El juez federal Daniel Rafecas dictó el sobreseimiento y declaró inimputable por “estado demencial” a la hermana Alba en la causa donde se pretendía investigarla como supuesta encubridora del detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, apresado al intentar esconder casi 9 millones de dólares en el monasterio de General Rodríguez a cargo de esta religiosa. Para tomar esa decisión, Rafecas se basó en informes de dos juntas médicas a las que fue sometida la religiosa de 95 años, que concluyeron que no está en condiciones de enfrentar un proceso penal, informaron fuentes judiciales.

La monja Alba Día de España Martínez Fernández, que permanece postrada en su habitación del convento, había sido señalada por las otras religiosas del monasterio de General Rodríguez, que dirige, como la que dio la orden de abrirle la puerta a López la madrugada del 14 de junio pasado, cuando llegó al lugar en su camioneta con bolsos y valijas que contenían 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 159.114 pesos y dos relojes y una carabina. No obstante, la mujer nunca llegó a declarar en la causa.

La mujer fue sometida a dos revisiones médicas para determinar su estado cognitivo. La primera fue desarrollada por el Cuerpo Médico Forense. La segunda, solicitada por el fiscal del caso, Federico Delgado, en agosto pasado. El médico forense Maximiliano Luna; el jefe del Servicio de Neurología Forense, Osvaldo Fontinoni; y psicóloga forense Adela Orggatti visitaron a la monja en General Rodríguez y concluyeron que “no se encontraría en condiciones de declarar con discernimiento o introspección razonables”, ni “poseería cognición suficiente para comprender y poder interactuar coherentemente”, en coincidencia con un dictamen anterior que habían emitido profesionales del Cuerpo Médico Forense.

La última junta médica que la examinó encontró a la hermana Alba “desorientada, particularmente en tiempo; el conocimiento de hechos concernientes a sí misma se mantiene, pero es parcial, fragmentado e incompleto”. Los especialistas señalaron que esos problemas “son los propios de un trastorno cognitivo moderado-grave, y corresponden a un estado demencial en estado moderado”, por lo que, añadieron, “no tendría memoria y otras funciones cognitivas suficientes para responder con veracidad a las preguntas efectuadas”. En base a esos informes, Rafecas resolvió sobreseerla.

López y otras religiosas que ese día estaban en el lugar y lo ayudaron a ingresar los bolsos están imputados por enriquecimiento ilícito. López cumple prisión preventiva y fue embargado por 220 millones de pesos. También está procesada su esposa, María Amalia Díaz, como “partícipe necesaria” del enriquecimiento de su marido.

La misma suerte corrieron los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, que tuvieron a su nombre una propiedad en Dique Luján de la que el ex funcionario decía ser inquilino. La hermana Celia Inés Aparicio, quien abrió la puerta del monasterio a López la madrugada en que quedó preso, fue beneficiada con falta de mérito hasta que concluyan medidas de prueba. Su declaración era considerada decisiva por el fiscal para determinar si las otras dos monjas, María Antonia Casas y Marcela Estefanía Albín, “mintieron al prestar declaración testimonial y también formaron parte del encubrimiento” a López. Delgado ya fue notificado de su sobreseimiento y, según aseguraron fuentes judiciales, no apelará la decisión.