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“Es vocación del Gobierno que la ciudad tenga su policía en forma definitiva, pero esto no es un tema tan simple como ir al supermercado a comprar un paquete de fideos.” El ministro del Interior, Aníbal Fernández, eligió este ejemplo doméstico para bajar las expectativas y marcar la posición de la Casa Rosada en el asunto que por estos días desvela al gobierno de Aníbal Ibarra: el traspaso del área de Seguridad Metropolitana de la Federal y de Bomberos a la órbita porteña. “Esperamos que eso sea en el tiempo más corto posible”, señaló Fernández y aseguró que el tema podría resolverse antes de 2007, con lo que sepultó los deseos expresados por el Ejecutivo porteño de alcanzar ese objetivo en un plazo breve. Sus palabras llegaron a oídos del secretario de Seguridad de la ciudad, Juan José Alvarez, quien –luego de destacar el “fuerte compromiso personal del presidente Néstor Kirchner” en este sentido– suavizó el tono y reconoció que “hay que ir preparando el terreno de a poco”, con la mira puesta en 2007 e incluso en 2009.
Desde antes de asumir en su cargo de secretario de Seguridad porteño luego de la tragedia en República Cromañón, Alvarez dijo que uno de los objetivos centrales del plan que traía bajo el brazo era lograr que la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal pasaran a depender del gobierno de la ciudad.
Desde ese mismo momento, en la Casa Rosada expresaron sus deseos de colaborar en ese sentido, pero dejaron en claro que no habría lugar para “locuras”. “Tenemos la vocación de que en algún momento se traspase un sector de la Federal a la ciudad, pero no vamos a hacer locuras ni a apresurarnos”, señalaron entonces desde el Ministerio de Interior.
Ayer fue el titular de esa cartera quien se encargó de reforzar esa idea y de alimentar la polémica. Durante una visita a La Plata, Fernández aprovechó para poner paños fríos sobre las ilusiones del gobierno porteño de que el tema se resuelva de manera inmediata. “Es un trabajo que se debe empezar todos los días produciendo un hecho para que culmine con este tema y aspiramos a que eso sea en el tiempo más corto posible, y en el marco del actual mandato del presidente Néstor Kirchner”, dijo el ministro.
De este modo, Fernández restó fuerza al deseo del gobierno de la ciudad de que la Rosada envíe al Congreso un proyecto de derogación del artículo 7 de la Ley Cafiero –que impide a la ciudad disponer de una fuerza de seguridad armada–. El objetivo de la ciudad era que el tema fuera tratado durante el verano en sesiones extraordinarias, y quedar así a un paso de tener tropa propia. “Cualquier discusión sin la derogación de la Ley Cafiero es estéril”, había señalado el jefe de Gabinete de la ciudad, Raúl Fernández, 24 horas antes de la embestida del ministro.
En la ciudad trataron de asimilar el golpe y adoptaron un tono más cauto. Juan José Alvarez, quien el lunes había destacado “el fuerte compromiso personal del presidente Kirchner para el traspaso de la policía”, dejó de lado la euforia. “Hay que ir preparando de a poco el terreno para el traspaso de la Policía”, dijo a Página/12 y estiró los plazos pensados originalmente hasta el 2007 e incluso el 2009.
Queda entonces descartada prácticamente la posibilidad de que el gobierno de Ibarra insista ante el Ejecutivo nacional sobre la necesidad de llevar las modificaciones a la Ley Cafiero al Parlamento durante el receso legislativo, por lo que el tema deberá quedar para el próximo período ordinario.
Un grupo de diputados nacionales de la ciudad venía trabajando junto a funcionarios de los gobiernos porteño y nacional en un proyecto para dejar sin efecto el artículo 7 de la ley, como primer paso del traspaso de un sector de la Policía Federal. El jueves 23 de diciembre, los diputados Cristian Ritondo (PJ), Silvana Guidici (UCR) y Claudio Lozano (FP) se reunieron con Ibarra, su jefe de Gabinete, y el renunciado secretario de Seguridad, Juan Carlos López, para allanar el camino hacia el tratamiento en el recinto. La iniciativa consensuada que buscaba derogar el artículo de la polémica fue aprobada en las comisiones de Seguridad Interior, Asuntos Municipales y Legislación Penal, pero debía pasar por Asuntos Constitucionales y Hacienda para llegar al recinto. El ministro del Interior y el secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, conocían y alentaban este trabajo parlamentario, pero surgieron dificultades cuando algunos legisladores del interior plantearon cuestionamientos presupuestarios.
En este escenario, todo parece indicar que el gobierno de Ibarra deberá conformarse por el momento con el traspaso de los Bomberos a la ciudad, lo que no representaría mayores inconvenientes. “El pase de los Bomberos podría darse rápidamente, porque no tiene que ver con fuerzas de seguridad sino que está relacionado con el tema de las habilitaciones e inspecciones”, se mostró confiado ante Página/12 Alvarez durante la tarde.

Informe: Alfredo Ves Losada.