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Una desocupada del Movimiento de Raúl Castells fue herida en la cabeza durante una marcha, cuando le tiraron una botella desde lo alto de un edificio. La mujer perdió el conocimiento por el golpe, que le produjo una herida en la frente. Fue trasladada al hospital Argerich, donde le hicieron una sutura y permanecerá en observación hasta hoy. La policía detuvo a dos personas en el cuarto piso del edificio, ubicado en la avenida Corrientes al 800, como sospechosos de la agresión.
Los detenidos –un hombre y una mujer– fueron trasladados a la Comisaría 3ª. Ambos se encontraban en un estudio contable desde donde habrían arrojado el envase. Los dos quedaron a disposición del juzgado correccional Nº 11. Personal de la Unidad Criminalística realizó pericias sobre los restos de la botella en busca de huellas dactilares.
La víctima fue identificada como Porfiria Ojeda, de 56 años, vecina del municipio de José C. Paz. Al sufrir el ataque iba vestida con el chaleco amarillo de su organización. Anoche estaba lúcida aunque sentía mareos, dijo el dirigente del Movimiento, Ovidio Pepe.
La agresión contra la desocupada tiene un antecedente cercano. A principios de julio, en otra movilización del MIJD, los manifestantes recibieron un baldazo de agua desde una terraza, aunque el hecho no se denunció debido a que no tuvo otras consecuencias que el mal rato. “Esta vez, en cambio, pudo haber costado una vida”, dijo Pepe.
Para el referente, el botellazo fue “obra de una persona inconsciente, criminal, pero que actuó dentro de un clima de intolerancia creado por el Gobierno contra la gente que sale a reclamar”. Por eso ayer había reproches contra los funcionarios y los medios que fomentan la hostilidad contra los piqueteros, al estigmatizarlos como violentos o delincuentes.
Con la marcha, el MIJD estaba reclamando la libertad de Castells (ver aparte) y de los otros presos sociales. La columna había concentrado a las nueve de la mañana en el Obelisco para marchar al Palacio de Tribunales y al juzgado de Perón y Talcahuano, donde tramita la causa de los detenidos por los incidentes en la Legislatura.
De manera simultánea, en el centro hubo otras movilizaciones. Los estatales de ATE Capital reclamaron frente a la Jefatura de Gobierno porteña un aumento salarial y el blanqueo de los trabajadores. Por otra parte, los desocupados del Frente Popular Darío Santillán (en el que se unieron un sector del MTD Aníbal Verón con los anarquistas del Movimiento de Unidad Popular y otras agrupaciones) marcharon desde el Ministerio de Desarrollo Social al de Trabajo, en reclamo de los tres puntos del plan de lucha del arco piquetero opositor: la universalización de los planes de empleo, su aumento a 300 pesos y el desprocesamiento de los militantes con causas abiertas por participar en cortes de ruta.
Las actividades continuarán hoy, cuando el grueso de las agrupaciones piqueteras junto a organismos de derechos humanos marchen al Congreso en reclamo de la libertad de los presos políticos y una amnistía o el desprocesamiento de los 4000 militantes encauzados.
A las 17 se realizará un acto-festival impulsado por “Autoconvocados contra la criminalización de la protesta social”, un espacio de coordinación integrado por diputados nacionales y provinciales, sindicalistas, dirigentes sociales, estudiantes y representantes de partidos políticos. Finalmente, la Corriente Clasista y Combativa y el MTD Aníbal Verón comenzarán el lunes y martes un plan de lucha progresivo por el conjunto de las reivindicaciones.
Las movilizaciones confrontarán con la nueva estrategia del Gobierno frente al reclamo social. Los piqueteros que esta semana se reunieron con funcionarios recibieron mensajes nítidos en ese sentido. “La situación cambió. Vayan pensando de qué lado se van a poner porque no queremos más cortes de ruta”, contó uno de los dirigentes piqueteros que le dijeron en Desarrollo Social. La advertencia fue formulada durante una reunión en la que su agrupación había solicitado una mayor partida de alimentos para sus comedores. “Nos dijeron que no. Y agregaron que si no podemos sostenerlos, entonces ellos (por el PJ) se harán cargo en lugar nuestro.” Para los piqueteros, la frase fue un anuncio de la intención del Gobierno de disputarles el territorio. El cambio de escenario, que se refleja en el avance de la judicialización de la protesta –en el lapso de dos semanas hubo 108 detenidos en Plaza de Mayo, nueve en Caleta Olivia y el caso de Castells–, alejó por supuesto la posibilidad de una amnistía para los presos sociales. Aunque el Gobierno se había comprometido a tratar una reforma de las figuras penales que castigan la protesta (como el corte de ruta) y a que se presentaran proyectos de desprocesamiento, la opción en curso está claramente dirigida a actuar, como suele decir el ministro del Interior Aníbal Fernández, “con el Código Penal en la mano”.