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Es la base de una antigua construcción que sólo se divisa a través de la maleza. Durante la última dictadura fue un centro clandestino de detención. El lunes, el juez federal de Posadas Ramón Claudio Chávez recorrió el lugar junto con dos sobrevivientes y familiares de desaparecidos. Era la primera vez que la Justicia llegaba a ese sitio.
“Es un predio de una hectárea lindero con el aeropuerto internacional de Posadas. Lo rodea una nueva autopista. Es un montículo de piedra, de tosca. Lo que encontramos son los restos de lo que sería el centro clandestino llamado en el lugar ‘La Casita’, que era el destacamento policial ‘Mártires’ –nunca mejor puesto el nombre–, porque a unos doscientos metros corre el arroyo Mártires, que desemboca en el río Paraná. El predio fue donado por lugareños, tamberos la mayoría. Ahora alrededor del lugar está todo urbanizado, pero en 1978 era pleno campo”, señaló a Página/12 María Amelia González.
La mujer es hermana de Alfredo González, un ingeniero químico desaparecido que estuvo en ese centro clandestino. González, que fue decano de la Facultad de Ingeniería Química en Posadas, fue detenido el 24 de marzo de 1976 en el marco de la llamada Operación Claridad. Estuvo en la cárcel Candelaria de Misiones y después en la de Resistencia. En octubre de ese año fue dejado en libertad. Pero en marzo de 1978 lo volvieron a secuestrar. Y hasta hoy sigue desaparecido. Varios sobrevivientes de La Casita aseguraron que González estuvo detenido allí, entre ellos Julio César Capli y Héctor Montejano, quienes participaron el lunes del reconocimiento que hizo Chávez.
Capli y Montejano se acercaron a los restos de un pozo de agua, que es lo que más llama la atención de ese predio prácticamente abandonado. Según los testimonios de los ex detenidos, esa especie de aljibe se utilizaba como instrumento de tortura: colgaban a los prisioneros de los pies y los sumergían para hacerles “el submarino”.
“El pozo de agua es lo más notorio pero lo impresionante es que al acercarse, los dos sobrevivientes dieron vuelta su cabeza y a los dos metros encontraron las bases de la casa: una habitación de cuatro por cuatro y un escalón de lo que sería la galería. También hay un monolito que suponemos correspondía al mástil de la comisaría. Por los ruidos del aeropuerto, ubicaron dónde estaba la letrina a la que los llevaban tabicados y encadenados”, describió María Amelia González.
La mujer, oriunda de Bella Vista, Corrientes, fue quien junto a la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes hizo la denuncia para que se investigue el destino de su hermano. A mediados del año pasado la Cámara Federal de Posadas abrió un Juicio por la Verdad para indagar acerca de la desaparición de Alfredo González.
Luego del recorrido por el lugar, el juez Chávez informó que solicitará la colaboración del área de Arqueología de la Universidad de Misiones y de grupo de antropólogos forenses para determinar si en la zona hay restos óseos.
Según la división del país hecha por la última dictadura, Misiones formaba parte de la Zona 2, junto con Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. Los jefes máximos de esa jurisdicción fueron Leopoldo Fortunato Galtieri, Ramón Genaro Díaz Bessone y Luciano Adolfo Jáuregui. Específicamente en Misiones, la represión estuvo a cargo de los titulares del Regimiento de Infantería de Monte Nº 30, que fueron los tenientes coroneles Héctor Leopoldo Flores, Antonio José Deimundo Piñeiro, Eduardo Antonio Cardoso y Juan Carlos Correa.
En la Conadep habían sido denunciados cinco centros clandestinos en esa provincia: la comisaría primera, la D-2 Policía de Misiones, la Delegación Policía Federal, el Escuadrón de Gendarmería Alto Uruguay y la Escuelita para Mudos, todos ubicados en Posadas. “La existencia de este sitio que se reconoció ahora la sabían los organismos de derechos humanos, que la denunciaron. Pero es la primera vez que va la Justicia”, señaló María Amelia González.