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La jueza María Romilda Servini de Cubría le pidió a su par Claudio Bonadío que se apartara de la causa en la que se investigan las irregularidades del caso AMIA. Así se desató, de hecho, un conflicto entre ambos magistrados, en uno de los expedientes de mayor impacto que existen hoy en Comodoro Py, ya que no sólo apunta contra el juez Juan José Galeano sino contra varios funcionarios del gobierno de Carlos Menem, acusados de obstruir la investigación. Hasta ahora Bonadío tuvo el mayor protagonismo y fue el que, a ritmo cansino, acumuló pruebas y testimonios.
Recientemente se lo recusó por haber integrado el equipo de Carlos Corach, aunque todavía la Cámara Federal no resolvió ese cuestionamiento. Ahora se agregó Servini, sorpresivamente, alegando que ella tiene una causa iniciada en el año 2000 y que también tiene que ver con irregularidades en la investigación del atentado. Por ello reclama que Bonadío no actúe más y se le gire todo a ella.
La causa por las anomalías en la investigación del atentado –incluyendo el pago de 400 mil dólares al principal imputado, Carlos Telleldín– amenaza con producir mucho ruido. Sucede que el 29 de este mes el Tribunal Oral dará a conocer los fundamentos del fallo en el que sostuvo que la investigación fue una especie de trampa hecha “al servicio de políticos inescrupulosos”. El Tribunal explicará qué irregularidades cometieron Galeano, sus empleados, los fiscales, el ex ministro del Interior, Carlos Corach, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, su abogada, Marta Nercellas, así como otros funcionarios políticos y judiciales. El juez que esté a cargo de ese expediente tendrá mucho trabajo, pero también sus decisiones provocarán enorme impacto.
De entrada nomás, José Manuel Ubeira, abogado del ex comisario Juan José Ribelli, arremetió contra el juez Bonadío argumentando que no puede encabezar la investigación porque fue segundo de Corach en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, por lo que no puede investigar a su ex jefe. Esa recusación debe ser resuelta por la Cámara Federal, que muy posiblemente le quite la causa a Bonadío.
Tal vez con la vista puesta en ese momento, Servini salió a dar pelea por el expediente, reclamándole a Bonadío que se aparte y que le entregue a ella todo lo actuado. Sus argumentos son que desde el año 2000 tiene una causa en la que se investiga a Corach por incumplimiento de los deberes de funcionario público, “mencionándose entre estos sucesos el haber neutralizado intencionalmente la obtención de prueba”. La jueza sostiene que a esa causa hay que agregarle otra iniciada por el presidente Néstor Kirchner después del acto aniversario del 18 de julio de este año, en el que hubo numerosas acusaciones contra Menem y su gobierno. Servini dice que además tiene otros dos expedientes relacionados con el mismo objeto: una causa iniciada por un escribano contra la Cámara Federal argumentando que ese cuerpo convalidó todo lo actuado por Galeano y por lo tanto también debe ser imputada, y otro expediente iniciado contra Galeano mediante un anónimo. En función de que ella instruye todos esos expedientes es que dice que Bonadío debe dejar de actuar y pasarle todo lo hecho hasta el momento. Lo más probable es que Bonadío rechace la presentación de Servini, con lo cual la Cámara deberá resolver sobre el entuerto.
Frente a todo el embrollo, lo más probable es que la Cámara de Apelaciones le quite la causa a Bonadío –por haber sido segundo de Corach–, pero no está claro si se la dará a Servini. Entre las partes hay voces discrepantes. Una parte de los familiares quieren que todo tenga transparencia y que si Bonadío es apartado se sortee un nuevo juez. No objetan a Servini, pero piensan que es la forma más clara de hacer las cosas. Otros quieren que el expediente quede en manos de Servini y,obviamente, la DAIA defenderá gran parte de lo actuado –no todo– porque considera que la investigación no estuvo del todo mal. Los procesos por irregularidades en la causa AMIA tendrán el jueves otra instancia de relieve, porque el juez Galeano deberá hacer su descargo en el Consejo de la Magistratura, que durante el próximo mes podría suspenderlo. El 29, el Tribunal Oral dará a conocer los fundamentos de su fallo y luego seguramente la Cámara Federal resolverá quién investiga lo ocurrido en la investigación. Si Galeano es destituido como juez, el magistrado que se haga cargo del expediente por las irregularidades tendrá que decidir, en algún momento, sobre la libertad de Galeano: si hay imputaciones tan graves como para ordenar su detención o si continuará en libertad hasta que haya una sentencia.