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Otro escándalo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Esta vez no se trata, como se repitió en los últimos años, de la renuncia forzada de sus decanos, sino de una dura lucha interna que la semana pasada afloró con el recambio de varios funcionarios de la gestión y con una denuncia contra la secretaria académica de la facultad. Según una presentación realizada por el ex secretario de Hacienda de Ciencias Económicas, Adolfo Reichenberg, la secretaria María Teresa Casparri incurriría en incompatibilidad de cargos en el sistema universitario al sumar cargos por más de 80 horas semanales y, además, percibir una jubilación de privilegio.
En la última sesión del consejo directivo, el hasta entonces secretario Reichenberg hizo una presentación ante el decano Carlos Degrossi denunciando las incompatibilidades en las que incurriría la profesora Casparri. La acusada ya era secretaria académica y en esa misma sesión, mientras otros secretarios eran reemplazados, fue reconfirmada en el puesto. El cargo de secretaria es de dedicación exclusiva, lo que implica 40 horas de trabajo semanal. Casparri tiene también un cargo de dedicación simple como profesora de la facultad, de 10 horas de trabajo: en esos conceptos, de acuerdo con la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y con lo afirmado por el secretario saliente de Hacienda, la UBA le paga mensualmente 4282 pesos.
A la vez, según la misma base de datos oficial, Casparri es profesora titular en la Universidad de Lomas de Zamora, donde suma una dedicación semiexclusiva –20 horas– y otra simple –10 horas– por 954 pesos. En total, dentro del sistema universitario nacional, la profesora tiene nombramientos que suman ochenta horas de trabajo a la semana, cuando, más allá de las limitaciones que impone la realidad, el régimen de incompatibilidades fija el tope en 50 horas. Al margen, el SINTyS informa que Casparri trabaja también en la Universidad del Museo Social Argentino y en la Contaduría General del Ejército. El sistema no detalla qué tareas realiza, pero sí que en la universidad cobra 1199 pesos y en la dependencia castrense 976. Los ingresos de Casparri se completan, otra vez según la fuente referida, con 4018 pesos de una jubilación de privilegio como ex vocal del Tribunal Fiscal de la Nación.
La presentación de Reichenberg recuerda que se trataría de una “abierta violación a lo dispuesto por el decreto 1306/00 que modifica el artículo 1 de la Ley 24241, estableciendo que ‘la percepción de beneficios previsionales... será incompatible con la percepción de remuneración por desempeño de tareas en relación de dependencia’”. Cabe aclarar que el decreto exceptúa las tareas docentes y de investigación, aunque no a otras. Sigue la denuncia de Reichenberg: “A los 13.605 pesos que percibe con la acumulación de estos conceptos, se agregan percepciones por 24.951 pesos durante 2001 por cursos de posgrado y actividades de consultoría sólo en la órbita de nuestra facultad. La doctora Casparri en clara incompatibilidad según toda la normativa vigente, ha cobrado un promedio de 15.684 pesos mensuales por el año transcurrido en el sistema universitario”. Reichemberg solicitó al decano que se haga una denuncia ante la Oficina de Etica Pública.
“Es verdad que la doctora Casparri cobra una jubilación pero, hasta donde yo sé, no es incompatible con el cargo. Consulté al director General de Administración de la facultad y él me informó que la doctora no tenía ninguna incompatibilidad”, dijo el decano Degrossi, en diálogo con Página/12. “Igual, iniciamos las actuaciones administrativas para aclararla situación –añadió–. María Teresa Casparri es un ejemplo de dedicación a la facultad.”
Después de pedir confidencialidad, un funcionario de Económicas se despachó: “Lo que acá sucedió es que hubo un desplazamiento de la gente vinculada con Giusti. Ese grupo era el que manejaba administrativamente a Económicas. La semana pasada se los sacó de la facultad y ahora están haciendo un sabotaje interno. Es una actitud mafiosa. Ya detectamos que alguien saboteó el sistema informático de las inscripciones estudiantiles y eso provocó una demora de una semana en el inicio de las clases”. La referencia era para José Luis Giusti, ex dirigente de Franja Morada y secretario de Hacienda de la UBA.