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Los argumentos de Antonio Boggiano, último menemista en la Corte Suprema, no convencieron a los diputados. Por eso, la Comisión de Juicio Político emitió ayer el dictamen para que sea acusado ante el Senado por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. Al mismo tiempo, en el Palacio de Tribunales surgieron versiones sobre la renuncia del cortesano que tuvieron que ser desmentidas por sus propios colaboradores. “La situación de Boggiano es más grave (que la del ya destituido Eduardo Moliné O’Connor) porque el removido Moliné siempre estuvo a favor de Meller (uno de los casos por el cual piden su destitución), mientras que Boggiano cambió de opinión de modo más que sospechoso: escandaloso”, escribieron los legisladores en el dictamen basado en el pedido de los diputados Juan Miguez, Hernán Damiani y Elisa Carrió. El proyecto aconseja gestionar ante el Senado la suspensión del ministro de la Corte mientras se sustancia el juicio.
Si bien Boggiano quedó ahora más cerca de su destitución, todavía falta un largo trecho: el debate en el recinto, los votos necesarios para que la acusación vaya al Senado y la decisión final de la Cámara alta. Quizá por eso la Comisión de Juicio Político le puso pimienta al dictamen. La resolución de los diputados fue adoptada en el marco de una reunión que tuvo el respaldo de una abrumadora mayoría de sus miembros: cosechó las firmas de 21 de los 23 legisladores que la integran.
El cuestionado juez sumó catorce cargos por supuesto “mal desempeño” en los casos Macri y Meller, y por la medida disciplinaria que aplicó a la jueza de instrucción Haydée Dragonetti de Romás. De todos modos, el expediente Meller fue la médula de la acusación. En los argumentos del dictamen se explica que esa empresa reclamó tardíamente una rendición de cuentas a ENTel, que fue convalidada por la ex interventora María Julia Alsogaray. La ex polifuncionaria menemista dictó una resolución otorgando un crédito de casi 29 millones de pesos, que hoy se convirtieron en 400 millones en bonos, en concepto de avisos publicados en las guías telefónicas de 1988, 1989 y 1990. Pero ese crédito era inexistente, porque había sido cancelado y, además, renunciado por la misma empresa. Pese a la opinión contraria del procurador, un tribunal arbitral dio la razón a Meller y la Corte lo convalidó. “El Estado interpuso recurso extraordinario contra ese escandaloso absurdo y la Corte que integraba Boggiano lo rechazó en una actuación que ya el Senado en el precedente ‘Moliné O’Connor’ del 2003 calificó de mal desempeño”, aseguraron los legisladores en los fundamentos del dictamen.
“En realidad (Boggiano) fue un eficaz operador de Meller primero, y luego se colocó en la situación casi de árbitro para modificar su voto a último momento y dar la mayoría a Meller”, argumentaron los diputados. Tras definir como “provocadoras excusas” los conceptos vertidos por Boggiano en su descargo, describieron que “desde el principio ayudó a Meller, cuando hizo abortar un primer proyecto que no lo favorecía, al pedir que opine el procurador de la Nación”. Luego, como Meller no iba a lograr mayoría y existía una fuerte presión pública sobre su conducta por el juicio político del 2002, en septiembre de ese año se pronunció por hacer lugar al recurso del Estado, según relataron en el proyecto al que Página/12 tuvo acceso. Finalmente, cuando disminuyó la presión por el rechazo a aquel juicio político y tras la renuncia de Gustavo Bossert, cambió su criterio y falló a favor de la empresa, “sumándose a uno de los desfalcos más escandalosos de los últimos años: el pago de un crédito que no existía”.
Ahora, el dictamen será sometido al pleno del cuerpo, donde debe reunir los dos tercios para poder ser elevada esta acusación ante el Senado, lo cual en principio parecería garantizado en base al respaldo que ayer otorgó al justicialismo. Si bien aún no se definió la fecha de tratamiento, cuando se votó un trato preferencial en el recinto de sesiones, el apoyo de diferentes sectores del kirchnerismo y del duhaldismo asegurarían alcanzar la mayoría exigida para promover un juicio político contra el último cortesano de la era Menem.