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“El sello que los matafuegos tienen en la ciudad de Buenos Aires sólo certifica su control y mantenimiento. Pero no certifica su capacidad de apagar el fuego.” Mientras la tragedia de Cromañón continúa alentando la adopción de medidas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acompañadas por la profundización del debate en torno de cómo garantizar la seguridad en los espacios públicos, Enrique Martínez, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), alerta sobre un aspecto que hasta el momento no ha sido discutido. En la ciudad de Buenos Aires no hay ninguna norma que establezca la obligación de controlar los materiales utilizados en una construcción. La negligencia cinco años atrás motivó a distintos organismos a elaborar un proyecto destinado a reformar el Código de Edificación, que regula dichas cuestiones. Sin embargo, la medida tuvo que esperar a las llamas de Once para cobrar impulso dentro de la Legislatura porteña, donde, se anuncia ahora, sería tratada en febrero.
–¿Una reforma del Código pudo haber evitado la tragedia de Cromañón?
–Luego del incendio convocaron al INTI para hacer algunas auditorías en el lugar. Allí confirmamos que el techo estaba hecho con una media sombra de poliéster y con espuma de poliuretano, que actúa como aislante acústico. Ese material cuando se quema produce cianuro. Esa fue la sustancia que prácticamente mató a las 191 personas. Esto estaba allí porque hasta el momento no hay ninguna entidad responsable de verificar los materiales que se utilizan. Sólo se hace una verificación posterior, que se traduce prácticamente en un papel que actúa como una declaración jurada.
–¿Qué cambios sobre el Código de Edificación plantean entonces?
–El Código regula en la ciudad de Buenos Aires todo lo vinculado con la construcción. Esto incluye, por ejemplo, el número de salidas de emergencia que debe haber. El proyecto plantea una reforma sólo en lo relativo a la seguridad contra incendios. Lo que se busca es establecer la obligación de certificar la aptitud técnica de los materiales que se utilicen, ya que es casi inútil armar, como ahora se pretende, esquemas de control de matafuegos cuando su capacidad extintora real no es verificada.
–¿Esto quiere decir que por más que un matafuegos tenga certificado, no está garantizado que funcione?
–Casi todos los matafuegos que hay en la ciudad de Buenos Aires están certificados por el IRAM, que consiste en una organización privada a la cual se le asignó hace más de 70 años la responsabilidad de establecer, a partir de las referencias internacionales, las normas generales que deben cumplir los materiales y bienes industriales. Pero ese sello de IRAM sólo está certificando el control y mantenimiento del matafuegos. No acredita su capacidad de apagar el fuego.
–¿Cómo se puede comprobar dicha capacidad?
–Ello debería ser comprobado en un laboratorio de ensayo con el que solamente cuenta el INTI. Y hasta ahora nunca lo han pedido. En Argentina nadie controla lo que se denomina la capacidad extintora de un matafuegos. Esto es fundamental, ya que no importa que el matafuegos esté vacío o esté lleno, sino que lo que tiene adentro sea capaz de apagar el fuego. Pero no sólo eso. Hay muchas cuestiones vinculadas con el control de materiales. Por ejemplo en el caso del poliuretano, que resultó mortal en Cromañón, con sólo un agregado de cobre se lo vuelve menos riesgoso. Sin embargo, ésas son cuestiones que no cualquier organismo maneja.
–¿Quiénes colaboraron con la elaboración del proyecto?
–Hace cinco años se formó una comisión integrada por el INTI, IRAM y otras organizaciones como la Asociación Central de Arquitectos, laUniversidad de Buenos Aires y el Centro Argentino de Ingenieros. Todos trabajamos con la Secretaría de Seguridad porteña en un plan que busca fortalecer las obligaciones actuales. Por ejemplo, planteamos que los inspectores de obra, que actualmente sólo intervienen fiscalizando papeles, tengan que controlar que lo que dicen esos papeles sea cierto.
–¿El incendio en Cromañón impulsó el tratamiento de la reforma?
–Después de años de espera, tras lo del 30 de diciembre, todo el trabajo se ha acelerado y se espera presentar en febrero el proyecto a la Legislatura. Por otro lado, los Bomberos desde la semana pasada están trabajando con el INTI para poner en práctica las técnicas necesarias para verificar la capacidad extintora de los matafuegos.
No parece necesario demostrar que muchas cosas deben cambiar después de la tragedia de Cromañón. En la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. El punto es que deben cambiar de verdad.
–Si el INTI, como usted plantea, es la única entidad que cuenta con laboratorios de ensayo y demás recursos para ejercer esta clase de controles. ¿Por qué entonces es IRAM el responsable de las certificaciones?
–Justamente hace dos años que nosotros insistimos que debe ser el Estado quien controle las cuestiones que hacen a la seguridad de los ciudadanos. Cuando es un atributo de calidad no hay problema. Pero, conceptualmente, la seguridad debe estar garantizada por el Estado. Sin embargo, en Argentina los organismos privados han reemplazado al Estado en todo lo vinculado con la certificación obligatoria.
–Pero, además de estas razones conceptuales, ¿por qué considera que una empresa privada no puede hacerse cargo de estas tareas?
–Es muy difícil enfrentarse con esos organismos, que ven detrás de esta tarea un negocio y que pretenden poner en pie de igualdad a una organización como el INTI, con equipamiento de varias decenas de millones de dólares, con simples oficinas de armado de expedientes. Ellos tampoco podrán demostrar, a diferencia de un organismo público, que son enteramente independientes de las presiones de intereses comerciales circunstanciales. Es hora de terminar con las medias tintas. Si para algo sirve el drama de fin de año, debe ser para que cada uno se haga cargo de su propia responsabilidad y para que el control de la seguridad no sea un negocio sino una responsabilidad del Estado.

Entrevista: Carolina Keve.