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Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Los restos de Graciela Haydeé Torres serán entregados hoy a sus familiares por el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular, peritos oficiales de la Justicia, confirmaran la identidad de esta víctima de la dictadura, secuestrada el 29 de junio de 1976 y entregada a la morgue judicial el 8 de julio de ese mismo año. Enterrada como NN en una fosa común en el cementerio San Vicente, el de Torres es el sexto cuerpo identificado en el marco de la causa que investigan la jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñuk. Culminado el trabajo de excavación en esta necrópolis, los forenses se disponen ahora a la tarea de identificación de casi cien cuerpos exhumados allí.
Veintinueve años de angustia y desesperación concluyeron hace quince días para Yolanda Bonaldi y Elizabeth Torres, madre y hermana de Graciela Haydeé Torres, la mujer secuestrada, mutilada, asesinada y enterrada como NN por el Ejército argentino entre junio y julio de 1976, que fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular, peritos oficiales en la causa a cargo de Garzón de Lascano.
“Aunque nunca dejamos de buscarla, de presentar hábeas corpus, de preguntar por ella, recién hace un año, cuando nos acercamos al Museo de Antropología de Córdoba para preguntar si sabían algo de ella, recuperamos la esperanza de poder encontrarla”, dice con voz entrecortada a este diario Yolanda Bonaldi, la mamá de Graciela Torres, quien a pedido de los forenses se realizó el examen de ADN que arrojó un 99,4 por ciento de probabilidades de parentesco.
Estudiante de Letras Modernas y trabajadora del Ferrocarril Mitre, Graciela fue secuestrada de su casa un 29 de junio de 1976 por una patota del Ejército y sacada a las patadas de los brazos de su familia. Tenía 22 años. En menos de quince días ingresó a la morgue judicial proveniente de una comisaría de Tanti, a 50 kilómetros de Córdoba Capital, y fue enterrada en forma clandestina en una fosa común del sector “C” del cementerio San Vicente, repitiendo el siniestro mecanismo que las Fuerzas Armadas utilizaron para ocultar los cuerpos de los desaparecidos. La identificación de Torres se suma a las de Mario Osatinsky, Liliana Barrios, Horacio Pietragalla, Gustavo Olmedo e Hilda Flora Palacios.
Según consta en el informe de los peritos, “el esqueleto de esta mujer estaba incompleto, sin los miembros inferiores a partir del tercio medio de ambos fémures, con evidencia de que parte del cuerpo fue quemado”.
Además, indica que “la muerte de Graciela fue provocada por múltiples impactos de proyectil de armas de fuego (cuatro, al menos) uno en el cráneo y tres en la región torácica izquierda”.
“Aunque la noticia nos genera angustia y tristeza, conocer la verdad del destino de mi hija significa un cierre para nosotros. La desaparición es lo peor que se puede sufrir, porque uno no puede hacer un duelo de lo que pasó”, confiesa Yolanda, quien asegura que “los militares se llevaron lo mejor de la sociedad. Y lo hicieron porque nuestros hijos eran inteligentes y comprometidos”.
A pesar del dolor vivido todos estos años y de creer que los genocidas no van a ser juzgados jurídicamente, Yolanda no siente resentimiento por los verdugos de su hija: “Estoy segura de que su conciencia no los deja vivir en paz. A pesar de su soberbia, no creo que duerman tranquilos, y eso ya es un castigo”.
Con una entereza envidiable, Yolanda asegura que es fundamental que se sepa lo que pasó, y exhorta a la sociedad a comunicarse con los organismosde derechos humanos a todos aquellos que tengan un pariente desaparecido. “Tienen que llamar al Museo de Antropología y hacerse el ADN, solo así podremos avanzar en el camino por la verdad.” En este sentido, el EAAF culminó el trabajo de excavación en San Vicente, por lo que ahora se abocará a la identificación de los casi cien cuerpos NN que encontraron allí.