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No fue martes, ni viernes 13, pero para Carlos Menem llegaron malas noticias. El portavoz de la Oficina Federal de la Policía en Berna, Folco Galli, admitió que la Justicia de Suiza aceptó el exhorto enviado por el juez federal Norberto Oyarbide pidiendo informes sobre la existencia de cuentas bancarias a nombre del ex presidente y de 57 personas de su entorno. El funcionario señaló también que la comunicación judicial ya le fue girada a la jueza de Ginebra, Christine Junod. Oyarbide también giró exhortos a otros 14 países. Esta pesquisa comenzó luego de que Menem reconociera a la cadena televisiva CNN la tenencia de una cuenta bancaria de 650 mil dólares y se abriera una causa por “omisión maliciosa”. No le fue mejor al riojano en los tribunales federales en lo Penal Económico, donde continúa la investigación por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. El juez de ese fuero, Julio Speroni, solicitó a Junod, que bloquee fondos de 33 cuentas presuntamente vinculadas con el affaire. Noticias que muestran el ocaso de un hombre que elegía autodefinirse como “exitoso”.
“Basta de mentiras y persecuciones políticas”, había afirmado Menem desde Santiago de Chile en una nota periodística. Luego de su inicial negativa a presentarse a las audiencias judiciales por su “lesión en el hombro”, en la capital chilena se comentó repetidamente que el ex presidente había recurrido a los servicios profesionales del abogado Gabriel Zaliasnik, vinculado con la derecha trasandina. Tal fue el ruido que generaron las movidas del riojano que el portavoz del gobierno chileno, Francisco Vidal, respondió que “no corresponde dar asilo porque tanto en Chile como en la Argentina hay estado de derecho”.
Tanto en la causa de Oyarbide, como en la de Speroni, fueron las respectivas cámaras judiciales las que impulsaron la investigación. Luego de los dichos a la CNN y de desestimar una serie de medidas, que en su momento había reclamado el fiscal federal Carlos Stornelli, Oyarbide había dictado la falta de mérito. Fue la Sala II la que le ordenó que citara a Menem a prestar declaración indagatoria. Algo parecido sucedió con Speroni. El sobreseimiento que el magistrado penal económico le dictó en su momento a Menem fue apelado ante la cámara del fuero por la AFIP.
Entre las personas investigadas por Oyarbide se encuentra el empresario de camisas y ex titular de la Casa de la Moneda Armando Gostanian y su hijo Miguel. También figuran en los pedidos de información remitidos a Suiza Eduardo Menem, Zulema Yoma, Cecilia Bolocco, Ramón Hernández y otros familiares y amigos.
Entre los listados de firmas que Oyarbide aportó a sus pares suizos figuran 29 compañías. Se destacan Seabrook, Pacific y South Pacific Trade. Ambas empresas habían sido mencionadas en el informe que había elaborado Elisa Carrió al frente de la Comisión contra el Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados. Ambas firmas aparecían vinculadas a negocios del ex procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, y del mendocino José Luis Manzano.
En los listados de firmas relacionadas con la venta ilegal de armas aparecen Elthan Trading y Hayton Trade, dos empresas pertenecientes al ex coronel Diego Palleros, intermediario en la operación. Speroni también reclamó informes sobre la empresa Argmine Investment, en la que, de acuerdo con la comisión parlamentaria contra el lavado de dinero, estaría involucrado Alberto Kohan, mano derecha del ex presidente.