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Afinados, a pesar de todo. Así se mostraron el guitarrista Elio Delgado y el bajista Christian Torrejón, ambos del grupo de rock Callejeros, cuando tuvieron que tocar su canción ante la Justicia, por las 193 muertes en el boliche República Cromañón. “Los responsables de la seguridad, esa noche, eran Omar Chabán, el dueño del local, y los funcionarios públicos; nosotros sólo éramos los músicos”, dijeron los dos a su turno, como un dúo, coincidiendo con lo afirmado el lunes por el cantante de la banda, Patricio Santos Fontanet. “Lo que surge de las primeras tres indagatorias es que la acusación contra ellos carece de pruebas concretas, se basa en rumores, en versiones, en declaraciones que ellos hicieron a la prensa y que fueron malinterpretadas”, sostuvo el abogado de ambos, Mariano Silvestroni, al hacer un balance de lo ocurrido hasta ahora, en diálogo con Página/12. Sobre el uso de bengalas en los recitales, Delgado y Torrejón insistieron en que eso forma parte de “la cultura del rock” y volvieron a negar que Callejeros propiciara su utilización.
A diferencia de Patricio Santos Fontanet, que estuvo declarando el lunes durante cinco horas, los otros dos músicos estuvieron la mitad de ese tiempo, entre ambos, dado que se remitieron a lo dicho por el cantante y eludieron las precisiones. Sin salirse del libreto que había marcado el líder de la banda de rock, Delgado y Torrejón dijeron que la noche del 30 de diciembre se habían puesto a la venta 3500 entradas porque Omar Chabán les había asegurado que “en Cromañón entraban 4000 personas”. Ellos, según Silvestroni, “no tenían por qué tener conocimiento de un dato que sólo conocía con precisión el dueño”.
Silvestroni aseguró que los músicos “nunca incitaron al uso de pirotecnia”, mientras que “sí lo hizo el Gobierno de la Ciudad, en algunas publicaciones que nosotros le entregamos ayer (por el lunes) al juez (Julio) Lucini”. Al retirarse del Palacio de Tribunales, el defensor de los Callejeros opinó que “ninguno de ellos va a quedar preso”, una vez que terminen las indagatorias y en diez días se resuelva la situación procesal de cada uno. En fuentes judiciales trascendió que se les dictaría el procesamiento por “homicidio culposo”, sin detenciones, tal como ocurrió con un grupo de ex funcionarios del gobierno porteño.