EL PAíS › UN JUEZ DE NEUQUEN FALLO CONTRA CUATRO MILITANTES

La protesta social a juicio

Por Elio Brat
Desde Neuquén

El juez de Neuquén, Hugo Saccocia, rechazó la probation presentada por el abogado de los cuatro procesados por la llamada “Pueblada zapalina”, ocurrida en septiembre del 2001. De esa manera, el juez dispuso llevarlos a juicio oral y público, en fecha a confirmar. La medida aporta a la judicialización de la protesta social, algo que ya muchas veces fue rechazado por distintas organizaciones sociales de Neuquén, especialmente las sindicales como la CTA, de derechos humanos como la APDH, la Asociación Zainuco y la Corriente por los Derechos Humanos.
“Se nos quiere llevar a juicio por haber conseguido, durante ocho días de nieve y lluvia y cortes de rutas, 13 millones de pesos para la ciudad de Zapala”, dijo a Página/12 Eduardo “Dady” Rubio, uno de los cuatro procesados por el juez Saccocia. Los otros tres –de once en total que fueron acusados en un principio del proceso de la llamada “Pueblada zapalina”– son la madre de Dady, Martha Quiroga de Rubio; el secretario general del gremio municipal zapalino, Marcos Masiocchi; y Juan Matus, vecino y desocupado de Zapala. Los cuatro, de no surgir ninguna novedad, irán a juicio en breve.
Dady Rubio, quien se desempeña como periodista de FM Sur y conduce un programa de televisión en el canal de Zapala, recordó a este diario los logros obtenidos en la protesta de septiembre del 2001 y por la cual se los quiere enjuiciar y condenar. “Se logró regionalizar el Iadep, para que el dinero de los amigos del gobernador (Jorge Sobisch) no sean créditos impagables. Se logró un Ente de Desarrollo Local con 2.700.000 pesos por año, por tiempo indefinido. También se logró 2.300.000 pesos durante el 2002 y 2003 para obras públicas”, remarcó Rubio. Y agregó que “se juntaron 12 mil firmas pidiendo una política petrolera distinta en Neuquén”.
Rubio fue acusado en Zapala de ser el “instigador” del conflicto con las comunidades mapuches Millaqueo y Cheuquel. La denuncia fue realizada ante la Justicia por Carlos Natalio Sapag, las empresas Ambar SA y Riscos Bayos. “Justamente, la semana pasada se recibió una carta documento de la empresa Ambar, presionando por lo que ellos llaman la libertad de prensa”, dijo Rubio a Página/12, agregando con sorna que resulta evidente que “un periodista no puede ser un militante social”.

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