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El dinero provino de la muerte. Pero contribuirá a la vida. Daniel Tarnopolsky entregó ayer a las Abuelas de Plaza de Mayo los 200 mil pesos que recibió de manos del abogado de Emilio Eduardo Massera. Era la plata que el dictador debía pagarle como indemnización por la desaparición de su familia, secuestrada en 1976 por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El Almirante Cero se resistió hasta último momento a aceptar la decisión de la Justicia y sólo lo hizo para evitar el remate de su departamento, que se iba a realizar el próximo 23 de septiembre.
“Se lo entrego a las Abuelas para que este dinero espurio sea purificado y sirva para la búsqueda de los niños que todavía siguen desaparecidos”, dijo Tarnopolsky en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede de las Abuelas de Plaza de Mayo. Tarnopolsky y sus abogadas, Betina Stein y María Magdalena Badillo, acababan de llegar del Banco Francés del microcentro, donde Mariano Gagliardo, en representación de Massera, les dio en efectivo los 202.940 pesos. Fue un trámite de apariencia comercial. Nadie dijo una palabra más de las necesarias ni esbozó un sonrisa. Pero todos sabían que el significado de ese pago superaba extensamente esa acción de dar y recibir plata. Para Tarnopolsky era la culminación de una pelea de 28 años, que se inició el 15 de julio de 1976, con el secuestro de su familia.
Ayer, en la casa de Abuelas, Daniel hizo un pequeño homenaje a los suyos. “Para que vean que los desaparecidos son gente, no fantasmas”, sacó de un sobre de papel algunas fotos viejas y las mostró a las cámaras de televisión. “Este era mi padre, Hugo Tarnopolsky”, dijo sosteniendo la imagen en blanco y negro de un hombre joven y sonriente que fumaba una pipa. “Fue secuestrado el 15 de julio de 1976, era químico industrial, miembro de la Cámara Argentina de la Industria Química”, contó. Luego mostró la foto de su madre, Blanca, psicopedagoga clínica. “Ambos era profesionales destacados, ciudadanos honrados. Fueron secuestrados, torturados, llevados a la ESMA y seguramente tirados al río”, afirmó serio y con la voz firme. Las siguientes fotografías fueron las de su hermano Sergio y su mujer, Laura De Luca. Ambos tenían 21 años y militaban en la Juventud Peronista. Cuando desapareció, Sergio estaba haciendo la conscripción en la ESMA y era el asistente personal del represor Jorge “El Tigre” Acosta. “Le servía mate y le limpiaba los zapatos. Y nos comentaba que en la ESMA pasaban cosas raras. Fue secuestrado junto con otros seis conscriptos, cuatro recuperaron la libertad”, relató Daniel.
El 13 de julio de 1976 Sergio contó a su familia que había sido obligado a limpiar sangre en un sótano y que había encontrado documentos tirados en el piso. La noche siguiente llamó a su esposa para avisarle que no iría a dormir porque lo habían acuartelado. El 15 secuestraron a Laura. Esa misma noche un Falcon verde estacionó en la puerta de la casa de la familia Tarnopolsky y un grupo de tareas se llevó los padres. La última víctima fue la hermana menor, Betina, a quien sacaron de la casa de su abuela. “Ella es un símbolo de horror de la dictadura militar. Tenía quince años”, dijo con su foto en alto Daniel, que se salvó de la ESMA porque ese día durmió en casa de unos amigos.
El caso Tarnopolsky fue uno de los utilizados por la Cámara Federal para condenar a los ex comandantes en 1985. Ante la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y la consecuente imposibilidad de encarcelar a todos los responsables de la desaparición de su familia, Daniel inició una demanda por daños y perjuicios morales y financieros.
En 1994 el juez Oscar Garzón, con el fundamento de “la defensa del derecho a la vida”, condenó a Massera, al ex almirante Armando Lambruschini y al Estado a pagar solidariamente (entre todos) un millón de pesos. La Sala III de la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia pero perdonó a Lambruschini, condenó al Estado a aportar un millón de pesos y a Massera 125 mil. En 1999, la Corte confirmó esta decisión y el caso Tarnopolsky seconvirtió en el primero en el que un represor de la última dictadura era obligado a pagar de su bolsillo una indemnización a una víctima.
El máximo tribunal, con los votos de Julio Nazareno, Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Gustavo Bossert, Guillermo López y Eduardo Moliné O’Connor, reconoció el carácter permanente del delito de desaparición forzada, es decir, el hecho de que el crimen se sigue cometiendo hasta que no aparezca el cuerpo de la víctima.
El fallo fue ignorado por Massera. Como se negaba a pagar, en diciembre de 2000 el juez Juan Gutiérrez Cabello decretó su quiebra. Ese trámite implicaba la desafectación de todos los bienes del dictador. Sin embargo, el síndico encargado del caso se encontró con que la única pertenencia a nombre de Massera era el departamento de Libertador y San Martín de Tours donde el represor cumple, semiinmóvil, con el arresto domiciliario que le impusieron por su participación en el plan sistemático para apropiarse de hijos de desaparecidos. Ni la quinta del Talar de Pacheco donde estuvo detenido –antes de sufrir el derrame cerebral y antes de que se supiera que salía a caminar por fuera de los límites permitidos– ni las acciones de las sociedades de las que sí forman parte sus hijos, eran formalmente del Almirante Cero.
La quiebra tampoco pareció importale. Al menos, no lo suficiente como para dignarse a cumplir con la sentencia. Por eso, hace un año se ordenó el remate del departamento de Palermo Chico. Hace dos semanas Página/12 adelantó que la subasta tenía fecha: el 23 de septiembre próximo. La base iba a ser de 300 mil dólares y, según la tasación, el piso podría venderse en entre 500 y 600 mil, mucho más de lo que Massera estaba obligado a pagar, aun con los intereses acumulados. Además, el remate implicaba que los interesados podrían realizar visitas al departamento. Ante ese escenario, y luego de que la fecha de la liquidación se hiciera pública, los abogados del dictador contactaron al síndico. No se privaron de regatear y se quejaron porque Tarnopolsky no aceptaba una rebaja. También intentaron firmar un acuerdo de confidencialidad, para que no se supiera que el hombre había aceptado pagar, al menos materialmente, por sus delitos. Todas sus pretensiones fueron rechazadas, pero el Almirante Cero sólo podía impedir el remate reconociendo la decisión de la Justicia. Así lo hizo ayer.
“Este dinero va a ir para el trabajo de la asociación y genera tranquilidad en estas viejas. No mitiga el dolor ni apaga la lucha, sino que contribuye en la búsqueda de nuestros nietos. Es un desprendimiento importante y significa que hay detrás una persona importante”, aseguró Estela Carlotto, presidenta de Abuelas, luego del anuncio de la donación. Daniel, por su parte, deseó que Massera tuviese la suficiente lucidez para entender lo que estaba ocurriendo, explicó que la importancia del pago radica en que “era esencial que ese individuo fuera condenado a una pena inindultable” y aseguró que “cada nieto recuperado es una victoria de todos nosotros contra la locura argentina”.
Tarnopolsky espera ahora que la Corte Suprema se decida a convalidar la invalidez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para poder seguir con los juicios contra todos los responsables de la desaparición de su familia. Lambruschini falleció recientemente, pero el Tigre Acosta es joven y aún está vivo, detenido en una dependencia de la Marina. “Sigo esperando que nos digan qué pasó. Supuestamente el Tigre se vengó de lo que le había hecho Sergio, pero no sé qué fue, estoy esperando que me lo explique, que la Justicia lo obligue a explicarlo”, afirmó Daniel.