Ante un plenario de comisiones en el Senado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció que el Gobierno postergará la puesta en marcha de los juicios por flagrancia, en respuesta a un reclamo de los fiscales que habían manifestado su preocupación por la incapacidad logística de la Justicia en poner en marcha ese tipo de procesos. El mecanismo que se utilizará será la postergación de la publicación en el Boletín Oficial de la ley, sancionada por el Congreso el 7 de septiembre último. Garavano presentó modificaciones al nuevo Código Procesal Penal y estimó que la implementación de las reformas “llevará varios años”. El ministro señaló que el nuevo Código buscará restringir las excarcelaciones “para no entorpecer el accionar de la justicia” y concretar las detenciones de quienes estén condenados en juicio oral y no van a prisión hasta que haya sentencia firme. Reclamada por el Gobierno como una herramienta para terminar con la denominada “puerta giratoria” judicial, la ley de flagrancia crea un nuevo procedimiento que acortaría los plazos de los procesos penales.