisión de la Verdad que iba a intervenir si se lograban las indagatorias de los iraníes acusados del atentado. Nisman decía que el pacto era para beneficiar a los iraníes y que se harían caer las circulares rojas de Interpol que mantienen vigente su orden de captura internacional, pero tampoco nada de eso ocurrió ni se demostró que fuera a suceder. El juez tampoco halló pruebas en la parva de escuchas telefónicas entregadas por Nisman como supuesta muestra de la negociación del acuerdo con Irán. Como todo esto fue confirmado por la Cámara Federal y la de Casación, la DAIA decidió volver a la carga con dos argumentos nuevos. El nuevo rechazo de Rafecas fue disparador de una solicitada que pedía su destitución impulsada por la dirigencia de la comunidad judía, empresarios, periodistas y directivos del diario La Nación. Era un intento, además, de presionar a la Cámara, que debía pronunciarse ante la apelación.

Los camaristas decidieron analizar el contenido de la conversación presentada como supuesta prueba. Fue un diálogo telefónico privado, grabado en forma subrepticia, aunque no se sabe quién lo registró. La DAIA lo usa para alegar que Timerman daba por cierta la autoría de Irán en el ataque terrorista. La Cámara recuerda que la postura de Argentina, hacia adentro y hacia afuera del país, era la de acusar al régimen de Teherán desde que el juez Rodolfo Canicoba Corral pidió las capturas internacionales.

La Cámara dice que el de la DAIA es un razonamiento equivocado y que las afirmaciones del ex canciller están descontextualizadas. Hay que leer al menos las frases completas. Borger y Timerman coincidían en la culpabilidad de Irán, pero el primero decía al segundo que no podía negociar con ellos. Entonces Timerman le contestaba: “¿Cómo querés que los traiga?” (a los iraníes, detenidos, a declarar). Y luego le advertía: “No me pongas en carga a mí como diciendo ´éste negocia con Irán que son una manga de mentirosos´. Bueno, decime con quién querés que negocie (…) vos decís todo eso, está bien, yo coincido con vos, son todo lo que vos decís ¿Tenés otro para negociar? (…) si yo digo ´tiene razón, son todos una manga de mentirosos, no hagamos nada, ¿qué seguimos reclamando? Es lo que no entiendo….”.

Ballestero señala que eso que para la DAIA “teñiría todas las negociaciones emprendidas, no fue más que un recurso argumentativo frente la polémica entablada”. Borger –que al declarar reconoció que en esa charla se reprodujeron coloquialmente las posiciones que casa uno tenía en público– además, no le propone alternativa alguna en la charla para traer a los sospechosos y lograr que la investigación sobre el atentado avance.

El fiscal Gerardo Pollicita había tomado la frase que habla de los iraníes como “una manga de mentirosos” para exacerbar su acusación y decir que si Timerman sabía que mentían la negociación no era legítima. Pero dice Ballestero: “Cuando las palabras del ex funcionario son colocadas en contexto y reconocidas como lo que son, esto es, un giro dialéctico en pos de demostrar el acierto de la postura que se defiende, no es posible encontrar seriamente ni un indicio de un obrar delictual”. Freiler remata que la grabación “carece de todo valor como elemento probatorio pues no aporta ningún dato relevante para la pesquisa” ni “siquiera un indicio”.

El otro punto en que intentó apoyarse la DAIA fue que quedó firme, judicialmente, la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum. Ballestero dice que eso no cambia nada porque, de hecho, cuando analizó la denuncia de Nisman por primera vez él ya consideraba inconstitucional el Memorándum. Recuerda que él fue uno de los que firmó esa decisión, pero “que haya sido inconstitucional” no implica que haya sido la “canalización de un acto criminal”. Recordó que ni siquiera Nisman, que cuestionaba la constitucionalidad, planteó en su momento que tuviera rasgos delictuales. Y reflota un párrafo del fallo en que rechazó investigar la denuncia de encubrimiento: “El Memorándum de entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión par quienes creyeron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las víctimas a de la voladura a la amia hay un abismo”.

Ambos camaristas cuestionaron al fiscal de Cámara Germán Moldes ya que en su presentación en lugar de enfocarse en la discusión sobre si había razones para reabrir la causa se fue por las ramas. Intentó pedir la nulidad del primer fallo de los camaristas e introdujo la idea de que la calificación quizá pueda no ser encubrimiento sino, por ejemplo, traición a la patria, la misma que intenta impulsar Bonadio. Moldes, dice el fallo, “mostró desprecio por las formas procesales sustanciales cuyo respeto paradójicamente demanda”. Los camaristas piden poner atención en la causa que tiene Bonadio. El voto de Freiler señala que “hay un intento de sustraer la pesquisa de manos de su juez natural en el afán de que con un magistrado diferente la denuncia tenga otra suerte”. Y que “dicha maniobra no puede ser tolerada”.

Cuando la DAIA apele, la causa irá a la Sala I de la Cámara de Casación Penal, ahora integrada por Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

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Los camaristas Eduardo Frieler y Jorge Ballestero ratificaron la decisión que tomaron el año pasado.
Imagen: Joaquín Salguero /
 
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