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Los militares que violaron los derechos humanos no serán excarcelados, al menos por el momento. Tres jueces negaron en estos días los pedidos para que los represores queden en libertad.
El juez federal Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la causa sobre el Primer Cuerpo de Ejército, señaló que las prisiones preventivas deben ser utilizadas sólo en casos de estricta necesidad, pero destacó que el modo de operar de los represores durante la última dictadura sumó a sus crímenes la búsqueda de eliminar toda posibilidad de juzgamiento futuro y que dicho accionar podría reproducirse en caso de otorgarse la libertad de los imputados en estos delitos.
El juez federal Norberto Oyarbide, que reemplazó a Sergio Torres en la causa ESMA, también se opuso a liberar a los marinos. Basó su decisión en un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien había estimado que en este caso existían “circunstancias excepcionales” que permitían mantener la prisión preventiva y que no debía “soslayarse la reacción de la sociedad ante delitos de especial gravedad”. El juez Guillermo Montenegro, que tiene a su cargo las causas por el robo de bebés y el Plan Cóndor, mantuvo la misma posición que sus colegas.