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Cuando el miércoles se conozca públicamente el veredicto del jurado que investiga el presunto “mal desempeño” del camarista Ricardo Lona tal vez se comience a reparar, aunque solo sea en una mínima parte, un crimen político de la dictadura que ya lleva 28 años sin castigo. Al magistrado se lo acusa de haber consentido y posteriormente no haber investigado el traslado que terminó con el fusilamiento de 12 presos políticos en la localidad salteña de Palomitas; haber sido judicialmente indulgente con un matrimonio francés que suprimió la identidad de un menor para su adopción, y haberse desempeñado como albacea testamentario (actividad no permitida para los jueces) de una herencia de 60 millones de pesos, perteneciente a un destacado integrante de la sociedad norteña, vecino y amigo suyo. Más allá del veredicto del tribunal, los testimonios escuchados en el jury hablan por sí mismos.
Desde diciembre el Consejo de la Magistratura escuchó escalofriantes testimonios acerca del comportamiento del magistrado sobre las innumerables denuncias de torturas que se acumulaban en su juzgado. También se denunció su –cuando menos– inacción frente a una de las dos más grandes masacres de presos políticos ocurridas durante la dictadura. No faltaron tampoco elogios hacia el magistrado realizados por un abanico que va desde el gobernador Juan Carlos Romero al obispo de Salta, pasando por Enrique Petracchi, presidente de la Corte Suprema.
El caso Palomitas
El 6 de julio de 1976, 11 presos políticos fueron retirados del penal salteño de Villa Las Rosas por efectivos del Ejército. Donde hoy se levanta una casilla de peaje en la ruta hacia Tucumán, dos detenidas, Georgina Droz y Evangelina Botta, fueron separadas del resto. Quienes quedaron en el celular fueron fusilados y estas dos mujeres fueron dinamitadas en el interior de un Torino secuestrado a un conductor que circulaba por el lugar. También fue fusilado allí un ingeniero jujeño, Ernesto Turk Llapur, que estaba desaparecido en Jujuy. La explicación oficial fue la de un intento de fuga. Que algunos murieron y que el resto huyó. Posteriormente fueron diciendo que algunos de los prófugos habían ido muriendo en otros enfrentamientos. Droz y Botta continúan figurando como desaparecidas.
Al realizar la acusación, la diputada del ARI Marcela Rodríguez señaló lo siguiente: “Teniendo conocimiento de la posibilidad de que (los prisioneros, la mayoría de ellos a su cargo por tener causa judicial) podrían ser ejecutados clandestinamente (en el supuesto traslado)... Lona no pidió informes, no intentó averiguar circunstancia alguna del traslado, no se decidió a controlar que el procedimiento de traslado fuera realizado conforme a la reglamentación, en términos correctos, no se constituyó en el lugar, se desentendió absolutamente”. Para la legisladora no quedan dudas de que Lona conocía las implicancias que podría tener ese traslado. De hecho citó innumerables denuncias de torturas denunciadas en su despacho que no fueron investigadas y que hacían prever la masacre.
“Probablemente la más desgarradora de todas las declaraciones sea la de Evangelina Botta de Linares”, señaló la diputada. “Botta declara ante el juez Lona que durante siete días le aplicaron torturas, vejámenes, picana eléctrica, de nuevo, en la vagina, en los genitales; la tuvieron desnuda en una cama durante sesiones de tres y cuatro a veces por día durante siete días; golpes por todo el cuerpo, le arrancaron el cuero cabelludo, llegó a exhibir la cicatriz que tenía sobre la oreja, donde demostraba estas lesiones; amenazaron a sus hijos. Y, más aún, Evangelina Botta de Linares, meses antes de la masacre de Palomitas, le dijo al juez Lona que la habían amenazado con que iban a fraguar su fuga para poder asesinarla”. Luego de repasar todos los pormenores del traslado, la diputada señaló que Lona aceptó la versión de la fuga a pesar de tener indicios de que esto no era así. Y agregó Rodríguez: “Lona sabía en el ‘76 cuál era la explicación obvia, sabía que (los prisioneros) habían ido a la muerte, sabía que había sido una ejecución clandestina, sabía que había sido una masacre. Sin embargo, no tomó ninguna medida. Si, por ejemplo, hubiera realizado las autopsias del matrimonio Avila, inmediatamente se hubiera enterado de que esto era un fusilamiento. Mostraban orificios de balas en el cráneo y a pocos centímetros. Si hubiera llamado al personal policial o al personal que fue al lugar del hecho se hubiera enterado de que los únicos rastros de sangre estaban en el Torino, donde había dientes, uñas, sesos, que había cuerpos dinamitados en la camioneta, que no había huellas de frenado. Pero no tomó ninguna de esas medidas”.
Más allá de la fuerza de los hechos, ahora les tocará al juez de la Corte Augusto Belluscio, al senador radical por San Luis Jorge Agúndez, al senador kirchnerista por Chubut Sergio Gallia, al diputado menemista por La Pampa Manuel Baladron, y a los jueces y abogados Horacio Billoch Caride, Enrique Basla, Guillermo Sagués, Sergio Dugo y Eduardo Roca decidir si Lona sigue o no.