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El sábado este diario publicó una nota de Julio Nudler sobre la Auditoría General de la Nación. El artículo sirve para profundizar un debate que no empezó ahora: el de los organismos del Estado convertidos en cotos de caza de puestos, cargos y cajas. La situación es anterior al Pacto de Olivos realizado para permitir la cláusula de reelección que reclamaba Carlos Menem, pero sin duda el pacto agudizó lo que un italiano llamaría “loteo del Estado”. En ese loteo, unos se quedan con una porción del aparato estatal y otros con otra. La convivencia se basa, en ese caso, no en el juego de oficialismo y oposición sino en una serie de fintas que remedan, solamente, las dos posiciones. Unos hacen de oficialistas y otros de opositores, en una obra de ficción donde las dos partes se van alternando de acuerdo a quien ejerce el Poder Ejecutivo.
Si esto es malo para cualquiera de los tres poderes, es peor si afecta a un órgano de control como la AGN.
En los últimos años, la AGN funcionó de ese modo. Basta citar un nombre: presidió el colegio de auditores Rodolfo Barra. Antes había redactado pliegos de privatización, había sido parte del equipo de Roberto Dromi en Obras Públicas, luego defendió las privatizaciones como ministro de la Corte Suprema y terminó en el Ministerio de Justicia tras dejar su puesto precisamente como parte del Pacto de Olivos. También pasó por el Orsna, el órgano que supuestamente controla la operación comercial de los aeropuertos.
El presidente actual de la AGN es Leandro Despouy. La pregunta es: ¿la Auditoría sigue igual que siempre? Y la respuesta antes hubiera sido una sola: sí. La respuesta hoy es otra: sí y no al mismo tiempo.
La continuidad es conocida. Una parte de los vicios continúan. Por ejemplo, los enjuagues entre auditores. Y una parte de los auditores siguen en funciones y provocan enormes dudas sobre su vocación de control. El caso más notorio es el de César Arias. Arias fue secretario de Justicia de Carlos Menem, una época en que el Ejecutivo inutilizó los órganos de control, domesticó el Poder Judicial y lo inundó de funcionarios dependientes.
Pero hay también una discontinuidad fuerte, marcada por el perfil personal de Despouy. A diferencia de otras gestiones, Despouy no fue acusado de haber tenido relación con las empresas privatizadas ni de haber cohabitado con sus intereses.
El perfil de Despouy, en rigor, estaba perfilado hacia los derechos humanos. Luego del exilio en Francia fue director del área en la Cancillería en el gobierno de Raúl Alfonsín, y desde allí contribuyó al armado del juicio a las juntas de 1985. Luego volvió a ser funcionario de derechos humanos en la ONU y en el gobierno de la Alianza retomó el cargo, desde donde se opuso al rechazo a las extradiciones de represores y sorteó los obstáculos que impedían el comienzo del juicio a Carlos Suárez Mason en Italia.
Esta información se consigna solo como dato: ni ser víctima de violaciones a los derechos humanos ni haberlas combatido basta para dar a nadie inmunidad política para cometer desastres el resto de su vida.
El debate, pues, parte de otro punto: ¿Despouy es la continuidad de Barra? Por primera vez en la historia reciente de la AGN, personajes como Arias fueron un salvavidas de plomo y no un socio para el presidente del organismo de control. Y es la primera vez, también, que el jefe de la AGN salta obstáculos no para cotizar su propia caja negra sino para lograr dictámenes de contenido concreto. Un ejemplo es el PAMI, donde el documento de la AGN sirvió para intervenir la obra social de los jubilados. Otro, el dictamen que llevó a la reestatización del Correo. O unas setenta presentaciones penales que ahora dependen de si toca un juez de la línea Arias o un magistrado con ganas de investigar. En los próximos días el Congreso discutirá si la AGN debe someterle sus dictámenes antes de darlos a publicidad. ¿Lo hace para garantizar informes poderosos o para lavarlos? El antecedente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, la misma que dominaban los senadores Emilio “El Obispo” Cantarero y Jorge “Juncadella” Massat, obliga a inclinarse más por la segunda chance que por la primera. Y Despouy no sería el socio a conservar sino el obstáculo a remover.