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El abogado Beinusz Szmukler y la diputada Marcela Rodríguez, integrantes del Consejo de la Magistratura, presentaron ante sus colegas de la Comisión de Acusación la propuesta del dictamen acusatorio contra el juez Juan José Galeano. En el escrito se imputa al magistrado de trece irregularidades cometidas durante la investigación del atentado contra la AMIA. El pago clandestino de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, la apertura de legajos paralelos y la destrucción de medios de prueba son algunos de los principales cargos contra Galeano.
El dictamen en el que se solicita el desplazamiento del juez y su suspensión mientras se realice el proceso ante el Jury de Enjuiciamiento sería tratado el próximo martes en la reunión de la Comisión de Acusación. Algunos consejeros pronostican que no será tan fácil votar la acusación ese mismo día, ya que ciertos integrantes de la comisión podrían intentar demorar la decisión. Esa fue la actitud que asumieron los peronistas Lelia Chaya y Jorge Casanovas desde que se inició el proceso contra Galeano. Ambos consejeros se opondrían a acusar al cuestionado juez del caso AMIA. A ellos podría sumarse Jorge Yoma. Los otros cuatro integrantes de la comisión se inclinarían por apoyar el dictamen presentado ayer. De todas formas, los tiempos no alcanzan para que el plenario del Consejo vote la acusación y es ese cuerpo el que tiene atribuciones para suspender a los magistrados. Es decir que Galeano seguirá ocupando su puesto al menos hasta febrero.
En el escrito de más de 300 páginas, Szmukler y Rodríguez le atribuyen a Galeano “haber planificado el pago clandestino e ilegal por la suma de 400 mil dólares al acusado Carlos Alberto Telleldín a fin de que dijera que él armó la camioneta que fue usada como coche bomba en la AMIA y que se la entregó a personal de las brigadas de Lanús y Vicente López como consecuencia de una extorsión que ejercieron los policías”.
Otras acusaciones que figuran en el dictamen son:
- Apertura de legajos paralelos secretos para ciertas partes del juicio. “Con esto rompió la imparcialidad que los jueces deben preservar”, aseguraron los consejeros.
- Entrevistas irregulares –sin dejar constancia en la causa– entre abogados y representantes de las querellas y algunos de los imputados.
- Destrucción de medios de prueba: ordenó la quema de todos los videos y casetes que se encontraban en la caja fuerte de su juzgado.
- Coacción a testigos para obtener información incriminante.
- Detención irregular y tortura al imputado César Fernández.
- Intervención ilegal de comunicaciones.
También se le atribuye haber ordenado con mucha demora pruebas que eran muy importantes en el avance de la investigación, como la pista que involucraba a Alberto Kanoore Edul.