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La Unidad Especial de Investigación del atentado contra la AMIA, que funciona en el marco del Ministerio de Justicia con el apoyo de casi todos los familiares de las víctimas, pidió ayer el juicio político del juez Claudio Bonadío por encubrir la actuación irregular del ex ministro del Interior Carlos Corach y el juez Juan José Galeano en la investigación del ataque del 18 de julio de 1994.
Bonadío está a cargo, desde hace cuatro años, de una causa en la que justamente se investigan las maniobras, irregularidades y delitos cometidos en el expediente AMIA y –según se señala en el escrito presentado ayer ante el Consejo de la Magistratura–, pese a que está probado que se le pagó ilegalmente a Carlos Telleldín para armar una pista considerada falsa, Bonadío no llamó siquiera a indagatoria a quienes han sido señalados como responsables: Corach, Galeano, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja. Además, se menciona que Bonadío fue segundo de Corach en la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Menem, por lo que debió apartarse del caso por no ser imparcial.
La presentación de ayer lleva la firma de Alejandro Rúa, titular de la Unidad AMIA, y tiene el apoyo del ministro de Justicia, Horacio Rosa-tti. Esto significa que el Poder Ejecutivo se mete en la pelea para juzgar a quienes fueron responsables de lo que el Tribunal Oral que encabezó el juicio AMIA señaló como “los integrantes de los tres poderes del Estado que le dieron sostén político y/o encubrimiento a la actuación irregular e ilegal del juez Galeano”, quien “construyó una hipótesis incriminatoria para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”.
El pedido de juicio político de Bonadío indica que el Gobierno quiere dar señales claras de que impulsa el castigo a quienes no investigaron el atentado y también a los que demoran o empantanan el enjuiciamiento de los que cometieron irregularidades y delitos en la causa AMIA. Tarde o temprano, la Argentina deberá dar cuenta ante la OEA de lo actuado en la investigación del atentado, ya que hubo una denuncia de los familiares de Memoria Activa y al juicio oral asistió un veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La conclusión de ese juicio fue lapidaria, de manera que el Estado argentino no puede hacer borrón y cuenta nueva sino que tendrá que demostrar que juzga a quienes perpetraron las maniobras que llevaron a la impunidad.
En el extenso escrito en el que se pide el juicio político de Bonadío se señala su inacción ante las evidencias de que en el expediente AMIA hubo un armado falso para entregarle supuestos culpables a la sociedad. En ese armado habrían participado Corach, Anzorreguy, Galeano y Beraja, por lo cual al menos debieron ser llamados a declaración indagatoria por el juez. Rúa, titular de la Unidad AMIA, transcribe afirmaciones de Corach que indicarían la forma en la que se gestó el armado falso. “A principios de 1995 –dijo el ex ministro del Interior–, ante el estado preocupante de las investigaciones que no llevaban a ninguna parte, fui convocado por el presidente Menem con la indicación de definir una estrategia integral que dé un nuevo impulso a la causa, ya que el gobierno argentino estaba ante un problema político muy serio.” Corach mencionó que en esas circunstancias se advirtió que transitar todos los caminos posibles implicaba también “un terreno muy resbaladizo donde suelen florecer los expertos que proponen caminos expeditivos y afuera de la ley para terminar rápidamente con el problema”. Rúa dice que Corach esquiva el relato de lo que pasó en los meses siguientes.
En el pedido de juicio político a Bonadío se señala que el Tribunal Oral estableció que justamente en esa época, 1995, se inicia todo el proceso que lleva al pago clandestino e ilegal a Telleldín. El primer paso fue la visita a la cárcel de Devoto por parte de la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo, a la que en el escrito se le adjudican vínculos muy estrechos con Corach, al punto que en los videos que se han visto de las negociaciones entre Galeano y Telleldín, éste menciona reiteradamente que Riva Aramayo lo fue a ver en nombre de Corach y Menem. Rúa también dice que “funcionarios judiciales, personal de inteligencia y el dirigente comunitario Rubén Beraja estaban al tanto del contenido de esas reuniones, y del proceso de negociación y preparación de la declaración judicial de Telleldín. Ese proceso concluyó tras casi un año y el pago comprobado a la mujer de Telleldín, Ana Boragni, concretado por personal de la SIDE, con el control del juez, con plata puesta por el secretario de inteligencia Anzorreguy, y con un festejo posterior. Pese a semejante cantidad de evidencias, el juez Bonadío todavía no indagó a nadie”.
En los últimos tramos del escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura, Rúa dice que “el juez Bonadío tiene a su cargo ese expediente desde hace más de cuatro años y se encuentra obligado a investigar la intervención del ex ministro Corach en los comienzos de ese irregular proceso de negociación. Sin embargo, no ha concretado ninguna diligencia procesal, casi no avanzó en esos cuatro años y sólo se recolectó prueba por lo hecho directamente en el juicio oral. En realidad, Bonadío no ha hecho más que obstaculizar con tanta persistencia como arbitrariedad la labor de los organismos públicos que sí estuvieron interesados en el avance de las pesquisas, como la Unidad Especial AMIA y la Oficina Anticorrupción. Lo cierto es que correspondía investigar si los autores del crimen se beneficiaron con la ilícita cobertura de toda una serie de personas que por las funciones a su cargo estaban obligadas a contribuir con su sometimiento a la Justicia”.
Rúa también menciona que Bonadío incumplió la obligación legal de apartarse del caso porque tiene el deber de imparcialidad. Sin embargo, no dio ese paso, pese a que fue integrante del equipo de Corach en la Casa Rosada. Por último, también hay menciones sobre decisiones de la Cámara Federal que Bonadío desoyó y hay una referencia a que la propia Cámara envió actuaciones contra Bonadío al Consejo de la Magistratura.
El pedido de juicio político a Bonadío concluye con la transcripción de una frase de los integrantes del Tribunal Oral, quienes justamente señalan que deben ser juzgados quienes cometieron irregularidades y delitos relacionados con la causa AMIA. “No advertir esto ni actuar en consecuencia sería volver a la indiferencia y a la falta de compromiso en defensa de la verdad y la justicia, constituyendo una nueva y gravísima contribución al descreimiento generalizado en las instituciones.”