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La Unidad AMIA del Ministerio de Justicia reclamó en una denuncia que se investigue por posible enriquecimiento ilícito al ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, al ex ministro del Interior, Carlos Corach y al juez federal Juan José Galeano. La presentación del organismo recuerda que son tres personajes centrales de la trama del pago clandestino de 400 mil dólares con que se benefició al reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucrara a policías bonaerenses en el ataque terrorista. El escrito, de 110 páginas, dice que la Oficina Anticorrupción (OA) debe encargarse de dar los primeros pasos de la pesquisa patrimonial. Le sugiere un largo listado de pruebas que incluye, además del inventario de los bienes adquiridos, el rastreo de cuentas y propiedades en el exterior, de sus salidas del país y hasta con quién intercambiaron correspondencia.
Los dos ex funcionarios menemistas y el juez ya están bajo investigación por las irregularidades en el trámite del expediente del atentado a la AMIA. Encubrimiento y peculado (sustraer fondos públicos) son dos de los delitos graves que entraron en juego tras el fallo del Tribunal Oral 3, que concluyó que la causa fue “una construcción” para “atender las demandas de las sociedad y satisfacer los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. Según la Unidad Especial de Investigación (UEI), que dirige Alejandro Rúa, también debe analizarse la evolución de sus respectivos patrimonios, sobre todo desde los noventa. Así lo exige, advierte, una normativa de la Procuración General cuando alguien está implicado penalmente por otros actos de corrupción en la función pública.
La presentación de la UEI fue dirigida a la OA –que está a cargo de Abel Fleitas– por ser el órgano que le da apoyo en el análisis de temas financieros. Lo hizo, por ejemplo, en la pesquisa sobre los bienes del ex comisario Juan José Ribelli. Pide que, como indica una resolución de 1992, inicie “las acciones perquisivas tendientes a averiguar el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios sometidos a proceso” con el fin de “unificar o coordinar el tratamiento de ciertas conductas ilícitas en que aparecen involucrados”. El texto hace un raconto del pago secreto a Telleldín para que dijera que le había entregado a los policías una Trafic supuestamente usada en el atentado. Describe que Galeano pidió el dinero, Anzorreguy lo habilitó desde la SIDE y Corach debía conocer la negociación. Y que fue una operación clandestina pese a que por ley se podía pagar una recompensa millonaria a quien aportara información.
Aunque hubo varios pedidos –tanto de la OA como de los fiscales intervinientes– para que el ex jefe de los espías y Galeano sean indagados como sospechosos del pago ilegal al reducidor de autos, el juez Claudio Bonadío sigue sin resolver la cuestión. Ante un escenario que parece prenunciar dilaciones, la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia pide que aunque sea Anticorrupción ponga el pie en el acelerador en la investigación sobre enriquecimiento ilícito para luego entregar la mayor cantidad de elementos posibles a la Justicia federal. Bonadío, además, carga con un pedido de juicio político presentado por la UEI.
El listado de medidas de prueba sugeridas en la denuncia de ayer incluye: el examen de todas las declaraciones juradas de Galeano, Anzorreguy y Corach; pedidos de informe a Veraz sobre los ex funcionarios y sus familias; el rastreo de las sociedades comerciales en las que participan y su composición; la verificación de su nivel de ingresos y gastos; el control de sus aportes y los pagos registrados a la AFIP; la reconstrucción del mapa de sus bienes (inmuebles, barcos, aeronaves, autos, acciones); y los movimientos bancarios en Argentina y en el exterior. También sugiere que se rastreen sus entradas y salidas del país, la correspondencia epistolar que mandaron o recibieron de “sociedades o personas” que pudieron participar “en la disimulación de su patrimonio”.
El enriquecimiento ilícito tiene penas de 2 a 6 años de cárcel y afecta a varios menemistas. María Julia Alsogaray recibió el año pasado una condenade cumplimiento efectivo por no justificar su riqueza. Ahora parece que este delito también puede ser una nueva derivación de la causa AMIA.