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“Han metido en la misma bolsa a los funcionarios honestos que recibieron una retribución por su trabajo con los que no pueden justificar incrementos patrimoniales millonarios y recurren a los gastos reservados como explicación de lo inexplicable.” Aunque hace dos días aseguró que sólo iba a hablar ante el juez, con una carta en su propia página web el ex ministro de Economía Domingo Cavallo rompió el silencio y cargó contra las versiones que dieron sus propios ex colaboradores acerca del pago de sobresueldos. Luego de subrayar el interés que tuvo durante su gestión por “transparentar el sistema de gastos reservados”, el economista calificó la ola de denuncias desatada con las confesiones de María Julia Alsogaray como una operación orquestada por funcionarios investigados para “sembrar confusión” y beneficiarse ante la Justicia. Aun así, ni siquiera admite que hubo sobres y sólo habla de “devoluciones” de gastos, mucho menores a las denunciadas.
“El argumento que se pretende validar es simple. Cuando ante una denuncia de enriquecimiento ilícito el acusado no pueda explicar un aumento sustancial de su patrimonio, argumentará que por ley secreta recibió sobresueldos. Los funcionarios interesados en enriquecerse a través de la función pública tienen gran interés en que la Justicia acepte este argumento. Quedaría impune para siempre cualquier delito de enriquecimiento ilícito.” Cavallo le respondió a María Julia e intentó minimizar la discusión en torno a la ilegitimidad del sistema de pagos a funcionarios con fondos reservados.
A pesar de que se había negado a dar declaraciones sobre el tema por considerarlo un “pantomima”, ayer decidió referirse a la cuestión. El ex ministro, padre de la convertibilidad, desconoció las versiones que ratificaron la denuncia de la ex polifuncionaria. Evitó hablar de sobresueldos y se refirió al pago de “reintegros de gastos protocolares” cuyas cifras se limitaron a los 5700 pesos para los secretarios y 6500 pesos para los ministros, varios ceros menos de los que declaró Alsogaray semanas atrás.
Las “declaraciones virtuales” del ex superministro también entran en contraste con la versión del ex integrante de la Fundación Mediterránea, Enrique N’Haux, que en su libro Maquiavelo no conoció a los argentinos describió cómo se repartían los sobres entre los despachos de Hacienda. La historia, construida con personajes y nombres ficticios, no pasó desapercibida ante la Justicia y el juez a cargo de la causa, Jorge Ballestero, decidió citar a Luis Murina, también colaborador del ex ministro, el próximo miércoles.
Si bien evitó extenderse sobre las normas que reglamentan el sistema de fondos reservados, no pudo evitar hacer referencia a sus buenos oficios como funcionario cuando reclamó a sus colaboradores que incluyeran las sumas extra en sus declaraciones juradas de impuestos, así como sus intentos por transparentar el sistema y a los de Menem por impedirlo. “Todos los funcionarios que concurrían a las reuniones de gabinete saben que, al poco tiempo de asumir como ministro de Economía, propuse instituir el régimen transparente. Sin embargo, predominó el criterio de evitar que ese reintegro de gastos tuviera difusión y el Presidente decidió que se pagaran en forma secreta.”
Tampoco faltaron las alusiones a la investigación de enriquecimiento ilícito que enfrentó en 1995 “como una carga ineludiblemente asociada al servicio público”. Y agregó: “Esta acusación fue promovida por quienes se sentían molestos con mi lucha contra las mafias. La jueza Servini de Cubría me sobreseyó en el año 2004. Debieron decir burocráticamente que quedó a salvo mi buen nombre y honor”.
Como era de esperarse, el gobierno nacional no pudo quedar inmune a las críticas disparadas por el economista. En este sentido, Cavallo instó a investigar posibles malversaciones de fondos en las administraciones que sucedieron a la de Carlos Menem. También dejó entrever la necesidad de profundizar sobre los intereses políticos que enmarca la instalación deltema en la opinión pública, de la cual, consideró, “pretenden beneficiarse tanto funcionarios de los gobiernos del pasado como del presente”.
Para Cavallo, el alcance público que lograron tener las denuncias durante estas últimas dos semanas está lejos de ser producto de la casualidad o de una revancha aislada de María Julia por ser la única funcionaria menemista tras las rejas. En este sentido, Cavallo destacó la indiferencia que por más de diez años mantuvo la Justicia frente al pago de sobresueldos y arremetió contra las declaraciones de Aníbal Fernández sobre el asunto. “El ministro del Interior acaba de afirmar que seguramente no habrá sanción legal para los que pagaron sobresueldos porque la ley secreta permitía el uso discrecional de los recursos. Pero prenuncia una enorme sanción moral. Y se pretende que los destinatarios de esa sanción seamos los que cobramos reintegros de gastos no mayores a 6500 pesos. Si se quiere investigar seriamente, en lugar de redescubir con diez años de atraso se debería analizar el financiamiento de las campañas electorales no sólo durante la gestión de Menem sino también la de Alfonsín y Duhalde”, sintetizó.
Está claro. A Cavallo no le interesa discutir la ilegitimidad que supone, más allá de las cifras, el pago de sobresueldos a funcionarios públicos con fondos reservados del gobierno. El debate que ha generado la cuestión para el ex superministro sólo responde a un interés de funcionarios por justificar sospechosos engrosamientos de sus patrimonios, apelando al pago de sumas extra regulado por la ley secreta 18.302. Dicha estrategia fue la que concentró ayer las críticas del ministro. Sin embargo, según dejaron entrever sus abogados, sería similar a la que él mismo adoptará durante su presentación ante el juez Ballestero. “Nadie confiesa un crimen”, expresaron días atrás los defensores de Cavallo, tras hacer hincapié justamente en que el pago de los sobresueldos estaba legislado. Cavallo fue citado a declarar junto con el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, y el ex de Justicia, Raúl Granillo Ocampo.