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El detenido Omar Chabán sufrió la inhibición general de sus bienes por parte de la Justicia, que además dispuso el embargo preventivo del local República Cromañón. Ambas medidas apuntan a preservar el patrimonio de los responsables del incendio del 30 de diciembre para los futuros reclamos económicos de las víctimas. Por otra parte, Página/12 pudo saber que los investigadores apuntan también al hermano del empresario, el ex concejal Yamil Chabán quien, según testigos, tenía responsabilidad en el manejo del boliche –como ya dio cuenta este diario– y, por lo tanto, podría ser imputado en la causa.
Damián Albornoz, ex empleado de Cromañón, volvió a responsabilizar a los hermanos Omar y Yamil Chabán por la tragedia y pidió una reunión con el presidente Néstor Kirchner para “pedir justicia para las 190 víctimas” y para exigir que se forme una comisión independiente de investigación.
Albornoz aseguró que en el momento en que comenzó el incendio Yamil Chabán estaba atendiendo la caja de la barra, como lo hacía en la mayoría de los shows. “A Omar lo vi salir disparando hacia plaza Once y a Yamil lo vi en la esquina de Jean Jaurès y Mitre parado arriba de una tarima como un zombi”, manifestó el empleado en declaraciones periodísticas. Según explicó, la “estructura del boliche pertenecía al hotel” que estaba al lado de Cromañón, y entre los que lo alquilaban y administraban mencionó a “Daniel y Eduardo Rippa, Alejandro y Gabriel”, aunque de los últimos dos no recordó el apellido. Albornoz ratificó –tal como había dicho a Página/12– que Yamil Chabán también era el encargado de pedir las libretas sanitarias de los empleados, pero les ordenaba que no incluyeran la dirección del boliche “para que los inspectores no los molestaran”.
Por otra parte, la jueza de instrucción María Angélica Crotto inhibió los bienes de Chabán y embargó el local en respuesta a un pedido del querellante Luis Santana, padre del periodista de Crónica TV fallecido en el incendio. Su abogado, Fabián Bergenfeld, explicó a este diario que la medida cautelar dictada contra el empresario se decreta “cuando no existen bienes conocidos”, y apunta a impedir cualquier operación de compra y venta del patrimonio registrable de Chabán, mientras que el embargo de Cromañón se realizó por la responsabilidad que le pueda corresponder al dueño de ese edificio. “Se traba el embargo de todas maneras, más allá de la titularidad”, indicó el letrado, en alusión a la cadena de transferencias entre sociedades off shore que surge de la investigación, y que comenzarían con la que figura como propietaria: Nueva Zarelux S.A., como publicó este diario.
Bergenfeld comentó que pidieron las mismas medidas cautelares respecto de los funcionarios renunciados, Juan Carlos López y Fabiana Fiszbin, pero en este sentido la jueza aún no hizo lugar a lo solicitado.
El letrado se presentó ayer en el juzgado para ampliar las pruebas del expediente. Aportó los informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, del 5 mayo de 2004, y de la Defensoría de la Ciudad que daban cuenta de las irregularidades en el control de boliches. Además, agregó un pedido de informes de la Legislatura porteña, que en septiembre alertó sobre las mismas falencias. Bergenfeld enfatizó que “ninguna de estas advertencias fueron contestadas ni tenidas en cuenta por el jefe de Gobierno porteño”.