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Eran cajas de cartón prolijamente cerradas, puestas en hilera, todas con los mismos sobres y, dentro, iguales cartas individuales de impugnación a la candidatura de Carmen Argibay para la Corte Suprema. Así llegaron al Ministerio de Justicia más de 11 mil copias de un texto basado en argumentos como los que usó el Episcopado para atacar a la postulante que impulsa el Gobierno. En las oficinas a cargo de procesar la información tuvieron que agregar personal. Hubo organizaciones de mujeres que reclamaron: las notas de rechazo estaban tomadas de una muestra que aparecía en la página Web del ministerio que, sin embargo, no ofreció una equivalente de adhesión. Pero contra el show de “las cajitas de la Iglesia”, como las bautizó un empleado, ayer, en el último día para presentar opiniones, los avales institucionales cuadruplicaron a los rechazos. Ese es, para los evaluadores, el verdadero termómetro.
En el ministerio de Gustavo Beliz, cerca de cerrar la recepción de respaldos y objeciones ayer a la tarde, hacían este balance: hubo un fuerte apoyo institucional a Argibay, especialmente de la comunidad jurídica y de organismos de derechos humanos, con más de 150 adhesiones locales e internacionales, mientras que las cartas de entidades críticas, pro-familia y ligadas a la Iglesia en su mayoría, sumaron unas cuarenta.
A favor, entre las últimas presentaciones se anotaron el Colegio de Abogados de la Capital Federal, la Asociación por los Derechos Civiles y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros. También mandó su apoyo el bloque Socialista de diputados y la asociación Fores, que en su momento objetó a Raúl Zaffaroni, dio un respaldo crítico. Entre las voces adversas, el malestar que la Conferencia Episcopal había mostrado en un comunicado que no mencionaba directamente a Argibay, quedó explicitado en una presentación al ministerio. Los obispos están enfadados porque la jueza de tribunal internacional se definió como “atea militante” y defiende la libertad de decidir de las mujeres. Para ellos el ateísmo es inconstitucional.
Fundamentos en línea con los episcopales, aparecieron en un modelo de carta de la que llegaron más de 11 mil copias ensobradas y en cajas selladas que desfilaban ante la mirada absorta de una legión de empleados públicos. Eran textos a título individual, evidentemente promovidos y recolectadas por una maquinaria organizada y dispuesta a invertir unos cuantos pesos. Para dar una idea, cuando se postuló a Zaffaroni, este tipo de cartas fueron 900. La llegada de los avales individuales fue más caótica. A última hora se entregaron más de 2000. Hubo quejas de gente que llamaba al organismo y recibía instrucciones contrapuestas.
El jueves, representantes de organizaciones de mujeres (como el Foro por los Derechos Reproductivos, Cladem, Mujeres en Igualdad y la Red de Mujeres Solidarias) se entrevistaron con el viceministro, Abel Fleitas, y le plantearon los escollos discriminatorios que venían padeciendo: nunca les concedieron “colgar” en Internet una carta de aprobación para equilibrar con la de impugnación, lo que habilitó una “cadena en contra” y no una “a favor”. En la planilla de adhesiones individuales, dijeron, se aclaraban los motivos de objeción con la frase opiniones sobre aborto y atea”, pero junto con los avales no decía nada. Advirtieron incluso que las cartas de cadena no siempre llevaban los datos que a ellas les exigían, como el DNI. Fleitas alegó problemas de desborde producto de un intento de ser transparentes.
Ahora está en estudio la información de AFIP sobre Argibay y, en una semana, el Ministerio de Justicia elevará un informe al presidente Néstor Kirchner. Para marzo el pliego estaría en el Senado, con todo listo para una nueva pulseada divina.