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¿Es bueno o malo que el Estado siga embolsando un superávit fiscal record? A priori, no es bueno ni malo. Un mayor ahorro fiscal dota al Gobierno de grados de libertad si en el futuro quisiera caminar sin los grilletes del Fondo Monetario. El problema es que el superávit que exige el FMI sólo puede asignarse para cancelar deuda; si no, por definición del organismo, no es superávit: es más gasto público, sin importar si se destina a aumentar salarios (gasto corriente) o a financiar obras públicas, proyectos tecnológicos o educativos (gasto de inversión). En la definición del Fondo, el superávit es un ahorro fiscal del cual el Gobierno no puede disponer, porque sus verdaderos propietarios son los acreedores.
Al margen de esa disquisición, el superávit fiscal es siempre dinero que, en el corto plazo, el Estado aspira de los bolsillos de la sociedad, y que por lo tanto se fuga del circuito económico. Si el Gobierno lograra volcarlo luego en programas sociales, salarios u obras, entonces volvería a los bolsillos de (otros) ciudadanos, motorizando la actividad económica, pero recién en un período posterior. Si, en cambio, siguiera las instrucciones del Fondo, el superávit sería siempre recesivo.
Según algunos expertos, el fenomenal superávit que arrojan las cuentas públicas es uno de los motivos que explican el parate de la actividad entre abril y mayo. Durante el primer semestre, el ahorro fiscal habría alcanzado al 5,5 por ciento del PBI, es decir, 3 puntos más de lo que figura en el Presupuesto 2004, acordado con el Fondo. En números redondos, en seis meses, el Estado acaparó en sus arcas unos 6000 millones más de lo previsto, dos veces lo que se gasta en el Plan Jefes de Hogar a lo largo de todo un año. Mientras esto ocurría, en el Ministerio de Trabajo recuerdan que, desde abril/mayo, cesaron los incrementos salariales por decreto para el sector privado. Del mismo modo, algunos funcionarios están convencidos de que la reactivación cobró impulso a partir de mediados de 2002, cuando se instrumentó el Plan Jefes y se largó la sucesión de aumentos de sueldos privados por decreto.
El otro elemento que le fija un techo a la expansión de la actividad económica es la dinámica propia de la devaluación en Argentina. Uno de los economistas latinoamericanos más brillantes del último siglo, el cubano Carlos Díaz Alejandro, explicó hace más de tres décadas las dinámica recesiva de las devaluaciones en Argentina: “El argumento que vincula la devaluación a las recesiones parece a primera vista paradójico. Un axioma bien conocido de la teoría del comercio dice que una devaluación (en un país pequeño) provoca una presión ascendente sobre la producción real, estimulando ante todo la producción de bienes exportables y de bienes que compitan con las importaciones. Pero si existe un desfasaje en los salarios, la devaluación provocará también una redistribución del ingreso en favor de los no asalariados (principalmente empresarios urbanos y rurales), quienes experimentarán en el corto plazo una menor propensión a gastar, especialmente en productos nacionales”. En 1978, Paul Krugman y Lance Taylor, por otros caminos, llegaron a un conclusión similar (Los efectos contractivos de una devaluación).
Traducido: el empujón que sostiene a la reactivación no provendrá, al menos en el corto y mediano plazo, de un sector exportador basado en commodities industriales y agropecuarias, de baja intensidad de mano de obra. El motor estará en el mercado interno y, para ser más precisos, en la redistribución de ingresos en favor de los asalariados que a todo aumento lo transforman en consumo. Este año el Estado jugó ese papel redistributivo sólo con las módicas subas de jubilaciones. ¿Qué estrategia seguirá en el futuro?