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El subsecretario de Políticas Penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rotundo, dijo que “estamos al límite de la superpoblación carcelaria”, con 25 mil personas alojadas en establecimientos cuya capacidad es sólo para 19.000, y sugirió que ordenaría que no se admitieran más ingresos salvo cuando hubiera vacantes. Cuando comenzó a circular esta declaración, formulada al concluir una audiencia del gobernador Felipe Solá con la Comisión Provincial por la Memoria y su Comité contra la Tortura, el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, relativizó los dichos de su subordinado, pero sin desmentirlo. “El ingreso a las unidades se produce a medida que se generan cupos producto de egresos y nuevas habilitaciones de plazas”, dijo. Según Di Rocco, “en los próximos días” se habilitarán pabellones que están siendo refaccionados para alojar otros 500 internos y “a partir del primer trimestre de 2005” se habilitarán más de 5000 nuevas plazas. Hasta tanto ocurra “debemos ser muy cuidadosos en la protección del sistema buscando que los ingresos se correspondan con los egresos. El sistema de ejecución de la pena con privación de la libertad tiene hoy en la provincia un equilibrio que puede perderse si se sobrepasa excesivamente la capacidad real instalada. No podemos incorporar más de 25 mil detenidos porque la capacidad real ya está superada ampliamente. Pero en la medida que los ingresos se correspondan con los egresos la situación está controlada”, sostuvo en un confuso galimatías, sin aclarar la diferencia entre un exceso amplio y otro excesivo.
Promesas similares de incorporación de plazas hicieron los predecesores de Solá, Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf. Pero la tasa de encarcelamiento crece más rápido que la de construcciones. El ministro de Seguridad, Carlos Arslanian, es partidario de reformar las leyes para posibilitar la excarcelación de los penados por delitos menos graves y destinar el presupuesto disponible al mejoramiento de las condiciones de alojamiento de quienes viven en las villas miseria de la provincia. Pero Solá, atemorizado por Juan Carlos Blumberg, no atiende sus opiniones en esta materia. De la audiencia también participaron la vicegobernadora Graciela Giannettasio, Di Rocco, Arslanian y el ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero. Los copresidentes de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, les entregaron el primer ejemplar del “Informe sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense”, que bajo el título “El sistema de la crueldad”, presentarán hoy en el Teatro Argentino de La Plata. Arslanian y Giannettasio anunciaron que asistirán a las jornadas sobre el tema que se inician hoy, de las que tomarán parte personalidades nacionales e internacionales.

“CIFRA FORZADA Y FALAZ”

Los datos de la investigación entregada ayer son más alarmantes que los reconocidos por Di Rocco. La cifra que acusa el Ministerio de Justicia es “forzada y falaz”, según la calificación del Informe: se mide en relación con el número de camas y colchones acomodados de cualquier manera por el SPB y no respecto de la capacidad originaria de cada unidad. La suma de colchones, sin readecuación de la infraestructura de baños, cocinas, patios, talleres, escuelas, lugares de trabajo, teléfonos y recursos de todo tipo, sólo sirve para maquillar una situación escandalosa. Por ejemplo, la cárcel de Florencio Varela fue concebida para alojar a 350 personas. En cada una de sus celdas se agregó una o dos camas, de modo que el SPB informa que su capacidad de alojamiento es de 750 internos, el doble de lo real. Pero en la realidad hay 913, casi el triple de la capacidad originaria. El informe cubre hasta abril de este año y desde entonces la situación ha seguido empeorando. En 2000, al comenzar el mandato de Rückauf y Solá, había 15.467 personas detenidas por el SPB y no se conocían cifras sobre población en comisarías. En abril de este año la cifra total se había duplicado, a 30.246 personas detenidas, 24.433 en unidades penitenciarias y 5813 en comisarías. Cada año esa superpoblación se incrementa en 3200 personas, lo cual minimiza el impacto de las plazas cuya construcción se anuncia una y otra vez. Si se descuentan los colchones, el nivel de hacinamiento es más elevado respecto de la capacidad.
Durante la reunión, Solá consultó un documento sobre el Servicio Penitenciario, que no mostró. En él se detallan las medidas adoptadas desde su intervención. Laura Conte dijo que también debía considerarse la formación cultural y educativa de los penitenciarios. Solá opinó que el problema básico era de control y admitió que las visitas anunciadas no sirven porque se convierten en puestas en escena. Los funcionarios basaron sus argumentos en las condiciones sociales de las personas detenidas. Con el aire de un comentarista imparcial que solía usar el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena, Solá dijo que la opinion pública clama por mano más dura y narró un diálogo con un viejo que durante un acto político le dijo que “esto se arregla matando un millón de personas”. También contó que la espantosa muerte de los pibes asfixiados en una comisaría de Quilmes se inició con un incidente entre un detenido y un policía, que lo desafió a pelear. El policia tenía un palo y el pibe estaba desarmado. Este episodio mide la fiabilidad de las promesas de Solá y su gabinete. El Programa de Prevención de la Tortura, elaborado durante la gestión en la secretaría de derechos humanos de Jorge Taiana se proponía sacar a todos los chicos de las comisarías, a lo cual se había comprometido el gobernador. Han pasado tres años y 320 chicos siguen enjaulados en comisarías. Dice una funcionaria judicial que no autorizó a publicar su nombre: “No puede llevar más de una semana acondicionar establecimientos adecuados para 300 chicos. Esas muertes podrían haberse evitado”.

UN BONITO DISCURSO

Por supuesto, el señor gobernador dijo que era consciente de su obligación de garantizar la vigencia de los derechos humanos, pero también que sus interlocutores debían tener en cuenta que eso implicaba remar contra parte importante de la opinión pública, el ingeniero Blumberg y el multimedios de Daniel Hadad y Raúl Moneta, a quienes no nombró. Agregó que entre los jóvenes se observa un incremento de la drogadicción y que faltan jerarquías en los penales que contribuyan a mantener el orden. Di Rocco contó que las peleas se producen los lunes y martes, por el reparto de la comida dejada por las visitas el fin de semana, pero no sacó ninguna conclusión acerca de lo que esto dice respecto de la calidad y cantidad de la alimentación provista a los internos. Por lo menos el ministro no sugirió suprimir las visitas para evitar los conflictos. Los miembros de la Comisión les respondieron que el informe no se refiere a la conducta de los presos sino a la de los penitenciarios. Pese a que en las cárceles de la provincia muere un preso por semana, las estadísticas del SPB no consignan un solo caso en el que hayan intervenido sus miembros, ni siquiera en una pelea con un interno, lo cual demuestra su falacia. El informe menciona 3241 causas por apremios ilegales, abuso de armas, abuso de autoridad, allamiento ilegal, amenazas, homicidio, incumplimiento de los deberes funcionales, lesiones, privación ilegítima de la libertad y torturas, archivadas por los jueces sin una mínima investigación. Según el propio Servicio Penintenciario Bonaerense, en los 32 penales de la provincia hubo 3390 casos de lesiones, divididas entre autoagresiones, agresiones entre internos, accidentes laborales y no laborales, agresiones al personal y lesiones de origen dudoso. Ni en uno de ellos reconoce laactuación de algún agente penitenciario. Solá prometió iniciar una investigación administrativa de cada uno para determinar la verdad de los hechos. A las 11 interrumpió la audiencia con la Comisión y partió hacia Vedia, donde acompañó en un acto político al presidente Néstor Kirchner. El gobernador se refirió en su bonito mensaje a los militantes por una Argentina mejor que padecieron la violencia estatal en décadas pasadas.

EL SALTO ADELANTE

A partir del año 2000 se produjo en las cárceles de la provincia “un salto cuantitativo y cualitativo en la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las personas detenidas, así como de sus familias”. Además de la violencia y las condiciones inhumanas de detención, el SPB rige los penales mediante el delito y la ilegalidad, como la venta a los presos de sustancias prohibidas; su empleo como informantes, ejecutores de represalias sobre otros internos e incluso su asesinato, amenazas a jueces, fiscales o defensores, la utilización de los detenidos para cometer asaltos fuera de las cárceles y el enriquecimiento de los jefes de las unidades mediante la desviación de recursos. “El elemento principal de su inmunidad está dado por conservar las unidades penales fuera del control público y de la sociedad. Cambiar esta realidad implica correr el velo. No sólo para mostrar el daño que ocurre puertas adentro sino el peligro y el daño que implican para la sociedad en su conjunto”. Esa relación es evidente en el caso de los detenidos que salen a robar por órdenes del personal encargado de mantenerlos fuera de circulación. Todos los poderes del Estado toleran y ocultan “la violencia sistemática ejercida contra la población carcelaria, en su mayoría presos sin sentencia, expulsados de su ciudadanía, privados de los más elementales derechos y garantías”. En Florencio Varela, los retretes “están desbordados y de ellos emanan olores nauseabundos. Faltan claraboyas en los techos, por lo cual la lluvia entra incesantemente. Las ventanas de las celdas carecen de vidrios y el frío se vuelve insoportable. La comida es escasa. En las escuelas y talleres faltan cupos. Así es como la población carcelaria se encuentra amontonada, olvidada, sin un adecuado régimen de readaptación social”. En la cárcel de Campana, la cocina fue construida para proveer el menú a 350 internos, pero allí se amontonan 971. Las cárceles son así “zonas de no derecho”, sujetas al arbitrio del personal. “Si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar irregularidades, de nada sirven las políticas preventivas del delito.” El escueto número de jueces, fiscales y defensores que cumplen su obligación de controlar las condiciones de vida de los detenidos envían sus informes a la Comisión Provincial por la Memoria, por disposición adoptada este año por la Suprema Corte de Justicia. De este modo, el Comité contra la Tortura creado por la Comisión releva la alarmante crisis de los penales bonaerenses.
Más allá de las características de cada penal, hay condiciones que se repiten de uno en otro, por lo que cada cosa que se diga de alguno es, en menor o mayor proporción, aplicable al resto. La U-23, de Florencio Varela, aloja 824 seres humanos en un espacio concebido para 350. Muchos no tienen ni siquiera cama y deben turnarse para dormir. Las duchas sólo tienen agua fría. Las celdas carecen de ventilación y luz natural, obstruidas por las frazadas que suplen los vidrios faltantes, de modo que los detenidos viven en la penumbra. Las roturas de los desagües de las letrinas acumula líquidos en los pasillos. Sesenta reclusos deben arreglarse en un pabellón con tres letrinas, con serios problemas cloacales que generan un fuerte hedor en el pabellón y la cocina. En otro sector, hay tres baños para 200 personas. Esto favorece la aparición de enfermedades infecciosas en pulmones, aparato digestivo y piel. En varias unidades, como la U-13 de Junín, se detectaron medias reses de carne detipo D, no apta para consumo humano. La escasez de alimentos agrava la condiciones de hacinamiento, falta de higiene y deficiencias estructurales en los sanitarios, lo cual aumenta los niveles de violencia entre internos. En el espacio para un detenido deben entrar dos o tres. Detenidos con fiebre no reciben atención médica. Las celdas de castigo tienen un olor nauseabundo, carecen de luz natural y en la mayoría también artificial, con lo que los detenidos permanecen a oscuras. También deben convivir con sus excrementos porque los inodoros no tienen agua corriente. Hay un teléfono para mil internos. La comida es escasa y pésima. En el pasillo de un pabellón de la UP 2, de Sierra Chica, hay un grabador que los penitenciarios usan a alto volumen, para que los presos no puedan dormir. La comida es un engrudo de fideos, arroz, papas o zanahorias sin pelar, unos huesos pelados y grasa. “Los que comemos el rancho porque no tenemos visita o somos parias, nos descomponemos del estómago con vómitos y diarrea.” En la U-30 de General Alvear “se roban todo y lo que nos llega es incomible, una sopa grasosa o una polenta en guiso. Hoy había carne porque vinieron ustedes. Apenas tomamos mate, porque la leche sólo se la dan, a veces, a los enfermos de HIV y los gástricos. No vamos a denunciar porque no sirve, después la pasamos peor y nada cambia”. La U-29, de Melchor Romero, es la cárcel de máxima seguridad del país. Carece de lugar de culto, escuela, patio común, panadería, actividades recreativas o culturales. Los detenidos no tienen radio o televisión, pierden la noción del tiempo y del espacio. El agua de la ducha aflora desde el caño a la pared, los lavatorios no desagotan y el agua cae al suelo. Las condiciones denigrantes en que viven los detenidos en la U-1 de Lisandro Olmos “hacen que el penal pierda su sentido constitucional y se transforme, literalmente, en un depósito de carne humana”. Menos del 10 por ciento de las personas alojadas en la U-21 de Campana trabajan, aunque muchos desearían hacerlo. Tampoco alcanzan los cupos en la escuela primaria de siete aulas del penal. En las Unidades femeninas 8 y 33 no existe tratamiento carcelario alguno ni planes de resocialización, las internas están mezcladas cualquiera sea su peligrosidad, reincidencia o etapa en el tratamiento; se ha institucionalizado el uso de psicofármacos, que se administran con extrema generosidad, con lo cual se acentúan o generan los problemas de drogadependencia.