Por Alejandra Dandan y Adriana Meyer

La fiscalía de Gabriela Ruiz Morales estudiaba ayer si realizaría un pedido de indagatoria para el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. El juzgado, por su parte, no descartó avanzar en la misma línea. Fuentes de la causa consultadas por este diario enmarcan el planteo en una hipótesis que funcionarios de la fiscalía formulan así: “Tenemos probado el embarque de droga. Ahora queremos saber si Sou- thern Winds se creó o se sostuvo para transportar ese tipo de carga”. Si esa hipótesis resultara cierta, la cadena de involucrados podría ser larga. Los investigadores están dispuestos a remontarse hasta la historia, incluso cuando Eduardo Duhalde era presidente.
Hasta ahora, los tres empleados detenidos de SW por el envío de cocaína apelaron a la cadena de mandos como estrategia de defensa. Los tres coincidieron en que no tenían la jerarquía suficiente como para “ordenar” el tipo de cargamento “sin pasajero” con el que salieron las cuatro valijas el 16 de septiembre pasado desde el aeropuerto de Ezeiza. Mientras, SW presentaba el affaire como “un hecho aislado” y a sus empleados como un grupo de “infiltrados”. Ellos replicaron ante la Justicia que sus acciones respondían “a órdenes gerenciales”.
El presidente de SW apeló a una estrategia parecida. Aunque no se refirió a los embarques irregulares, mencionó al secretario de Trasporte como “nuestro jefe directo: reportamos a la Secretaría de Transporte y a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial”. En la conferencia de prensa de Aníbal y Alberto Fernández (ver pág. 3), el jefe de Gabinete explicó que “Jaime está a cargo del sistema de aeronavegación comercial y eso es lo que debe entenderse” de la frase de Maggio. Al ser consultado sobre si el Gobierno respalda a Jaime, Fernández respondió: “Es el secretario de Transporte”.
La fiscal Ruiz Morales puso la lupa en ese vínculo: “La fiscalía quiere establecer la relación de SW con la Secretaría de Transporte”, indicó una fuente con autoridad en la investigación ante una consulta de Página/12. La densidad de esos supuestos vínculos había sido insinuada el viernes pasado por uno de los detenidos clave de la causa, Walter Beltrame. Ante el juez Carlos Liporace, el hijo del ex jefe militar del aeropuerto de Ezeiza presentó al secretario de Transporte “como pasajero frecuente”. Y fue más allá al señalar que a su criterio “él era parte de la compañía”. Sin embargo, según esa misma fuente, Beltrame “aún no dijo todo”, por lo cual prestará una ampliación de su indagatoria. Lo hará cuando termine la ronda de medidas en curso, tal como informó ayer este diario.
Sobre la base de su testimonio y de “documentos en manos de los investigadores”, ayer se estudiaba “un paquete de medidas”. Para la pesquisa, la hipótesis de máxima es conseguir la indagatoria de Jaime. Sin embargo, todavía no elevaron el pedido formal al juez.
Hasta ahora el juez Carlos Liporace ni siquiera había insinuado esa posibilidad. Sin embargo, ayer comenzó a decirlo. Expresó que “no” tiene “pensado llamar a declarar al presidente (Néstor) Kirchner ni al ministro de Defensa, José Pampuro”, pero no sostuvo lo mismo sobre Jaime. “No sé si tengo previsto llamar al secretario de Transporte, pero en la medida en que sea necesario, no voy a dudar en llamarlo”, dijo. “Es evidente que quienes sean responsables en los organismos de seguridad, por negligencia u omisión, van a ser citados a declarar.”
Las sospechas de la fiscalía sobre SW apuntan a “averiguar la composición accionaria, el capital inicial con el que se abrió y para qué fue creada. Quiénes la sostuvieron y para qué”. En ese contexto, insinúan la hipótesis de una línea aérea supuestamente dedicada al tráfico de estupefacientes. Para la fiscalía, el contrabando ya está probado. “Si esto fuese una causa común, de contrabando informático –graficó una fuente– todo hubiese sido instruido más rápido, por lo menos hace cuatro meses.” Para la fiscal, las medidas procesales están demoradas porque las valijas no tenían computadoras sino un producto que pone en juego intereses múltiples y delicados.
En el ámbito judicial, aún no se sabe si el contrabando fue múltiple. Los imputados y un informe de la Policía Aeronáutica coinciden en que desde 2002 a esta parte las valijas o envíos volantes fueron unos 50. Información que la pesquisa da por cierta aunque aún no sabe si eran “folletines, correo interno o vajillas”.
Para Liporace, los 60 kilos que llegaron a España fueron el resultado de un “mecanismo aceitado”, pero al mismo tiempo se pregunta cómo investigar el resto de las valijas volantes con seis meses de atraso. Para saltar ese problema, la fiscalía está decidida a avanzar por un atajo: las cuentas, números y accionistas de la empresa. Con lo que tiene probado –el caso puntual de las valijas a Madrid–, ahora avanza hacia la compañía creada en 1996 por los hermanos Maggio, cordobeses como el ex jefe de la PAN de Ezeiza.
En este momento, un 30 por ciento de la firma está en manos de una “off-shore” uruguaya, de acuerdo con datos de la Inspección General de Justicia. Desde hace tiempo su situación financiera se encuentra en un “estado desastroso”, reconoció ante este diario el juez Liporace. Tanto es así que los empleados ahora detenidos aseguraron que viajaban a Europa para contactarse con supuestos inversores, entre otros los españoles que fueron detenidos en diciembre en el marco de otra causa por contrabando.
El Estado argentino no es ni fue ajeno a la situación financiera de SW, y por eso la fiscalía quiere abrir nuevas líneas de investigación incluso antes de Jaime. La situación financiera de los Maggio fue mejorada hace dos años cuando estuvieron a punto del cierre. Desde ese entonces el Estado les pagó un subsidio de 3,2 millones de pesos que se duplicaron el año pasado. Como compensación, SW opera las rutas de Lafsa, la compañía residual de LAPA y Dinar, creada por Eduardo Duhalde en 2003 antes de las elecciones.
Ayer, el Gobierno reiteró que “no está involucrado” en las acciones de SW y reiteró la explicación del salvataje a las tres líneas aéreas, SW incluida. “Es un despropósito afirmar que cada vez que el Estado toma actitud de socorro a un sector, si después el sector se ve implicado en un ilícito lo convierte en socio del ilícito”, dijo el jefe de Gabinete.