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La Sala de Audiencias del Palacio de Tribunales tiene linaje: es la misma que sirvió de escenario al Juicio a las Juntas y a los responsables del levantamiento carapintada de enero del ‘90. “Afianzar la Justicia” promete la leyenda semiborrosa que está grabada sobre el crucifijo; a los lados, dos vitrales rectangulares; debajo, el sillón que ocupa Eduardo Moliné O’Connor, ministro de la Suprema Corte y en esta emergencia presidente del jury de enjuiciamiento que deberá dictaminar si el juez federal de Mendoza Luis Leiva continúa o no perteneciendo a la magistratura. Moliné O’Connor ocupa el centro del tribunal de 9 miembros. Al frente se sitúan el acusado y sus letrados, Carlos Parellada, Daniel Pirrello y Daniel Sabsay. Al costado, la acusación, encarnada por el senador ultramenemista Juan Carlos Picchetto, el abogado Juan Gersenobitz y Jorge Casanovas, ex titular de la Cámara de Casación y ex ministro de Justicia de Carlos Ruckauf. Al descargo de Leiva siguió un receso de dos horas. Cuando el acusado salió a almorzar y cruzó la esquina de Talcahuano y Lavalle observó sonriente cómo comenzaba a manifestarse un nutrido grupo de víctimas del “corralito”. “Banqueros chorros”, consignaba una de las pancartas. Al reiniciarse la audiencia pasó por el lugar un auto con vidrios polarizados. El conductor, infringiendo dos disposiciones a la vez, hablaba por celular. Llevaba, pese al día nublado, anteojos de sol. Era Carlos Liporaci, el juez subrogante que entre gallos y medianoche dispusiera la libertad del financista Raúl Juan Pedro Moneta, verdadero protagonista de esta sorprendente historia judicial.
A las ocho de la mañana, la secretaria del tribunal Silvia Catucci, dio lectura al texto de la defensa. Pasadas las once, Leiva comenzó a responder in voce los cargos formulados por la acusación. Lo hizo del mismo modo pausado y firme que mostrara en el Consejo de la magistratura. Sólo el persistente sudor de la frente y la mano helada que tendió a los cronistas daban cuenta de que la procesión iba por dentro. El acusado recordó al tribunal que sólo dos jueces habían llegado a esa instancia, en tanto la amplia mayoría había optado por una renuncia preventiva. A diferencia de ellos, “creo que un juez de la Nación debe dar explicaciones cuando se las piden”, dijo. Agregó que su juzgado había sido sometido a una virtual auditoría “pero las verdaderas razones de mi presencia aquí reconocen un único impulsor: Raúl Moneta y el poder económico que representa (...) Hasta la aparición del caso del banco de Mendoza II mi situación como juez podía calificarse de normal (...) Es a partir del caso del Banco de Mendoza II que me convierto en el juez más denunciado del país”.
La declaración de los testigos consumió la tarde: los abogados Ismael y Octavio Farrando, por la defensa; el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Rolando Galli Rey, por la acusación. Galli Rey sorprendió a los mendocinos presentes al contestar que ignoraba cuál era la sede del Banco Mendoza y que tampoco sabía en qué juzgado estaba radicada la quiebra de la entidad. Admitió, en cambio, la existencia de una denuncia presentada por los “colegas” Nicolás Canet y Eduardo Estrada contra los dos peritos contadores empleados por Leiva en la causa de la caída del Banco Mendoza. La denuncia sostenía que los técnicos habían emitido juicios de valor en sus pericias. Lo que omitió es que Canet y Estrada fueron procesados por Leiva en su calidad de presidente y síndico del Banco de Mendoza, antes de su privatización en favor de “el banquero de Menem”.