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En lugar de glamour, el proyecto de los Rodríguez Saá de convertir a San Luis en una suerte de Hollywood vernáculo trajo aparejado el estallido de un nuevo conflicto en esa provincia: a los escraches que desde la oposición se realizaron en los últimos días contra producciones televisivas y cinematográficas que allí han proliferado al amparo de las promociones concedidas a esa actividad, se sumó ayer el incendio del set de filmación del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez. El jefe de la policía provincial, Vicente Videla, afirmó que el siniestro “fue intencional”, pero la productora general de la tira, Patricia Weber, lo atribuyó a un “cortocircuito”. Desde las oficinas centrales del ex de Susana Giménez en Buenos Aires, no avalaron ninguna de las dos versiones y agregaron una cuota de misterio. “Nosotros no decimos nada”, dijo un hombre de la empresa, mientras que los opositores puntanos aseguraron que “fue un autoatentado de grupos afines a los Rodríguez Saá”.
El set de filmación que terminó totalmente destruido por el fuego estaba montado en una cabaña de madera situada a orillas del lago de Potrero de los Funes. En esa locación se rodaba la telenovela “Sálvame María”, protagonizada por Andrea Del Boca y producida por Red Lojo.
Esa productora es propiedad de Rodríguez, quien fue beneficiado por el Estado puntano para realizar esa tira y si no también la película Arbol de fuego: el empresario recibió en total unos diez millones de pesos de las arcas provinciales para llevar adelante sus proyectos. El ex de Susana Giménez accedió a las facilidades financieras que ofrece esa provincia como parte de una iniciativa que los Rodríguez Saá pusieron en marcha hace unos años para transformarla en la Meca cinematográfica argentina.
Quien deberá determinar cómo comenzó el fuego que redujo a cenizas el set de filmación de Rodríguez es el juez de instrucción puntano Jorge Sabaini Zapata. Por el momento hay más de una versión al respecto.
“El incendio fue intencional”, aseguró el jefe de esa fuerza y relató que “un número no identificado de personas ingresó al lugar y le prendió fuego”. El titular de la Subcomisaría 15ª de Potrero de los Funes, Carlos Vieytes, brindó más precisiones para avalar esa versión: “Dos individuos encapuchados y armados bajaron de un automóvil no identificado, sorprendieron a un vigilante de una empresa de seguridad privada que custodiaba el predio, lo golpearon y redujeron”. Según contó, después de eso rociaron el set con combustible y lo prendieron fuego.
“La versión que yo tengo y lo que oí en el lugar, porque llegué bien pronto, alrededor de las 6, es que el incendio no fue intencional”, manifestó, en cambio, Weber. Tras descartar que se tratara de un atentado, la productora general de “Sálvame María” atribuyó el fuego a un “cortocircuito”. Los dichos de Weber no fueron avalados en forma oficial por la empresa de Rodríguez. Colaboradores suyos aclararon a Página/12 que “una cosa es la producción que está en San Luis y otra la empresa. Red Lojo no hace ninguna declaración oficial en relación con lo que ocurrió”.
El opositor y miembro de la Multisectorial provincial Raúl Laborda Ibarra sumó otra versión: afirmó que “fue un autoatentado de los grupos afines a los Rodríguez Saá, quienes necesitan mantener en el eje de la opinión pública lo que hacen los supuestos terroristas puntanos para distraer el monumental saqueo que es la ley de cine”.
El incendio del set de filmación no es el primer problema que Red Lojo tiene en San Luis. Días atrás las puertas de su sede en esa provincia fueron incendiadas durante una marcha de la Multisectorial. Entonces, Laborda Ibarra fue atacado por encapuchados, a quienes acusó de provenir de la sede central del PJ. Esa manifestación –como también un escrache que se realizó durante el rodaje de la película Pedile a San Antonio, de Dady Brieva– fue convocada para protestar contra la ley de fomento a la industria del cine. “El proyecto de cine que está llevando adelante el Alberto es fantástico. Vamos a hacer de San Luis el Hollywood de Argentina”, se entusiasmó al sancionar esa norma en 2001 el entoncesgobernador Adolfo Rodríguez Saá. El Alberto es su hermano, quien ahora, al frente de la gobernación, la reemplazó por otra que convierte al Estado en socio productor de películas, telenovelas, series y cortos publicitarios.
En virtud de esa ley, San Luis destina a la promoción de la cinematografía más de 25 millones de pesos. Para alentar la actividad otorga créditos sin interés que cubren hasta un 80 por ciento del costo de las producciones y son devueltos una vez que las realizaciones empiezan a dar réditos. Además de cuestionar ese mecanismo, que lleva al Estado a perder lo invertido en caso de que los proyectos no generen ganancias, la oposición reclama que esos fondos sean destinados a ayudar a los pobres, a mejorar los salarios públicos y docentes y a crear fuentes de trabajo.

Informe: Emanuel Respighi.