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Siete represores acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en la provincia de Corrientes se presentaron ayer ante el juez Carlos Soto Dávila, quien había ordenado sus detenciones la semana pasada. Entre los arrestados hay dos miembros del Ejército en actividad: el teniente Jorge Barreiro y el teniente coronel Carlos Losito.
Además de Losito y Barreiro, los represores que quedaron detenidos ayer son: el teniente coronel Juan Carlos Demarchi, el mayor Romero Romeo Bin, un suboficial de apellido Piriz, el oficial de Gendarmería Raúl Reynoso y un sargento de apellido Cruz. Ellos, junto al ex comandante en jefe del Ejército Cristino Nicolaides, están involucrados en la causa en la que se investiga la desaparición del estudiante de Derecho Rómulo Artieda, quien fue secuestrado en junio de 1977 y pasó por el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento 9 de Infantería de Corrientes. En este expediente también tienen orden de captura el teniente coronel Jorge Félix Aguiar, ex jefe de este regimiento –que falleció–, y otros tres represores.
Según confiaron fuentes judiciales a Página/12, los militares que quedaron arrestados ayer llegaron al juzgado acompañados por abogados particulares, pero éstos no se presentaron como sus representantes en el expediente. Los acusados solicitaron, en cambio, la intervención de defensores oficiales. Pero uno de los defensores de Corrientes interviene en la causa en representación de los ausentes (los desaparecidos) y los otros dos se excusarían.
El rumor en la provincia es que quien quiere hacerse cargo de la asistencia de los represores es el defensor del Chaco, Carlos Pujol, el mismo que logró la libertad de los militares acusados en la masacre de Margarita Belén, entre los que también estaba Losito. Hasta que no se defina quién asumirá la defensa, los imputados –que fueron alojados en un regimiento de Resistencia– no serán interrogados por el juez. Diego Vigay, abogado de la Comisión de Derechos Humanos junto con Ramón Leguizamón, señaló que “por el momento ninguno de los detenidos podrá recuperar su libertad”.
La denuncia por la desaparición de Artieda fue presentada por sus familiares el 24 de marzo pasado. A raíz de los testimonios que se sumaron a la investigación, se convirtió en una “megacausa” sobre la represión en Corrientes durante la última dictadura. En ese expediente se reconoció el casino de soldados del Regimiento 9 de Infantería como el galpón que varios prisioneros describieron como el lugar donde estuvieron alojados, encapuchados y encadenados. El jefe de ese centro clandestino era Demarchi, quien devino en empresario ganadero y representante de la Sociedad Rural. Durante la dictadura, se lo conocía como “el electricista” por su “habilidad para manejar la picana”. Desde ayer está preso.