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Las asociaciones de defensa del consumidor extenderán el boicot iniciado a la Shell también contra la Esso y no descartan medidas similares por los aumentos en el costo de los alimentos de primera necesidad. “Si es necesario agrandar la campaña, lo haremos hacia todos los sectores que suban precios o que pongan precios que no sean justos”, dijo a Página/12 Sandra González, de Adecua. Pero las entidades quieren que al mismo tiempo el Gobierno use los mecanismos legales de que dispone para frenar los incrementos, especialmente los de los productos que integran la canasta familiar.
La Ley de Defensa de la Competencia y la de Emergencia pública –que faculta al Poder Ejecutivo a fijar precios y tarifas– son algunos de los recursos propuestos por las entidades. Allí analizan la posibilidad de iniciar acciones para que el Ministerio de Economía tenga una intervención directa en el tema. Las asociaciones lo harían a través de una presentación ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que conduce Leonardo Madcur, uno de los funcionarios del equipo que negoció el canje de la deuda. Los abogados entienden que esa comisión, que depende directamente del ministro de Economía, Roberto Lavagna, “tiene facultades amplias” con las que podría disponer, en una situación de máxima, el cese de los aumentos.
Horacio Bernstein, de la Unión de Usuarios y Consumidores, lo resumió de esta manera: “Es importante que el Presidente promueva el boicot en cuanto significa una señal, pero en rigor esas son medidas que habitualmente nacen y se desarrollan desde la sociedad civil. Quienes detentan el poder político cuentan con otros resortes para conseguir sus objetivos”.
El viernes, las asociaciones salieron a respaldar la convocatoria de Néstor Kirchner a un boicot nacional contra la petrolera anglo-holandesa Shell, que aumentó sus productos entre 2,6 y 4,2 por ciento. El día anterior, las entidades habían sido llamadas a una reunión con la subsecretaria de Defensa de la Competencia y el Consumidor, Patricia Vaca Narvaja. “Hubo consenso en la cuestión del boicot, ¿cómo íbamos a negarnos? Es una herramienta legal que los consumidores tenemos en cualquier parte del mundo ante un aumento abusivo. No comprar cuando hay subas injustificadas es una actitud responsable”, señaló Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor.
Los consultados dijeron que se reunirán entre hoy y mañana para delinear la extensión de las protestas. No tienen dudas sobre la modalidad de protesta frente a los aumentos de combustible. Es mucho más complejo, en cambio, qué hacer con el caso de los alimentos de primera necesidad. “Con productos como la carne, donde hay una multiplicidad de productores, uno puede abstenerse de comprar un día a la semana, pero es más difícil encontrar mecanismos de presión”, definieron.
El tema implica además dificultades en otro sentido. En la Argentina, las asociaciones de defensa de consumidores y usuarios son buenos litigantes, pero no tienen experiencia en organizar campañas que impliquen una participación masiva de la sociedad. De hecho, los logros del sector han sido conseguidos exclusivamente por la vía judicial.

La historia

En el país existen unas veinte organizaciones de usuarios y consumidores. Todas adhirieron al boicot contra la Shell, excepto una. Se trata de Adelco, cuya orientadora es Ana María Luro, quien fuera secretaria privada de ex ministro de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz.
Adelco es la más liberal de las asociaciones del sector, aunque no la más despolitizada. El arco de las agrupaciones existentes reproduce el mapa político del país: Consumidores Libres está vinculada al socialista Héctor Polino, Adecua al radicalismo, Consumidores Argentinos al PJ, Deuco fue fundada por allegados a Mary Sánchez, Procurar por el grossismo. La más antigua es Adelco, abierta en los ’80, cuando gobernaba la dictadura. El resto nació mucho más tarde. En 1993, el Congreso sancionó la Ley de Defensa del Consumidor. “Con el argumento de promover la defensa de los usuarios, el gobierno de Carlos Menem les otorgó un millón 400 mil pesos a Adelco y otro tanto a Lita de Lázzari, para que formara un liga que finalmente ni siquiera constituyó”, recordó Bernstein, de Usuarios y Consumidores. La concesión, como se podrá adivinar, tuvo que ver con la actitud de las entidades hacia las privatizaciones, cuya característica saliente fue el no control. En el ’94 aparecieron otras entidades. En la actualidad reciben fondos del Estado para su funcionamiento, unos 250 mil pesos por año, lo que significa un promedio de 12 mil por agrupación.
Aunque trabajan con asociados, son, en general, grupos reducidos de personas especializadas en el tema. Hasta el momento hay pocas experiencias de organización social: Usuarios y Consumidores organizó una campaña en Santa Fe contra la concesionaria del agua por la que reunió 240 mil firmas, pero el caso es una excepción. Así pasa en todo Latinoamérica: sólo en Ecuador el movimiento de consumidores ha logrado ligazón con organizaciones sociales, a través del movimiento campesino y las indígenas.
Si hubiera que trazar el camino de las asociaciones argentinas se podría contar, a grandes rasgos, que su primer gran tema fue el rebalanceo telefónico, que frenaron a fines del ’96. En el ’98 y en el ’99 se ocuparon de los contratos ferroviarios. Terminado el menemismo, algunos pensaron que la Alianza iba a darles mayor espacio, pero no fue así. Eduardo Duhalde los recibió al asumir la presidencia, pero de inmediato surgieron conflictos con los aumentos en las tarifas de la electricidad y el gas. Una de las críticas al actual gobierno es que no ha objetado las fusiones de empresas que dan lugar a la formación de oligopolios.
“Esa concentración restringe cualquier medida que podamos hacer los usuarios”, dice Susana Andrada, del CEC. “En nuestro país, la mayor parte de la producción se ha vuelto monopólica u oligopólica. Pongamos un ejemplo: en el sector de los lácteos, por ejemplo, dos compañías manejan el 80 por ciento del mercado, se ponen de acuerdo en los precios y las demás los siguen”.
Dispuestas a extender sus medidas “hacia todos los sectores que aumenten sus precios de manera abusiva”, el respaldo al Ejecutivo, dicen en las asociaciones, no va a estar libre de tensiones. Tampoco será fácil el trabajo de cara a la sociedad. Llamar a un boicot es un tipo de tarea distinta de la que acostumbran, que exige manejo de la comunicación y un despliegue de militancia del que carecen. Sólo unas pocas entidades cuentan con vínculos con sindicatos o grupos que pueden permitirles un mayor desarrollo. En ese sentido, aún tienen todo por hacer.