Después de anunciar por televisión y radio la improvisada propuesta para desmantelar el corralito financiero utilizando bienes del Estado a cambio de los plazos fijos, Eduardo Duhalde recibió ayer un informe oficial que desvaneció esa fantasía. Al margen de otras dificultades operativas, la iniciativa resultaría totalmente insuficiente para cancelar plazos fijos por un total de 33.000 millones de pesos. El Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado tiene a disposición propiedades que a diciembre pasado sumaban 1600 millones de pesos (por entonces equivalentes a dólares), monto que con devaluación mediante podría aproximarse a aquella cifra. Si a esto se sumaran los más codiciados edificios en el exterior que tiene la Cancillería o algunos también valiosos de las Fuerzas Armadas, con suerte podría duplicarse aquel monto y, en ese caso, apenas se superaría el 10 por ciento del monto que se necesitaría cubrir. Hasta el ministro de Economía, Roberto Lavagna, evaluó esa opción como “un capítulo más y pequeño dentro de un montón de alternativas”. El Presidente, entonces, tendrá que seguir buscando atajos para desprenderse de la brasa ardiente del corralito.
La propuesta surgió de lo que podría denominarse ala política del Gobierno, luego de que Roberto Lavagna perdiera su pulseada con los bancos para imponer el Plan Bonex II. Ante este vacío y con el afán de no perder la iniciativa, Duhalde optó por abrazar una idea a simple vista disparatada y hasta la convalidó en público antes de discutirla con el Palacio de Hacienda y con los banqueros, sin cuyo consentimiento es utópico que prospere.
Echar mano de las propiedades públicas para diseñar un negocio o resolver alguna operatoria complicada es un recurso tan remanido como infructuoso. Durante la gestión de Fernando de la Rúa, el ex ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, integró las propiedades ferroviarias más valiosas a un fondo fiduciario que tendría por fin garantizar el repago de obra pública en cuotas, ambiciosa iniciativa denominada “sistema inglés” que quedó en la nada. A fin de año el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá también pensó en utilizar bienes públicos como garantía del pago de deuda y, más recientemente, funcionarios de organismos multilaterales sedujeron con una propuesta de este tenor al ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich.
La envergadura del tema en juego y la exposición pública del propio Presidente forzaron a los técnicos oficiales a improvisar un inventario que permitiera avanzar en firme. Pero sobre la base de este trabajo, la primera dificultad que surgió a la vista es la poca disponibilidad de bienes y la incertidumbre acerca de su valor real.
Según la ley 24.146, los campos, terrenos u edificios que administra el Onave deben ser cedidos gratuitamente a cualquier intendencia del país que los solicite. Muchas de estas propiedades están en este trámite y para que la Nación pueda disponer de ellas sería necesario abrir una complicada negociación con cada comuna con el fin de que resigne el predio o construcción que ya solicitó.
El otro gran inconveniente es que esas propiedades no tienen asignado un código de edificación, clave fundamental para poder cotizarlas. Esta fue una de las advertencias centrales que formuló ayer el titular del Onave, Eduardo Barone, al propio Presidente y al jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof. Por aquella omisión, las joyas remanentes del menguado patrimonio público, como los terrenos ferroviarios de Retiro y los de Pacífico –involucrados en ambiciosos proyectos inmobiliarios por ahora en stand by– hoy posiblemente deberían venderse como una plaza o un parque, a un precio muy inferior al que si estuviesen habilitados para albergar en el futuro alguna construcción.
Para disponer de ese paquete de bienes, a fin de año valuado en un total de 1600 millones de pesos, la Nación debería desafectarlos de los proyectos municipales y, luego, negociar con esas mismas comunas que le asignen los códigos más apropiados para cotizarlos mejor. Doble cometido políticamente difícil de alcanzar.
A aquel paquete podrían añadirse muchos bienes ociosos o semiaprovechados que tienen las Fuerzas Armadas, dentro y fuera del país. El listado podría incluir desde el edificio Libertador a los 6000 metros cuadrados en Washington DC de una propiedad del Ejército Argentino. El ex titular de Defensa, Ricardo López Murphy, había elaborado un proyecto para economizar el uso de muchas de esas propiedades, que antes de la devaluación sumarían en conjunto sumarían unos 1200 millones de dólares. Pero la gran pregunta de entonces y de ahora es quién tiene el poder político para obligar a los uniformados a ese desguace y quién accede, siquiera, a un inventario definitivo y certero.
Barone también sumó ayer al tentativo inventario los bienes de Cancillería dispersos por el mundo, que un decreto habilita vender. Pero esas operaciones, muchas en remotos destinos como Singapur, formarían parte de un proceso engorroso, que la administración duhaldista ni sabe cómo encarar.
El Onave, que tiene como misión específica la administración de bienes aún en manos del Estado, en los dos últimos años habría vendido bienes por un total equivalente a 300 millones de pesos, magro importe en relación con el necesario para liberar aunque sea una porción de los fondos reprogramados. La recesión, el cambio de gobierno y el corralito hicieron todo más difícil, salvo las cesiones gratuitas a intendentes o los gestos de cortesía con lo más granado del poder duhaldista.
Semanas atrás, Hilda “Chiche” Duhalde consiguió el hermoso edificio del archivo de la Cancillería sobre Juncal, en el corazón de Retiro, que asignó a los ciegos para la Biblioteca Braille. En los propios despachos oficiales se admite que la donación resulta excesivamente generosa, considerando que se trató de uno de los pocos edificios apetecibles aún en manos del Estado. Pero Onave no se animó a frustrar el gesto filantrópico de la primera dama.
Antes de que la desesperación por abrir el corralito ganara el corazón de Duhalde, sus colaboradores ya habían comenzado a urdir un plan con la consigna de “racionalizar” el uso de los edificios públicos hoy afectados a finalidades diversas. Así surgieron las ideas de liberar propiedades bien ubicadas trasladando a todos los empleados de la Anses al edificio del Correo Argentino, o la de subsumir en el semivacío Edificio Libertador varios cuerpos administrativos de los militares. Pero las dificultades operativas y políticas bloquearon hasta estos tímidos intentos.