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En la Argentina sobran ejemplos de impunidad, pero el caso del atentado a la AMIA acaso se lleve las palmas en tan nefasto rubro. Los principales responsables del terrorismo de Estado son conocidos; su plan sistemático ha sido detallado; muchos han sido llevados a los Tribunales y unos cuantos están presos. También los persiguen tribunales extranjeros. Donde no llegó la administración de justicia hay escrache, movidas de las víctimas, acciones de la sociedad civil. No hay pleno acceso a la verdad, no hay total justicia, pero algo se ha avanzado, claro que a través de zigzagueos que incluyeron abdicaciones, traiciones y retrocesos. Existieron condenas y también creaciones jurídicas como los Juicios por la Verdad. Y todavía pueden abrirse nuevos juicios, pronunciarse nuevas condenas. Puede advenir una sentencia definitiva de la Corte declarando nulas las leyes de Obediencia debida y Punto final. Sin ser demasiado utópicos, hasta es imaginable que para entonces se podrá poner en entredicho la constitucionalidad de los indultos.
En la causa AMIA casi nada se sabe. Sucesivas hipótesis se han ido deshilvanando y los nombres y filiaciones de los autores materiales e intelectuales son ignorados. El fracaso es ominoso porque todo –el atentado y su investigación– ocurrió durante gobiernos democráticos. La frustración para la sociedad es contracara del éxito de quienes amañaron una trama de ocultación. Más allá de las discusiones que provoca la sentencia del Tribunal Oral, nadie duda de que los grandes responsables del fracaso de la investigación son otros. La impunidad es muy vasta, toda vez que lo único que se percibe con cierto detalle es la lista de los encubridores. O, como poco, de los que actuaron con negligencia imperdonable desde lugares de poder.
No es del todo justo hablar, como se habló ayer en Plaza Congreso, de “gobiernos de turno” o de “clase política” emparejando responsabilidades que no son idénticas. Pero esa imprecisión expresa la sensación dominante en mucha gente del común. Y sólo podrá comenzar a desbaratarse si se determina con más precisión en qué delito u omisión culpable incurrió cada cuál.
El actual gobierno, como parte de su regeneradora política de derechos humanos, rompió la inercia de lo obrado por sus precursores. Como con las de otros crímenes, dialogó con las víctimas. Ordenó la apertura de los registros de la SIDE. Y generó un clima social tendiente a facilitar la búsqueda de verdad y justicia. Así las cosas, podría sentirse ajeno a la desilusión colectiva, casi palpable, ulterior a la sentencia del Tribunal Oral. Pero esa percepción no sería correcta. Como todos los gobiernos, el actual está bajo la sospecha de una sociedad demasiado acostumbrada a ser engañada y defraudada. Y como todo gobierno, debe hacerse cargo de los desaguisados en curso, aunque no los haya generado.
La hipótesis de formar una comisión investigadora, independiente de los poderes públicos (lo viene anunciando Página/12) ronda la cabeza del presidente Néstor Kirchner desde hace un buen tiempo. Ayer la pidió Luis Czyzewski en nombre de los Familiares de las Víctimas.
Convocar una comisión de esa naturaleza, a más de 10 años del atentado, implica un riesgo muy evidente: incubar otra frustración. El tiempo no pasa en vano; las pruebas se borran o disipan y la paciencia colectiva es escasa. Será una tarea de cíclopes integrarla, si se sopesa la división que se ha producido entre los propios deudos de los asesinados.
Y, además, esa decisión equivaldría a una dura confesión. La posible (llamémola así) Conadep de la AMIA será el reconocimiento del fracaso de las instituciones democráticas o de quienes las condujeron cuando el Estado debió haber alcanzado el éxito en la investigación.
La comisión, por añadidura, estará en peligro de tener conflictos de competencia con los órganos de investigación del Estado, que no puede (ni debe) despegarse de su obligación de seguir investigando. La dirigente de Memoria Activa Diana Malamud explicó el domingo pasado a este diario quela comisión no sería aceptable si se usa “para deslindar responsabilidades institucionales”.
Una eventual comisión independiente no será una panacea. Pero parece ser lo mejor dentro de lo posible. Si el actual gobierno genera una nueva instancia de investigación, sea la mentada comisión o algo similar, será un gesto indicativo de la voluntad de no bajar definitivamente los brazos. Un gesto no suficiente, pero sí necesario.
El Gobierno transita por el filo de la navaja. Un traspié lo involucraría. Un conflicto de competencia lo dejaría en medio de la refriega. Pero da la sensación de que la inercia sería peor.
Un apunte final sobre la crisis de representación que azota a nuestro país. Huelga decir que los poderes públicos la padecen. Pero vale señalar que no se detiene allí. El acto de ayer demostró, si se quiere por default, que también involucra a muchas entidades comunitarias. La menguada concurrencia obtenida en un acto contra la impunidad, justificado por el dolor, alude al descrédito de la AMIA y de la DAIA, salpicadas por su actuación de una década y autoras de una confusa convocatoria al Congreso. El actual presidente de la DAIA, Jorge Kirszenbaum, estuvo en el palco. El lunes, en varios reportajes, se esmeró en señalar que su antecesor Rubén Beraja “no fue quien puso la bomba”. Era una chicana camuflada de verdad. Nadie endilga a Beraja homicidios, pero si lo sospechan de encubrimiento. Así lo hizo patente la silbatina unánime que le prodigaron los dolidos manifestantes a Beraja demostrando que, también en la DAIA, los dirigentes constelan a años luz de sus representados.