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Por C. C.

La norteamericana Azurix, subsidiaria de la quebrada Enron, es otra de las firmas que esperan un laudo del Ciadi, donde sus responsables acusaron al Estado nacional de violar un acuerdo de inversión a raíz de la decisión de la provincia de Buenos Aires de rescindirle el contrato que la comprometía a proveer el servicio de agua potable. Para desbaratar el planteo, la defensa argentina intenta demostrar no sólo que quien abandonó la concesión es la empresa demandante sino que ésta habría replicado aquí todas las maniobras objetables de su controlante norteamericana.
“Azurix es un capítulo fundamental del escándalo Enron” y ambas incurrieron en las mismas “cuestionables prácticas contables, una desenfrenada política de expansión y expectativas no realistas en la formulación de sus políticas de negocios”, sentencia el texto que la Procuración Nacional del Tesoro elevó a los miembros del tribunal arbitral bancomundialista para frenar los reclamos indemnizatorios privados.
Esta fallida privatización bonaerense se transformó en otro caso litigioso donde existen reclamos cruzados. Azurix recrimina a la provincia de Buenos Aires haberle rescindido unilateralmente el contrato, haciendo caso omiso de sus incumplimientos, y denunció a la Nación por presunta violación del tratado binacional de inversiones. El Estado provincial le reprocha haber abandonado la concesión y le exige alrededor de 640 millones de pesos por canon e inversiones no honradas, más la reparación de daños ocasionados a la provincia por sus deficiencias en la prestación.
El punto de partida de esta historia ha sido una oferta de las denominadas “temerarias”, según los ítems que se evalúen, “entre 6 y 18 veces superior a la de el oferente inmediato siguiente. Según interpretaron en su escrito los técnicos de la Procuración, esa propuesta descollante sólo tuvo como propósito respaldar la oferta pública de acciones con la que Azurix buscó capitalizarse en el mercado internacional en 1999. Logrado este cometido, la compañía no cumplió con los compromisos asumidos de canon, obras y, naturalmente, tampoco en la calidad esperada de la prestación.
El eje de los defensores públicos es demostrar que en ese penoso derrotero Azurix acompañó “el escandaloso colapso de Enron”, cuya quiebra tuvo lugar en el 2001, cuando ya no había dudas sobre la adulteración de sus balances y quedó al descubierto el amparo político de sus directivos. Cuando la empresa que ofrecía el servicio de agua ya no contó con la asistencia de su controlante, terminó en concurso de acreedores y abandonando de hecho sus obligaciones contractuales.
El desafío argentino es convencer a los árbitros del Ciadi que el rescate de la concesión fue por imperio de esas circunstancias, generadas por las cuestionables prácticas de la adjudicataria. Obviamente, la Procuración omitirá cuidadosamente admitir los errores en que ha incurrido el propio estado provincial, comenzando por la aceptación de una oferta dudosamente generosa. Circunstancia similar a la rescisión del contrato con Siemens, responsable de la impresión de los DNI a la que la administración menemista concedió extraordinarias ventajas y la aliancista bloqueó con torpezas administrativas.