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Nuevamente llegó a la Argentina una misión técnica del FMI. Desde hoy, su tarea será monitorear las metas acordadas en septiembre para conceder la aprobación a la segunda revisión. Las señales y mutuas concesiones previas, suba de tarifas incluida, indican que puede esperarse un rápido acuerdo, aunque siguiendo el estilo del Fondo la decisión última se tomará sobre el filo de la hora. La razón es que en el corto plazo la falta de acuerdo sería más negativa para el FMI que para el país, que desde el default con los privados ha realizado multimillonarias transferencias netas al organismo. Además, de acuerdo con lo expresado a Página/12 por economistas de distintas corrientes ideológicas, al Fondo ya no le quedan instrumentos de presión. Ni siquiera en el improbable escenario de una completa cesación de pagos.
La persistencia temporal de cualquier conjunto de ideas tiene un efecto adicional que va más allá de su propio contenido. Tal persistencia supone repetición de los axiomas que sostienen el conjunto. El círculo se cierra cuando el axioma, a fuer de repetido, comienza a parecerse a la verdad. En la economía argentina, tanto pre como post default, se ha dado por cierta la presencia de una amenaza blandida como justificativo de ajustes e inmensas transferencias intersectoriales de recursos. Se trata, claro, de la gran hecatombe que sobrevendría en caso de no seguirse a rajatabla los dictados del poder financiero internacional. Esto es, los temibles efectos de “no arreglar con el FMI”. En un contexto en que semejante escenario parece conjurado, Página/12 consultó a un grupo de economistas de distintas corrientes para que analicen la verdadera fuerza a disposición de quienes negocian con la Argentina.
Para el economista de la CTA Martín Hourest, existen tres elementos que minimizan la capacidad real de presión de los acreedores. El primero es que el comercio exterior argentino no está vinculado en absoluto al sector público, sino que se trata, en su totalidad, de transacciones entre privados. “Las cerealeras, Pérez Companc, las aceiteras, Techint, las terminales automotrices y las autopartistas no dependen para sus operaciones comerciales de cómo le vaya al Estado”, consideró. La realidad es que salvo en los aspectos impositivos –que, como se verá, no son una cuestión menor– la relación del sector público con sus acreedores, sean organismos o tenedores privados, no afecta el giro privado de negocios. El segundo, que complementa al primero, es que el sistema de pagos, luego del remezón de 2002, ya está normalizado. El problema, y este es el tercer elemento, reside en los pagos del sector público. En una economía capitalista el excedente productivo no pertenece al Estado, sino a los privados. El sector público puede apropiarse de este excedente a través de los impuestos. Si no hay pagos al exterior porque se produce una ruptura hipotética con el FMI, este excedente queda en el país. Esto es, se corta la transferencia de ahorro interno hacia el exterior –el flujo de ahorro externo hoy es negativo–, lo que refuerza la capacidad de inversión interna y, en consecuencia, la posibilidad del crecimiento sostenido. Por supuesto, un escenario semejante supone un absoluto control de cambios que neutralice la fuga de capitales. “Sin pagar al exterior la Argentina produce mucho más de lo que hoy invierte y consume”, concluye Hourest.
Por su parte, el economista Ernesto Kritz, director de la Sociedad de Estudios Laborales, consideró que actualmente la verdadera presión ya no viene directamente del FMI, sino del Grupo de los 7 países más ricos. “La realidad es que en el improbable escenario de un default con el Fondo, su staff se vería en serias dificultades. Especialmente su planta permanente, de Anoop Singh para abajo”, sostuvo. “Son ellos quienes tendrían que explicar el inmenso rojo con Argentina. Para muchos sería el fin de sus carreras, porque fueron quienes revisaron las cuentas e hicieron las recomendaciones”, agregó. Así, tanto si Argentina no pagase como si optase por dejar de respetar el carácter de acreedor privilegiado del FMI, el más afectado sería el propio Fondo. Sin embargo, Kritz agregó que, frente a laruptura, la presión vendría de los gobiernos del G-7. “Una declaración negativa del G-7 tendría un efecto muy negativo y bajaría las expectativas de crecimiento, incluso en el corto plazo, porque afectaría las decisiones de inversión” internas y externas, describió. Para el director de la SEL, sin ahorro externo futuro el país no podría mantener sus actuales niveles de crecimiento. “Argentina necesita superar el nivel de producción que le permite su actual capacidad instalada”, concluyó.
También para el economista Héctor Valle la verdadera capacidad de presión de los acreedores dejó de residir en las decisiones de los organismos financieros. Una ruptura con el FMI, que consideró sumamente improbable, se traduciría en un fortísimo embate del G-7 contra el país. Para el director de Fide, la cesación de pagos “no es un fenómeno que pueda tomarse a la ligera”, no sólo porque se afectarían las decisiones de inversión, sino porque la presión podría llegar hasta las represalias comerciales. Aunque aclaró que ésta sería una respuesta de máxima, explicó que un doble default, con los privados y con los organismos, generaría un efecto cascada que podría llegar al embargo de las exportaciones y al derrumbe de los bonos comerciales emitidos por empresas que le compran a la Argentina (warrants) en los principales mercados mundiales de commodities. En las inversiones, el recorte sería total. Se trata, claro, de un escenario extremo en el que el capital transnacional decide abandonar por completo sus rentables inversiones locales. Situación que no se produce ni en Cuba.
En cualquier caso, hasta que llegue el momento de la verdadera próxima discusión –las pautas de superávit fiscal para el 2005 y 2006–, el poder financiero internacional seguirá con el latiguillo de la “buena fe”. Aunque no exista un manual que la defina, por oposición podría decirse que, si “mala fe” es la negación de los pagos, “buena fe” es cierta vocación de pagos en función de la capacidad efectiva de afrontarlos. Capacidad efectiva que sí fue definida y firmada por las partes. Se trata del 3 por ciento del PIB acordado en septiembre. Adicionalmente, el hecho de que se crezca más no significa que automáticamente el sector público esté en condiciones de realizar mayores pagos. Como destacó Hourest, esta relación debe ser mediada por mayores impuestos. En el actual contexto, entonces, lo que parece estar en debate es la porción de beneficios que le queda al empresariado local, dato que explica su cerrado apoyo a la “causa nacional” de 75 por ciento de quita. La forma de esta negociación será dada por la tarea del sindicato de bancos que logró conformarse luego del encuentro en Miami. Para ello habrá que llenar los infinitos agujeros que dejaron los lineamientos presentados en Dubai: la posibilidad de incluir o no los intereses devengados desde el default, la discusión de la quita sobre el valor presente o nominal y la posibilidad de un pago inicial en efectivo.