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Cuando faltan dos días para que comience en España el juicio contra el represor Adolfo Scilingo, su esposa, María Marcela Vallés, intentó jugar las últimas cartas para que se suspenda el proceso pidiendo la intervención del gobierno argentino. La mujer ya había sugerido que el ex capitán de navío no estaba en condiciones de declarar porque lleva un mes en huelga de hambre, pero las autoridades del Servicio Penitenciario dijeron que según los controles médicos no tiene impedimento.
Scilingo será juzgado desde el viernes por la Audiencia Nacional de España por delitos de terrorismo, genocidio y torturas. Las acusaciones populares y particulares piden para él 6626 años de cárcel por los crímenes cometidos durante la dictadura argentina. La fiscalía, a cargo de Dolores Delgado, solicitará la pena durante el transcurso del proceso.
El ex marino quedó preso en España en 1997, después de declarar ante el juez Baltasar Garzón que había participado de dos de los “vuelos de la muerte”. Ahora será el primer represor argentino juzgado en presencia en Europa. Alfredo Astiz, Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros fueron condenados “en ausencia” a cadena perpetua en Francia e Italia. En España, está pendiente el inicio del juicio contra Ricardo Miguel Cavallo.
Al dar los últimos manotazos de ahogado, la mujer de Scilingo salió a decir ayer que el juicio “está armado”, que la sentencia “está escrita” y que “España no es competente a pesar de que el Tribunal Supremo lo haya dicho”. Pidió la intervención del gobierno argentino “para defender la soberanía del país”. “Se están violando tratados internacionales que tienen que hacer valer los estados parte”, alegó enrostrando terminología jurídica. Y dijo creer que si las autoridades argentinas no intervienen es porque “son de otras ideas políticas”.
Vallés advirtió que Scilingo, que está preso en Alcalá-Meco, a unos 30 kilómetros de Madrid, sigue en huelga de hambre.