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Primero apareció el nombre de Raúl Granillo Ocampo. Fue en abril, cuando su antiguo secretario privado reveló en el juicio a María Julia Alsogaray que mientras su ex jefe era ministro de Justicia todos los meses retiraba para él un sobresueldo de 50 mil pesos. Aquel sacudón terminó en una nueva investigación, a cargo del fiscal Guillermo Montenegro, que ahora comenzó a extender las sospechas a otros miembros del gobierno menemista. En los próximos días citará a declarar a los ex secretarios de Claudia Bello, Jorge Domínguez, Alberto Mazza y Beatriz Gutiérrez Walker, ya que existen indicios de que habrían pasado a cobrar el plus para sus superiores. El telón de fondo de toda esta trama es la plata negra de la SIDE.
La pesquisa tiene dos grandes pilares. Uno apunta a determinar quiénes se beneficiaron con el desvío de fondos públicos disfrazados de extras salariales y qué delitos cometieron. Lo mismo pretende establecer sobre los responsables de la repartija, un camino que podría llegar hasta el ex presidente Carlos Menem. El otro eje rastrea de dónde salía el dinero y para qué otro tipo de maniobras se utilizó (financiamiento ilegal de la política o compra de leyes, por ejemplo).
Las pruebas apuntan a fondos extrapresupuestarios recibidos por la SIDE que volvían a salir como “gastos reservados” o a través de decretos secretos. Esto lo detectó la Oficina Anticorrupción (OA) –que colabora con la causa de Montenegro– mucho antes de que Gustavo Beliz lo sacara a relucir entre sus rezongos, apenas lo echaron del Ministerio de Justicia. Beliz aprovechó para destacar un dato clave: cuatro resoluciones ocultas de 2003, de Eduardo Duhalde y de Néstor Kir-
chner, habrían aumentado en 100 millones de pesos el presupuesto de la central de inteligencia.
Cadena de felicidad
María Julia fue la primera en admitir públicamente que cobró sobresueldos mientras fue secretaria de Recursos Naturales. Lo hizo cuando tuvo que justificar cómo había multiplicado su patrimonio en la última década, superando holgadamente lo que podía ahorrar con su sueldo de funcionaria. Así, dijo que llegó a percibir 622 mil pesos y que el ex ministro Domingo Cavallo le había dado instrucciones de declararlo como dinero recibido por la “ley secreta 18.302”, de fondos reservados. Durante el juicio oral que Alsogaray enfrentó este año quedó en evidencia la magnitud del asunto de los sobresueldos: por lo menos siete testigos se refirieron al pago de extras en negro como una práctica habitual de los noventa. Hasta el ex jefe de la DGI Ricardo Cossio dijo que lo había cobrado.
Entre aquellos turbulentos testimonios apareció el ex secretario de Granillo Ocampo, Roberto Martínez Medina. El día en que se sentó ante el Tribunal Oral 4, peinado a la gomina, desató un revuelo. Primero contó que entre julio de 1997 y noviembre de 1999 se había encargado de retirar un sobre con 50 mil pesos para el ex ministro Granillo. Precisó que repetía el ritual entre el 1º y el 10 de cada mes y que todo consistía en ir a ver a Rodolfo Aiello, un ex funcionario de la Jefatura de Gabinete, por entonces a cargo de Jorge Rodríguez. Pero su relato no quedó ahí: aseguró que en la antesala del despacho de Aiello solía encontrarse con los secretarios de otros ex ministros o funcionarios. “¿Vos también venís a cobrar lo tuyo?”, dijo que comentaban durante la espera.
Con todas estas revelaciones, el abogado Ricardo Monner Sans hizo una denuncia y se abrió una causa que le tocó al juez federal Jorge Ballestero y que delegó a la fiscalía de Montenegro. Allí Martínez Medina dio un testimonio mucho más extenso y detallado y comenzaron a surgir nombres de otros ex funcionarios que habrían recibido sobresueldos. En base a las personas con las que dijo que solía encontrarse en la Jefatura de Gabinete y a que sus dichos coinciden con los registros de entradas a ese edificio, en Belgrano y Diagonal Sur, el fiscal resolvió llamar a declarar como testigos –según pudo saber Página/12– a quienes eran los secretarios del ex ministro de Defensa Jorge Domínguez, de la ex secretaria de la Función Pública Claudia Bello, del ex ministro de Salud Alberto Mazza y de la ex secretaria de Cultura Beatriz Gutiérrez Walker.
Montenegro firmará las citaciones en los próximos días, pero éstos son sólo los primeros nombres que surgen. Todavía, además, está por verse si toma una medida diferente en los casos de Mazza y Gutiérrez Walker, cuyos secretarios eran sus propios hijos. Hasta ahora el único imputado es Granillo Ocampo. Pero una vez que avancen los testimonios y las pruebas el abanico se ampliaría hacia otros ex funcionarios que hayan cobrado y hacia los responsables de otorgar la plata. Recién entonces comenzarán los llamados a indagatoria. Todavía no se sabe hasta dónde ni si alguna vez se cortó la cadena de la felicidad.
Desde que el Tribunal Oral 4 condenó a María Julia por enriquecimiento ilícito, los jueces inferiores cuentan con un precedente muy importante.
El voto mayoritario de la sentencia, firmado por Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino, advirtió que el pago y cobro de sobreasignaciones salariales en base a la ley secreta de fondos reservados es ilegal, porque se trata de partidas previstas para seguridad y defensa y no para abultar el patrimonio de nadie. Pero además, el texto describía la existencia de un “sistema perverso” e “irregular” de distribución de fondos públicos sin control por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo a cargo de administrar esos recursos. Los delitos que estarían en juego, dijeron, podrían ser administración fraudulenta o malversación de caudales.
Los sobresueldos son sólo un capítulo de cómo se habría malgastado el dinero público, con la modalidad de fondos reservados que no requieren rendición. Además del expediente de Montenegro y Ballestero, hay varias otras causas radicadas en el fuero federal, donde la SIDE aparece siempre como el área de gobierno que más gastos secretos concentra. La mayoría de las pesquisas avanza a paso lento.
La OA, que interviene en varios casos, viene intentando cruzar información y por ejemplo encontró que durante la gestión de Granillo Ocampo el Ministerio de Justicia enviaba fondos a la SIDE a través de decretos secretos y luego el dinero volvía a la cartera “en negro”, con lo que quedaba oculto su verdadero uso. El organismo anticorrupción, que conduce Daniel Morin, advirtió también que año tras año la Secretaría de Inteligencia gasta mucho más, a veces casi el doble, de lo que recibe oficialmente como presupuesto. El mayor pico lo notaron el año pasado: la SIDE tenía presupuestados 138 millones pero gastó casi 231 millones. Las partidas extrapresupuestarias surgen de decretos que no se publican.