[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por F. Y.

Rapidito, rapidito, como para que no los agarre el acto que habían convocado las organizaciones de la comunidad judía para repudiar el fallo en la causa AMIA, los diputados realizaron ayer una veloz sesión. Durante el debate se aprobó el proyecto que facilita la llegada al Congreso de iniciativas presentadas por ciudadanos comunes y para ello se modificó la Ley de Iniciativa Popular que data de 1997.
La iniciativa, promovida por el diputado Adrián Pérez del ARI, Nilda Garré del Frepaso y el justicialista Juan José Alvarez, redujo los requisitos de la actual norma, surgida a partir de la reforma de la Constitución de 1994. En los hechos, la norma no se había utilizado por la cantidad de exigencias que tenía, que la transformaron en una herramienta inútil.
Los cambios introducidos todavía deben ser refrendados por los senadores. Por lo pronto, la media sanción fue respaldada por la casi totalidad de los legisladores que participaron de la sesión: 170 a 1. Entre las modificaciones acordadas está la reducción de las firmas exigidas para comenzar el trámite de convocatoria de la consulta. Así, se pasó del 1,5 al 1 por ciento del padrón electoral que, traducido en cantidad de empadronados sería aproximadamente unas 250 mil adhesiones. La propuesta de los diputados prevé también que el Estado se vea obligado a difundir el proyecto si se reúne al menos el 20 por ciento de los avales necesarios.
La presentación de los proyectos no pueden referirse a la reforma de la Constitución, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Además, deberán fundamentar la intención de la convocatoria y también detallar los gastos que implicará. Todos aquellos que propongan un proyecto tendrán que presentarse en el Congreso en una oficina que se creará oportunamente para asesorar a los autores y evitar errores legislativos. La admisión quedará a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Recién cuando sean aceptados, los interesados podrán comenzar a reunir las firmas. Esta etapa tiene un plazo de 18 meses que pueden ser prorrogados por otros dos más. Una vez recolectados los avales deberán ser autenticados por la Justicia Electoral.
Apenas habían transcurrido 90 minutos de debate y el PJ decidió postergar la discusión de la Convención Internacional contra el Terrorismo, un tratado que impulsa Estados Unidos tras el ataque contra las Torres Gemelas, que elimina los motivos políticos como excepción para extraditar a terroristas requeridos por tribunales extranjeros. El tema iba a extender peligrosamente la sesión y coincidiría con la concentración de las organizaciones judías. Así, el PJ prefirió dejar el tema para la semana próxima, cuando la calle esté más tranquila.