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Por Adriana Meyer e Irina Hauser

La historia del alejamiento de Nicolás Becerra tras casi diez años al frente de la Procuración General de la Nación bien podría calificarse como la crónica de una renuncia anunciada. “Una salida elegante”, sintetizaron ayer en la Rosada y en Tribunales. Desde su casa en Mendoza el propio funcionario, que llegó al cargo de jefe de los fiscales al inicio del segundo mandato de Carlos Menem, confirmó que en diciembre el presidente Néstor Kirchner le ofreció integrar el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Ahora que el Gobierno ya tiene candidato en la mira, y el nombre que más suena es el de Esteban Righi, la renuncia formal de Becerra se produciría la semana próxima. A partir de ese momento, el aspirante a ocupar el sillón de Becerra deberá someterse al mismo proceso de evaluación pública que los jueces de la Corte Suprema, previo a la proposición del Ejecutivo al Senado.
En el ámbito judicial Página/12 recogió una versión que difiere levemente de la brindada por el propio Becerra, pero que fue confirmada por una altísima fuente oficial, según la cual en diciembre el procurador presentó su dimisión y el Presidente le prometió que en febrero resolvía el tema. De hecho, los rumores sobre su partida del edificio de la calle Guido se habían transformado en un clásico casi semanal durante los últimos seis meses. Pero en diciembre se intensificaron y fueron desmentidos como en las anteriores oportunidades. Los funcionarios más allegados a Becerra recibían de él la misma frase cada vez: “No renuncio, me ofrecieron algo pero no renuncio”. Sin embargo, todos ellos agregaban un “todavía” porque era un secreto a voces que el mendocino daba por concluida su tarea al frente del ministerio público, esa institución extra poder que cobró independencia del Poder Ejecutivo con la reforma de la Constitución, en 1994. Desde el punto de vista de la política judicial, todas las fuentes consultadas coincidieron en que no hay motivos para que su alejamiento se haya transformado en una necesidad.
Tal como lo hizo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Becerra demostró tener más muñeca política que lealtad partidaria, riojana o incluso mendocina. Su relación con el actual ministro de Justicia Gustavo Beliz no evidenció ningún flanco conflictivo, y hay quien destaca que la Procuración entregó gustosa algunos de sus “cuadros más combativos”, en alusión a Norberto Quantín, Pablo Lanusse y José María Campagnoli, que pasaron a revistar en la cartera de Justicia y Seguridad. A tono con los tiempos que corren, Becerra se pronunció recientemente a favor de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por la imprescriptibilidad de delitos como el de sustracción de menores, hijos de desaparecidos, y a favor de ahorristas afectados por las restricciones bancarias.
Con el inicio de febrero, volvieron las versiones. Esta semana en la Procuración ya admitían que Becerra “tiene ganas de irse”, que “en diciembre lo habló con Kirchner” y que como el Gobierno no tenía aún ningún candidato para reemplazarlo le habían pedido que esperara. Hasta ayer oficialmente todo era negado, mientras algunas fuentes admitían que la renuncia ya estaba hace tiempo a consideración del Presidente. Allegados a Becerra dijeron a la agencia DyN que “habló hace tiempo con el Presidente y le planteó que había cumplido un ciclo y que tenía cierto agotamiento propio de su gestión”. Según Télam, el encuentro en la Casa Rosada se produjo la semana pasada, y el Presidente le habría ofrecido en ese momento su nominación al tribunal. Kirchner no tuvo problemas con él pero jamás le tuvo confianza.
En diálogo con Página/12, Becerra relató que el presidente Kirchner lo llamó para ocupar un lugar en el Tribunal del Mercosur, un organismo que estará conformado por un miembro por cada país y un quinto de carácter rotativo, y tendrá como objetivo la resolución de controversias entre los países miembros o con terceros países extra Mercosur en asuntos aduaneros, impositivos y migratorios. El saliente procurador tiene intenciones deocupar una área de derechos humanos, cuya creación propondrá. La formación del organismo fue acordada en la Cumbre de Buenos Aires y comenzará a funcionar a partir de marzo en la ciudad de Asunción.
Mientras se produce el proceso de selección de su sucesor, el puesto sería ocupado por alguno de los cuatro procuradores fiscales ante la Corte Suprema, con cierta chance a favor del más antiguo, Luis González Warcalde. El Gobierno todavía no difundió el candidato presidencial para reemplazar a Becerra, pero uno de los nombres que circula es el del ex ministro del Interior Esteban Righi, quien es titular del departamento de Derecho Penal de la UBA y fue mencionado en reiteradas oportunidades como candidato a la Corte. Sin embargo, ayer circularon también los nombres del camarista platense Leopoldo Schiffrin y del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.