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A raíz de una denuncia presentada por abogados y organizaciones de derechos humanos de Córdoba y Catamarca, el juez federal Pedro Armando Navarro hizo lugar al pedido del fiscal para promover acción penal contra integrantes del Ejército, sospechados de fusilar a 16 militantes del ERP en agosto de 1974 cuando ya se habían rendido y se encontraban desarmados. Entre los combatientes abatidos hay dos ciudadanos uruguayos, posiblemente pertenecientes al movimiento Tupamaro. Como cinco de los fusilados fueron enterrados en calidad de NN en el cementerio de la capital catamarqueña, la Justicia aceptó la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que realice las tareas de excavación y de identificación de estos cadáveres.
La denuncia presentada en diciembre pasado por abogados de derechos humanos de Córdoba y Catamarca, tuvo eco en el juez federal Navarro, quien hizo lugar al pedido del fiscal Santos Reynoso de promover acción penal contra miembros del Ejército argentino y la policía catamarqueña, sospechados de haber fusilado a 16 integrantes del ERP cuando éstos se habían rendido, luego de un enfrentamiento entre esta organización y las fuerzas de seguridad en un paraje conocido como Capilla del Rosario, a veinte kilómetros de la capital catamarqueña, hecho sucedido entre el 11 y el 12 de agosto de 1974.
“Entre los combatientes fusilados se encontraban dos ciudadanos uruguayos, identificados como Hugo Cacciavillani, alias ‘Vicente’ y Rutilio Betancour, alias ‘Tupa’, que habrían pertenecido al movimiento guerrillero Tupamaro”, contó a Página/12 Martín Fresneda, quien junto a Claudio Orozs, Guillermo Díaz Martínez, el Colegio de Abogados de Catamarca, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Archivo Nacional de la Memoria, representan en esta causa a las familias del país vecino.
“Nos hemos puesto en contacto con el gobierno uruguayo por este tema, y ellos están muy interesados en conocer qué paso. Hasta se comprometieron a pagar los costos de traslado de los cuerpos y otros gastos que pudiéramos necesitar”, agregó Fresneda.
Aunque la acción penal se promueve contra autores desconocidos, tanto el juez como el fiscal ya tendrían identificados a los responsables de la masacre.
“A pedido de la policía, toman intervención el entonces comandante general del Ejército, general Leandro Enrique Anaya; el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, general Ernesto Federico Dellacroce; y el comisario de la Policía Federal, Alberto Villar. Pero la persona que dio la orden de ejecución, cuando los guerrilleros ya se habían rendido y entregado las armas, fue Juan José Vaquero”, apunta Fresneda.
Para los querellantes queda claro que se trata de delitos de lesa humanidad, en los cuales se viola la Convención de Ginebra sobre el trato de prisioneros. “Estaban desarmados y no tuvieron un juicio justo como se merecían, si es que se comprobaba que habían atentado contra el Estado”, remarcó el abogado que impulsa la investigación judicial.
Como de los 16 cadáveres sólo once fueron entregados a sus familiares y cinco permanecen enterrados en calidad de NN en el cementerio de la capital de Catamarca, los querellantes pidieron a la Justicia la intervención del EAAF para realizar las tareas de excavación e identificación, petición que fue aceptada por Navarro. Dichas tareas de exhumación comenzarían a realizarse a principios del mes que viene.